Vigencia de una reforma agraria para Andalucía
A partir del siglo XVI, la energía política de los Estados se centra en la formación de una economía mundo, que consiste en la aparición de una nueva forma de extracción del excedente por medio del mecanismo de un mercado mundial. En este mercado, Andalucía jugó un papel nada desdeñable. El centro de gravedad peninsular estaba, en cuanto al comercio y la prosperidad económica, en Andalucía, vitalizada por la ruta americana. Sevilla y Cádiz se convierten por su comercio marítimo en centros clave del sistema económico mundial.Como ha demostrado el profesor Domínguez Ortiz, el potencial .económico andaluz transformó a esta región en la más destacada en cuanto a la riqueza española hasta los albores del siglo VXIII. Dicha riqueza, empero, se encontraba concentrada en muy pocas manos. La agricultura era el soporte económico de la economía y, como ya hemos visto más arriba, la desigualdad de los grupos que gravitaban sobre ella estaba tremendamente desequilibrada.
Desde finales de la centuria del setecientos hasta mediados del siglo XIX, esto es, durante la crisis del antiguo régimen, se inicia el declive andaluz, lo que significa el empobrecimiento relativo de la región, que se prolongará hasta nuestros días.
El declive
No es éste lugar de analizar las causas del declive andaluz, pero sí de resaltar el papel que jugaron, primero, la nobreza terrateniente, y luego, la burguesía que accede a la propiedad y controla la vida política municipal. El progresismo que hasta la segunda mitad del ochocientos había mostrado la burguesía andaluza -anticlerical, liberal e ilustrada- se torna en conservadurismo reaccionario a partir del sexenio revolucionario (1868-1874); consciente de que, tras el experimento republicano, su opositor no era ya la nobleza ni la Iglesia, sino el campesinado y la clase obrera.
Es indudable que, en el arranque inicial del proceso industrializador, Andalucía era la región española mejor dotada. Sin embargo, esta riqueza fuertemente concentrada en unas pocas familias es utilizada fundamentalmente en compras de nuevas tierras.
Los terratenientes andaluces no invierten en la incipiente industria andaluza, salvo en el impulso explotador minero, cuyo capital pronto cayó en manos extranjeras. De esta forma, Andalucía pasa paulatinamente, de ocupar una posición privilegiada en el sistema económico español y una situación central en la economía mundo, a un lugar periférico y subordinado en la división social del trabajo, tanto a nivel nacional como internacional.
Los dos grandes procesos, esquematizados en sus rasgos básicos -la apropiación latifundista y la periferización de Andalucía-, provocan una reacción de protesta campesina que ha de interpretarse como una lucha permanente por mejorar sus míseras condiciones de vida, primero, y recuperar la tierra, .después. En este contexto, los enfrentamientos de clase y la dinámica conflictiva que éstos han generado en el campo andaluz son una consecuencia de ambos procesos, que culminan con la oportunidad perdida de una reforma agraria en la II República.
La represión sistemática con que históricamente se han apagado las insurrecciones campesinas andaluzas alcanza formas institucionales durante el franquismo, que cree disolver la cuestión agraria andaluza en el proceso de acumulación rápida y violenta de capital que genera el crecimiento industrial español. No obstante, aunque el éxodo del campesinado andaluz que provocó tal proceso supuso un alivio temporal, al cortarse las remesas de divisas del turismo, por un lado, y de los emigrantes, por otro, el problema de la tierra surgió de nuevo. La política agraria de aquellos años supuso un fuerte apoyo a la gran propiedad, dando una sólida estabilidad al sistema latifundista.
En los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en 1975 (padrón municipal de habitantes), sobre población activa agraria por provincias, el grado de proletarízación agraria (braceros del total de población activa agraria) era del 48% (Almería), 84% (Cádiz), 83% (Córdoba), 78% (Granada), 81% (Huelva), 88% (Jaén), 84% (Málaga) y 85% (Sevilla). El total para toda Andalucía era el 80%.
Si comparamos estas cifras con las ya consideradas en los siglos XVIII y XIX, observamos cómo el sistema de desigualdades agrarias que subyace a tales datos no ha variado sustantivam ente. Los desequilibrios sociales persisten, así como la situación real de paro y, en determinadas zonas, de hambre por parte de los jornaleros.
Cuando el capitalismo confiaba en que el crecimiento económico no tenía límite, en países como España las clases dirigentes pensaban que el problema de la distribución de la riqueza latifundista desaparecería con la emigración.
Nuevo contexto de crisis
En el nuevo contexto de la crisis económica mundial, a la que los problemas energéticos predicen una larga duración, el tema de la reforma agraria adquiere en la actualidad una nueva y vigorosa significación. La superioridad económica de la gran empresa agraria frente a la agricultura familiar, que tanto las corrientes liberal como marxista pretendían haber demostrado, empieza a ser cuestionada en los países industrialmente más avanzados.
La utilización de tecnologías agrarias sucesivas desequilibradoras y degradantes de los ecosistemas, que exigen una creciente aprobación de energía y recursos no renovables externos a los propios sistemas agrarios, aparece necesariamente vinculada a la gran empresa agraria. Su rentabilidad con los nuevos criterios económicos, basados en la obtención de balances energéticos, es sensiblemente inferior a la de una agricultura familiar moderna.
Una reforma agraria en Andalucía basada en este tipo de organización agraria generaría, por otra parte, un sustrato social que alteraría la persistencia histórica de, la desequilibrada estructura social agraria andaluza, pieza clave en la ubicación periférica de nuestra región. La viabilidad económica de una transformación de este tipo requeriría su inserción en un plan de desarrollo integral de la economía analuza, as! como la elección de un modelo de desarrollo específico para Andalucía, obviamente distinto al seguido hasta ahora para el conjunto de la economía española.
Vemos, pues, que si las consideraciones energéticas, ecológicas y económicas constituyen ya razones suficientes como para cuestionar la funcionalidad del sistema latifundista andaluz, el problema del paro y la escasa dinamicidad de la estructura social, consecuencia del desequilibrado sistema de desigualdades sociales, son también razones poderosas para plantear una posible transformación del mismo, aunque ello haya de hacerse desde determinados supuestos políticos (M. Pérez Yruela y E. Sevilla Guzmán. 1980). Todo esto hace que el reparto de la tierra en Andalucía, en unidades de explotación viables, con utilización de fuerza de trabajo familiar, vuelva a tener sentido, y ahora no sólo desde planteamientos sociales, que siempre los tuvo, sino también desde planteamientos puramente económicos.
