Cuando las lenguas delinquen

A principios de siglo se hizo famosa la máxima del político conservador y primer ministro del Gobierno español Antonio Maura, según la cual «el pensamiento no delinque». Parecidamente, es lógico afirmar que las lenguas no delinquen, sino que lo que se dice, sea cual fuere la lengua en que se expresa, sí que puede ser materia de delito. Pero la historia reciente nos ha demostrado que, ya desde los inicios de la desdichada guerra civil de 1936-1939, el catalán -y, por supuesto, el vascuence y el gallego- fue tipificado como lengua en sí delictiva. En el barullo polémico que a menudo alzan hoy algunos, se olvidan las lecciones de esta historia reciente, cuando un régimen que imperó casi cuarenta años consideró como uno de sus leitmotiv, de sus pilares, el castigo de las lenguas que, per se, eran delictivas. Veamos una docena, entre los centenares de ejemplos, que podríamos aducir.La hostilidad contra los catalanes huidos a la zona de Franco ha sido recogida por muchos autores. El consecuente falangista José María Fontana Tarrats explicó, en su obra Los catalanes en la guerra de España, que «nuestra costumbre de hablar en catalán nos dio bastantes disgustos ( ... ). Quien tuvo por este motivo una bronca más que regular fue don Paco Torras, el gran industrial de Granollers, ex diputado y ex senador, célebre en Cataluña por su españolismo a ultranza y por su denodada enemiga al catalanismo». Por la misma razón se explica que el delegado de orden público de San Sebastián aplicara las siguientes multas: «A José Juan Jubert, cien pesetas, y a Javier Gilbert Porrera, cien pesetas, por hablar en catalán de mesa a mesa en el comedor de un hotel» (diario Unidad, 7 de enero de 1938).

La conquista de Barcelona, en 1939, fue el inicio de una explícita voluntad genocida contra la lengua catalana. Don Eliseo Alvarez Arenas, jefe de los servicios de ocupación, decía en uno de sus primeros bandos: «Estad seguros, catalanes, de que vuestro lenguaje en el uso privado y familiar no será perseguido» (27 de enero de 1939). Generosísima concesión.

El diario falangista Solidaridad Nacional (29 de agosto de 1939) :detallaba las sanciones impuestas por el gobernador civil: « Multa de 10.000,pesetas a la casa comercial La Saldadora, por la publicación de anuncios no redactados en el idioma nacional. Multa de mil pesetas y destitución del alcalde del Ayuntamiento de Teya, por empleo del dialecto catalán en las comunicaciones oficiales. Multa de mil pesetas y destitución del alcalde de San Agustín de Llusanes, por lo mismo que el anterior». Cuatro meses antes, el Abc de Sevilla (30 de abri de 1939) glosaba el hecho de que el «Ayuntamiento de Bar celona ha establecido un plazo para que todos los rótulos y reclamos públicos sean redactados en castellano, dando con ello los comerciantes y anunciantes una prueba de adhesión a lo que ha sido base y motor del glorioso movimiento». El doctor Torrent, vicario general de Barcelona, tu vo que publicar una nota dictada por la coacción: «Accediendo a las indicaciones que nos han sido hechas por las dignísimas autoridades de la provincia, rogamos a los reverendos rectores de iglesias, en la seguridad de que nuestro ruego será devotamente aten dido, que en los actos de culto público que se celebren en sus respectivos templos no se use otra lengua vernácula (sic) que la len gua española» (Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, el 15 de Marzo de 1939). Desaparecido el Full Parroquial bilingüe, y, por ello el Abc de Sevilla (14 de febrero de !939), podía escribir, antes de la orden del doctor Torrent, que «empieza a publicarse la Hoja Parroquial y en todas partes se predica en castellano».

Luis de Galinsoga, impuesto como director del periódico, era el profeta de los delirios uniformadores al escribir: «Porque la consigna es clara y no tiene efugios: si queremos ser dignos de esta redención y honrar a quien nos ha redimido, todos los españoles debernos hacer tres cosas: pensar como Franco, sentir como Franco y hablar como Franco, que hablando, naturalmente, en el idioma nacional, ha impuesto su victoria» (La Vanguardia Española del 8 de junio de 1939).

Pero era imposible acallar brutalmente las múltiples expresiones de una lengua milenaria.

Por ello se comprende que Solidaridad Nacional (31 de marzo de 1939) se lamentara de que «en Barcelona, a pesar de que lleva mos más de dos meses de antimarxismo y antiseparatismo, todavía pueden verse letreros en catalán en numerosos comercios y balcones. Sabemos que las autoridades han dado las oportunas órdenes para que desaparezcan. ¿Por qué no han desaparecido? Eso es lo que quisiéramos saber». Todavía el 16 de diciembre de 1939 podía leerse en El Noticiero Universal. «Asimismo se ha de tenido a Ramón Gelabert Abanco, acusado de haber vendido dos talonarios de lotería redactados en catalán». El pueblo llano, y no sólo los intelectuales que no se habían exiliado, mantenían el arraigo natural a su lengua pro pia. Esta actitud, insistimos, tan natural, movió al gobernador civil de Barcelona, Wenceslao González Oliveros, a promulgar, en 1940, una increíble y drástica orden: «A partir del día primero de agosto próximo, todos los funcionarios interinos de las corporaciones provinciales y municipales de esta provincia, cualquiera que sea su categoría, que, en acto de servicio, dentro o fuera de los edificios oficiales, se expresen en otro idioma que no sea el oficial del Estado, quedarán ipso facto destituidos, sin ulterior re curso. Si se tratase de funciona rios de plantilla, titulares o pro pietarios en tales corporaciones, y se hallaren pendientes de depuración, dicha falta determina la conclusión del expediente en el estado en que se hallare y la inmediata destitución del transgresor, sin ulterior recurso» (Solidaridad Nacional del 30 de junio de 1940). Pero la caza de brujas contra la lengua catalana no se limitaba a Barcelona, sino que se-extendía a todo el territorio catalán. Así, en Valls, según el Diario Español, de Tarragona (6 de junio de 1939), habían sido impuestas cuatro multas: «A don Valerio Llusa Guasch, vecino de Valls, quinientas pesetas, por usar en sus relaciones comerciales facturas impresas en idioma no español. A don Salvador Figuerola Blasi, vecino de Valls, quinientas pesetas, por tener el rótulo del establecimiento de su propiedad en catalán. A don Francisco Magrina, vecino de Valls, quinientas pesetas, por tener escrito en catalán el rótulo de la industria de su propiedad. A don José Catalá Oliva, vecino de Valls, cien pesetas, por tener escrito en catalán un rótulo de propaganda de su profesión». Así legislaban los separadores de los años cuarenta.

El añorado Dionisio Ridruejo, que participó en la ocupación de Barcelona, en su libro. Escrito en España resumía la voluntad de castigo y de destrucción de una lengua delictiva: «Durante años fueron prohibidas todas las manifestaciones escritas y las oralmente públicas en idioma regional. Los institutos de cultura, cerrados. La enseñanza del idioma, proscrita; los rótulos comerciales, traducidos, y las ciudades y pueblos, llenos de impertinentes recomendaciones: "Hablad español", "Hablad el idioma del Imperio", etcétera». Y Pedro Laín Entralgo, en una entrevista en Serra dOr, de 1970, confesaba que «la actitud anticatalana, debo decirlo, fue durísima a partir del principio de la guerra civil. Fue uno de los hechos, no el único, aunque éticamente puede que sea el más grave, por el que debemos entonar un mea culpa».

Con el hundimiento de Hitler y Mussolini, el intento genocida se dulcificó y, gracias al espíritu de resistencia de nuestro pueblo, se alcanzaron nuevas cotas de libertad lingüistica.

Durante la transición y la reforma, en Cataluña, a pesar de ese sistemático ataque de cuarenta años a las raíces de su ser, no ha reaccionado con resentimiento, sino que ha sido, según se reconocía hasta que soplaron vientos de fronda, un modelo de voluntad autonomista, exigente, pero sin violencias. Después del 23 de febrero se han levantado unas voces oscuras, orquestadas y probablemente teledirigidas que han inventado fantasmas de discriminación contra la otra lengua oficial, el castellano. Pero, ¿cómo es posible que gente culta de fuera de Cataluña todavía haya dado crédito a un supuesto, absurdo e imposible intento de genocidio a la inversa?, ¿por qué no se admite de una vez que escribir en catalán es normal y no contrapuesto al castellano, sino compatible?, ¿no ha sido el profesor Joan Coromines, cuyo catalanismo monolítico es indiscutible, quien ha publicado el mejor diccionario etimológico de la lengua catalana? Debo recordar que Coromines, en carta a Antonio Tovar, se negó a aceptar la propuesta de ingreso en la Real Academia Española mientras el catalán fuera perseguido. Y si se me permite aducir una modesta aportación personal, diré que el amor a mi lengua catalana y el haber publicado en ella diez libros no ha sido obstáculo para que escribiera una versión métrica del Poema de Mío Cid, prologada por Dámaso Alonso.

Es triste tener que repetir periódicamente hechos harto sabidos sobre la lengua y la cultura catalanas. Por fortuna, la línea editorial de EL PAIS ha sido ejemplar sobre este tema y ha demostrado con inteletto d'ampre que son más de los que pensamos los intelectuales no cerriles ante el hecho catalán. Frente a las voces oscuras. a que aludía, voces amigas se han levantado desde EL PAIS, o desde otras tribunas, para, desmentir las calumnias y las manipulaciones sobre la situación del castellano en Cataluña. Aranguren y Tovar, viejos amigos, que ya participaron en aquellos memorables coloquios, presididos por Carles Riba, entre intelectuales de lengua catalana y lengua castellana en los congresos de poesía de Segovia, Salamanca y Santiago, o en reuniones clandestinas en Toledo, Can Bordoi o L'Arnettla del Vallés. Y también han terciado favorablemente ahora escritores de las nuevas generaciones radicados en Madrid.

Que quede claro que la lengua catalana sigue en condiciones de inferioridad y que nuestra cultura es de peaje, según la feliz expresión de Joan Triadu. Pero, a pesar de todo, es patente nuestra voluntad de diálogo, de respeto constitucional, de adhesión al Rey y de uso, sin corsés impuestos, de la otra lengua oficial española. Es injusto, doloroso e indignante que se nos atribuyan, respecto a ella, propósitos tan sombríos como los que el régimen anterior aplicó a la lengua catalana.