Amnistía militar

Todos sabemos que las primeras elecciones legislativas se realizaron bajo un tema palpitante de fondo: la amnistía de un delito casi colectivo, impuesto por la fuerza de las armas. Esta amnistía debía devolver la paz moral por la reparación de un delito que muchos españoles estuvieron expiando injustamente dentro y fuera de la patria, cerca de cuarenta años, y que en virtud de que todo quedó «atado y bien atado» por el inflexible autor de estas indignas frases, nos dejó como legado más allá de su muerte.Pues bien, esta amnistía parece que fue razonablemente bien aplicada en el orden civil, pero no en el militar. Los que pasamos por los tribunales militares sabemos que la pena principal suele ir acompañada con las accesorias. O sea, pérdida de empleo y sueldo, etcétera. Es decir, que mientras al funcionario civil, por la llamada amnistía, se le han reconocido todos los derechos, incluso el de reincorporarse a sus puestos de trabajo si la edad se lo permitía, o a la situación de retirado, en pleno goce de sus haberes pasivos, al militar, no. Y así se da el caso de que, por ejemplo, los antiguos guardias de asalto de la República, muchos de ellos incorporados en plena guerra civil, han sido beneficiarlos de esta amnistía, percibiendo sus haberes de retirado desde la fecha de la promulgación de la misma, con un haber de alrededor de 30.000 pesetas. Y, sin embargo, a un oficial del Ejército, con graduación actual de coronel, que continuó en la guerra civil obedeciendo al Gobierno republicano, se le asigna sólo una pensión

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