Ante la próxima revisión del PEN

Después de varios años de haberse aprobado el Plan Energético Nacional, me da la impresión de que el Gobierno ha llegado por la vía del pragmatismo, esto es, por la fuerza de los hechos, a mucho de lo que en su día propusimos los socialistas como resultado de un análisis racional del sector energético y de las consecuencias de la crisis de la energía.En mi opinión, la situación energética actual, desde el punto de vista de la actuación pública, podría ser la Siguiente: el Gobierno aceptó las sobrevaloradas previsiones contenidas en el PEN relativas al crecimiento de la demanda de energía como medio de hacer sitio a las instalaciones nucleares ya programadas por el sector privado. Al mismo tiempo se ha acercado a nuestra posición de crecimiento del sector carbón. Y como no ha tenido en cuenta la caída de la demanda global de energía respecto a lo previsto, existe el grave riesgo de que esté creando una sobrecapacidad en el sector energético, con graves consecuencias tanto para el coste de generación como para la asignación eficaz de recursos dentro del propio sector y entre éste y el resto de los sectores productivos.

Muy en síntesis, las opciones básicas que propusimos los socialistas en los debates del PEN fueron: desde el punto de vista sectorial, un mayor énfasis en el carbón nacional e importado, un menor peso y máximas garantías para la energía nuclear, un mayor esfuerzo en el aprovechamiento de los recursos hidráulicos y prioridad total de todas aquellas acciones públicas y privadas que condujesen al desarrollo de nuevas fuentes de energía. Desde el punto de vista institucional, la propuesta socialista se basaba en la creación del ente de hidrocarburos, agrupando todas las participaciones públicas dentro del INE, v en la nacionalización de la red de alta tensión. La primera propuesta ha sido iniciada recientemente con la creación del INH,y la segunda no podrá, lógicamente, ser llevada a cabo nunca por UCD, a pesar de sus claras ventajas desde el punto de vista colectivo.

El hecho de que el Gobierno en estos últimos años haya ido acercándose a nuestras tesis hace surgir, sin embargo, la grave preocupación de que, al mantenerse el plan de construcción de centrales nucleares y al acelerarse la construcción y reconversión de centrales de carbón, estemos cayendo en un sobreequipamiento del sector energético en relación con la evolución de una demanda que ha empezado a dar muestras de adaptación a las nuevas circunstancias energéticas.

Según los últimos datos disponibles, el consumo interior bruto de energía primaria disminuyó en el período enero-abril de 1981 un 0,5% respecto al mismo período de 1980, después, que en 1980 creciera un 0,5% respecto a 1979. Para los que consideramos que el consumo energético no es un fin en sí mismo, sino el medio de satisfacer unas necesidades individuales y productivas, el crecimiento cero de la demanda energética debe considerarse como la situación normal que habrá de producirse en el próximo futuro, al menos en lo que se refiere a las energías tradicionales. Por tanto, no debe preocupar que, por fin, empiecen a darse los primeros signos de ajuste por parte de los consumidores de energía. Lo que sí es preocupante es que por parte de las autoridades no se prevea que esto es lo que tiene que ocurrir y que no se establezcan las políticas adecuadas para evitar gastos inútiles a la comunidad en forma de instalaciones excedentarias y, no se destinen estos recursos a la puesta en marcha de programas serios de sustitución de energías tradicionales por nuevas fuentes de energía cuyo margen de contribución puede ser, si se quiere, mucho mayor del que se ha previsto en el PEN.

La realidad de la política de precios energéticos llevada a cabo por el Gobierno nos descubre que hasta 1980 los precios de la energía en términos reales se situaron a niveles similares a los existentes en los días de discusión del PEN. En otras palabras, el consumidor de energía se enfrentaba con subidas de precios energéticos similares a los que registraba el resto de los productos, y, por tanto, su renta, por lo que dentro de un comportamiento económico racional no existía ninguna razón para comportarse de forma drásticamente ahorradora en sus consumos energéticos. Sólo a partir del pasado año se comprueba un aumento de los precios reales de la energía y, por tanto, un gesto decidido del Gobierno a poner en práctica una política de precios realista.

Aunque más vale tarde que nunca, lo cierto es que se ha perdido tiempo, se ha creado incertidumbre y no se ha mejorado la eficiencia energética nacional desde la aprobación del PEN. Buena prueba de ello es que la elasticidad-producto en España continúa siendo superior a la unidad, mientras que en otros países europeos es de 0.8-0,9, y el objetivo a corto plazo en muchos de estos países es de alcanzar el 0,7. Sin embargo, lo que me parece más grave es que con esta política no sólo no se ha detectado el potencial de ahorro energético existente, sino que se ha exagerado la capacidad de las instalaciones generadoras Ce energía. Y con esto enlazamos con el otro elemento que determina el precio privado de la energía: su coste de producción. No cabe duda de que una infrautilización de las instalaciones de generación de energía implica unos mayores costes por unidad vendida. Si observamos las últimas cifras de la demanda de energía. su evolución nos confirma nuestra opinión de que, con independencia del escaso crecimiento económico en 1981 -similar al de 1980-, las demandas energéticas están registrando una cierta flexión a la baja. Ello va a implicar unas menores necesidades de oferta de energía y, por tanto, un exceso de oferta y por tanto dos tipos de perjuicios económicos: el primero, un mayor coste unitario de producción de energía; el segundo, una inmovilización de recursos -que, como sabemos, son susceptibles de usos alternativos- en instalaciones semiociosas, con el consiguiente perjuicio, bien para otros subsectores energéticos o bien para sectores no energéticos.

Después de dos años de vigencia del PEN, parece que CS indispensable proceder a una revisión de las previsiones en él contenidas sobre evolución de la demanda y oferta energéticas que tengan en cuenta los cambios acaecidos recientemente v establezcan un nuevo juego de prioridades sectoriales que contribuyan a la consecución del objetivo básico de la política energética: mínimo coste de producción privado y mínimas necesidades de energía por unidad de producto. El que la dependencia respecto del petróleo haya disminuido ligeramente, como reiteradamente nos declara el Ministerio de Industria, no nos indica fe hacientemente que la política energética haya sido correcta en términos de eficiencia energética. Ni tampoco debernos considerar las inversiones en el sector energético como una panacea, vayan a donde vayan dichas inversiones. Efectivamente, la inversión en el sector energético va a alcanzar una cuantía considerable, pero lo importante no es tanto la cuantía como la eficacia que consigan dichas inversiones.

No es admisible perder de vista el hecho de que gran parte del éxito en la salida de la crisis industrial va de una u otra forma ligada al problema energético. La mera sustitución del petróleo por otros combustibles forma parte de todo plan energético en cuanto que contribuye a solucionar, o al menos a no agravar, las consecuencias macroeconómicas de la crisis energética (balanza de pagos e inflación). Sin embargo, la verdadera salida del túnel energético e industrial debe pasar por la disminución de las necesidades energéticas por unidad de producto, cuyo test es la evolución de la elasticidad-renta de la energía, y que desde el punto de vista de estrategia se des

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compone en una política de ahorro en . energético y en una política de investigación y desarrollo en nuevas fuentes de energía y en nuevos procedimientos de utilización y consumo de energía. A este respecto sería interesante conocer el porcentaje del total de inversiones en el sector energético que han sido destinadas a investigación y desarrollo. No es posible hacer una buena planificación energética sin tener presente una visión de largo plazo, único horizonte adecuado para la maduración de los proyectos de investigación y desarrollo.

Desde el punto de vista institucional, varios son los temas urgentes a los que deberá referirse el documento de revisión del PEN. Las actuaciones desde la creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la nueva mecánica del Centro Coordinador de Energía Eléctrica, las actuaciones y financiación de la Empresa Nacional del Uranio y el papel del INH como órgano de coordinación y planificación del subsector petróleo son algunas de las más urgentes.