Consideraciones en torno al ANE

La crisis monetaria y energética internacional de los años setenta, agravada en España por la resistencia patronal a ver disminuida su participación en la renta nacional, la deficiente gestión empresarial y la inestable situación política, va a producir los sucesivos intentos del capitalismo español de mantener sus posiciones de privilegio, cargando sobre los trabajadores la mayor parte de los costes de la crisis.Los pactos de la Moncloa (1977) suponen un primer paso con el que se logran cuatro objetivos esenciales para la estabilidad de todo Estado basado en una economía de libre mercado:

- Reducción de diez puntos en la tasa de crecimiento de los precios.

- Recuperación del excedente empresarial.

- Reducción de los salarios.

- Y, fundamentalmente, la incorporación de los partidos políticos, teóricos representantes de los trabajadores, a la política económica del Gobierno.

Los costes sociales no se hacen esperar. En 1978 se duplica prácticamente el número de parados y la proporción de las retribuciones sociales en el producto interior bruto (PIB) se ha reducido el 0,12%, que supone casi 13.000 millones de pesetas, en favor de los beneficios, lo que invierte la tendencia de los años anteriores.

El AMI, el Estatuto de los Trabajadores y la reforma fiscal de 1979 suponen el segundo eslabón de la cadena. Se reducen aún más los salarios y aumentan los impuestos directos sobre la renta del trabajo. Además, esta vez se realiza sin la participación directa del Estado, aunque sí con su apoyo, a través del pacto CEOE-UGT. Con el Estatuto se introduce la flexibilidad de plantillas, los expedientes de crisis y se regula una política laboral más estricta, llegándose a la situación actual de 1.741.000 parados oficiales, lo que supone un 13,55% de la población activa. Como la tasa de inflación se halla estancada desde 1979 en tomo al 15 % y la productividad ha experimentado ascensos continuos podemos extraer la conclusión de que, en los últimos cinco años, los pactos y congelaciones salariales han conducido a casi triplicarse el número de parados y a reducirse en un 1,15 % la participación de los salarios monetarios en la renta nacional (más de 100.000 millones de pesetas), reducción mayor en términos reales, puesto que los ingresos de Hacienda, derivados de los trabajadores, han sido considerablemente superiores a los derivados del impuesto de sociedades.

En esta situación, los medios de comunicación nos informan de que el Estado, la patronal y los sindicatos socialista y comunista han encontrado la solución a la crisis y al paro, llegando a un acuerdo nacional sobre empleo (ANE) que, como es lógico, ha producido la satisfacción generalizada de banqueros, patronos y burócratas.

Posibilidades y resultados prácticos

A la vista del contenido del pacto no es difícil comprender los motivos de la satisfacción a que antes hacíamos referencia, ya que el espíritu que subyace en el mismo es una de las más tradicionales recetas económicas recomendadas y utilizadas en los últimos años por el capitalismo occidental: la política de rentas, que en teoría significa limitar los incrementos de los salarios monetarios con el fin de controlar los precios y aumentar la tasa de beneficio empresarial, lo que estimularía la inversión privada creando nuevos puestos de trabajo.

El acuerdo, efectivamente, limita los salarios. Es más dudoso que controle los precios, pero difícilmente dará lugar siquiera a estabilizar el número de parados existente en la actualidad.

Si analizamos el contenido del acuerdo en los cuatro bloques en que éste se puede dividir, los resultados previsibles serían los que a continuación se exponen: mayor disminución del poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores empleados, ya que los incrementos salariales pactados fluctúan entre el 8% y el 11 %, y las previsones más optimistas señalan un crecimiento de la tasa de inflación en torno al 15%, la diferencia entre ambas magnitudes supondrá una importante transferencia de los trabajadores hacia los beneficios empresariales.

En el mejor de los casos, el paro -se mantendría, y aún esto es más que dudoso, ya que el acuerdo no especifica cuál va a ser la política económica del Gobierno para crear esos 350.000 nuevos puestos de trabajo.

La posible creación de empleo tiene dos orígenes: inversiones públicas. e inversiones privadas.

Las inversiones públicas previstas para 1982 son 825.000 millones de pesetas. Si tenemos en cuenta que de los 762.000 millones destinados para 1981 ya se han gastado el 42,9% en lo que va de año, y en ese mismo periodo 12 1.000 nuevos trabajadores han engrosado el número de parados, en el mejor de los casos las inversiones del Estado en el año 1982 servirían para aumentar el paro en más de 100.000 trabajadores.

Además, el déficit presupuestario previsto para 1982 asciende a 700.000 millones de pesetas. Si el Gobierno pretende que no surjan nuevas tensiones inflacionistas o bien no aumentará sus inversiones por encima de las previstas, o bien incrementará sus ingresos impositivos. En cualquiera de los dos casos no se generarían nuevos empleos.

Por otra parte, y en lo referente a las inversiones privadas, se ha de tener en cuenta que la reducción de los costes empresariales (salariales y el 1 % de las cotizaciones a la Seguridad Social) no implica necesariamente mayores tasas de inversión. Los mayores beneficios de las empresas pueden ser distribuidos entre los accionistas, evadidos al exterior o destinados a mejorar su estructura productiva o financiera, en lugar de dedicarse a financiar nuevas inversiones, ya que el acuerdo no obliga a la inversión de los recursos liberados por los menores costes salariales.

En el caso de que se produjesen estas nuevas inversiones, podrían realizarse en sectores productores de bienes intensivos en tecnología, de forma que no se crearían nuevos empleos e incluso podrían reducirse los existentes.

Reducción del nivel de vida y de la demanda

La reducción del nivel de vida de los trabajadores puede originar un descenso en la demanda de consumo de los bienes que emplean mayor número de trabajadores, lo que apoyaría las inversiones en sectores menos intensivos en mano de obra.

Asimismo, las bonificaciones del 90% de la cuota a la Seguridad Social de las empresas en los contratos que tengan una duración mínima de un año y que afecten a padres de familia en paro o a trabajadores que hayan agotado el seguro de desempleo podrían suponer la sustitución de trabajadores que no gocen de tal subvención, pero tampoco se crearía empleo.

En cuanto a cobertura del seguro de desempleo, ésta seguirá siendo insuficiente. Las estimaciones existentes sobre el alcance del seguro de desempleo se calcula que solamente afectan al 40%-45% de los parados. Teniendo en cuenta el crecimiento de los fondos estatales pactados y destinados al desempleo, la cobertura del seguro podría llegar a afectar al 50% de los parados como máximo.

Asimismo, se obliga a los parados a aceptar cualquier colocación y retribución que se les ofrezca, siempre que ésta no sea inferior a lo percibido por el subsidio de paro.

El resto de las medidas (horas extraordinarias, pluriempleo, jubilaciones anticipadas, empleo juvenil, etcétera) no se concreta más que en compromisos de estudio por parte de la Administración o en la ya consabida formación de comisiones tripartitas de seguimiento, que únicamente sirven para dar una sensación de control que no existe, y para incrementar la burocracia en los gastos del Estado.

Las contrapartidas

Si tan perjudicial resulta para los trabajadores el acuerdo en cuestión, ¿cómo se entiende que existan sindicatos de trabajadores que estampan su firma en los mismos? La respuesta es sencilla: 2.400 millones de pesetas en acuerdo paralelo y secreto (el texto del mismo es desconocido) en base a la utilización política y mercantil del patrimonio sindical acumulado, y cerca de 3.500 millones de pesetas en concepto de ayuda a la consolidación sindical comunista y socialista proveniente de los fondos presupuestarios de distintos organismos estatales, como el IMAC, INE, ISTL...

En definitiva, resultaría que, por obra y gracia del ANE, durante los próximos tres años queda estipulada una nueva cuota sindical obligatoria para todos los españoles dirigida a sufragar esos cerca de 6.000 millones de pesetas que serán destinados a pagar las nóminas de los muy numerosos funcionarios de los sindicatos firmantes.

Lo que de todas esas contrapartidas resulta más chocante es que lo que son, pura y simplemente, subvenciones del Estado a determinadas opciones sindicales, se traten de enmascarar utilizando la nonata y difusa devolución del patrimonio sindical acumulado. Durante los últimos cinco años, la Administración ha creado conscientemente alrededor de este tema oscurantismo y confusión. Su único uso ha sido el de cebo político de negociación. Es necesario, por tanto, que se defina claramente la postura de la Administración frente al problema: ¿está en el ánimo del Gobierno devolver a los trabajadores el patrimonio que con sus aportaciones directas e indirectas se levantó en los cuarenta años del régimen del general Franco? Si así es, y nosotros así entendemos que debe ser, ¿está la Administración en disposición de informar a la opinión pública sobre el destino dado en los últimos cinco años a esos bienes sindicales y de aportar los elementos que hoy lo definen? ¿Se van a dictar unas normas justas para su devolución? ¿Esas normas se dictarán en base a la situación de los sindicatos en 1977, año de su legalización, o, por el contrario, se basarán en el apoyo discriminatorio del Gobierno a opciones sindicales que políticamente están interesados en desarrollar como actualmente ocurre y ha venido ocurriendo en el pasado?

A estas y otras preguntas básicas tendrán que responder si pretenden que los trabajadores no sometidos a corsé político alguno les otorguemos una mínima credibilidad de justicia y equidad.