En defensa de la salud pública

Desde hace tiempo, la organización sanitaria española atraviesa situaciones de vital trascendencia con vistas a un futuro de funcionamiento, control y gestión. En efecto, basada su estructura en formas arcaicas y burocratizadas de funcionamiento, ha ocasionado un desencanto progresivo en la población, que ha aumentado su escepticismo hacia la función pública de la sanidad.Por otro lado, una buena parte de los profesionales de la salud se ha ido desencantando de una Administración que cercenaba su voz, a la par que les ocasionaba una pérdida evidente de su poder adquisitivo, lo cual conllevaba una falta de dedicación a las tareas públicas y a un incremento evidente de los puestos de trabajo. Con este panorama se abonaba, con la aquiescencia de la Administración, el aumento de voces que clamaban por una liberalización del acto médico como panacea organizativa y estructural; con un impulso manifiesto de los sectores más conservadores en el concepto de la asistencia sanitaria.

En este contexto hay que enmarcar los conflictos últimos de la Sanidad española: la postura incongruente del Consejo General de Colegios de Médicos (potenciada por el Colegio de Médicos de Madrid) de convocar una huelga de médicos en todo el Estado; la convocatoria de paro por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos; la firma, por parte de dicha confederación y del Insalud, en presencia del ministro de Sanidad, Seguridad Social y Trabajo, de un acuerdo que contraviene de forma manifiesta el acuerdo nacional de empleo (ANE), firmado pocas fechas antes entre el mismo ministro y las centrales sindicales representativas;. el conflicto de la Ciudad Sanitaria Provincial de Madrid; la postura del Colegio de Médicos de Madrid en contra de los centros de promoción de la salud municipales; el conflicto de los médicos y ATS de la beneficencia municipal de Madrid; la oposición y paralización de una ley de incompatibilidades adecuada; la proliferación de las actuaciones de las grandes multinacionales de farmacia y su deseo de elevar los precios, que costó la dimisión del secretario de Estado de la Seguridad Social, señor Barea (a pesar de los desmentidos); el problema de la epidemia del síndrome tóxico por adulteración del aceite, con la más que discutible actuación ministerial en todos los órdenes; el sucesivo deterioro al que se sume a la totalidad de las instituciones sanitarias públicas del país; la inoperancia de los órganos gestores y de control del Insalud; la inadecuación representativa; la parcialidad informativa; la situación de los conciertos con clínicas privadas carentes del más mínimo control, etcétera, son factores muy parciales de un entramado mucho más complejo que, en su núcleo, se sitúa algo fundamental: si la Administración pública no es adecuada para la sanidad, habrá que privatizar.

Pero hay que poner de relieve una cuestión fundamental: todo se está llevando a cabo de una forma solapada y medida. El silencio de la población es comprensible: no está adecuadamente informada. El silencio e inoperancia de los partidos políticos de la oposición y de las centrales sindicales es ya más alarmante. Quizá no se den cuenta que es en la política de salud y en la educación donde la clase dominante expresa de manera más evidente una ideología concreta y de marginación de la población. En la educación ya han conseguido imponerse.

El artículo 43 de la Constitución Española habla de derecho de todos los españoles a la salud.y su potenciación. El hablar de derecho a la salud es más, mucho más, que el mero hecho asistencial en la enfermedad. Esmás, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ya explicita que «la acción de la salud se llevará a cabo en el seno de la comunidad, de acuerdo con las características socioeconómicas propias. Además, esta acción en la comunidad se cubrirá por equipos multidisciplinarios insertos en dicha comunidad».

La OMS también alertaba: «La oposición vendrá de sectores profesionales y de las industrias farmacéuticas y sanitarias a este tipo de acción en la comunidad». Lo curioso es que en nuestro país son estos sectores, frente a los que nos prevíene la OMS, los que tienen audiencia y se pretende que se ge neralice a la totalidad de los profesionales. Pero esto no es cierto, hay un gran número de profesionales de la salud que no estamos por esta labor de deterioro continuo y mantenido de la asistencia y sanidad públicas.

Estamos plenamente convencídos que para cumplir.el mandato constitucional el único camino es una adecuada planificación en el campo de la salud pública, pero no en el marco que se pretende encuadrar según la denominada ley de Bases de la Reforma Sanitaria, pues no se atiene ni al principio constitucional ni a lo que propone la OMS.

Propuestas para una salud integral

Es por todo ello que los profesionales de la salud con este espíritu progresista de una concepción integrada e integral de la salud, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, debe ser de índole pública y cubrir a toda la población, pedimos oír nuestra voz en aras a:

1. Propiciar una alternativa racional y equilibrada del actual sistema.sanitario español, haciendo hincapié en la necesidad de reformar decididamente la actual estructura y funcionamiento de nuestra sanidad, profundizando en la mejora, potenciación y mantenimiento de los recursos personales, materiales, financieros y organizativos del sector público de saIud.

2. Difundir y crear un estado de opinión en toda la sociedad, y en especial en los profesionales de la salud, acorde con el punto anterior.

3. Defender la consecución de una correcta protección de la !alud en todas las áreas e instituciones, en orden a velar por toda la gama de atenciones que tienden a conformar el derecho básico de los enfermos a una asistencia integral y eficiente.

4. Situar una plataforma de defensa y denuncia ante la opinión pública de cuantas anomalías, irregularidades y arbitrariedades puedan cometerse por la incorrecta utilización de los recursos económicos, tanto del sector público como de las demás entidades que confluyen en el sistema sanitario.

5. Defender una racionalizacíón de la política de personal que evite el desempleo, las duplicidades y superposiciones del ejercicio profesional mediante la discusión de una ley de incompatibilidades y una remuneración adecuada.

6. Potenciar la formación continuada, y exigirla a los órganos que corresponda, para la totalidad del personal de salud pública. De igual manera, actuar de forma coherente en la solicitud de una adecuada educación para la salud en la totalidad de la población.

Esta es la voz de una importante parte de profesionales de la salud, que quieren unirla a la de la totalidad de la población para sensibilizar sobre un nuevo discurso: Salud no es sólo falta de enfermedad. Saud es algo más complejo que se liga al bienestar personal y social. No debemos caer en los reduccionismos de actuar sobre la individualidad aislada creyendo que curamos, pues ese proceso deviene de un modo de vida, de sentir y actuar.

R. Guaita G. Hernández de Les, J. L. Pedreira, M. Sánchez, Mª R. Terrazos, M. Varela y L. Villanueva son doctores en Medicina y miembros de la Junta Gestora de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.