La forja de un rebelde

JOSÉ BAREA, hasta anteayer secretario de Estado para la Seguridad Social (en el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social), ha cesado en su puesto por una discrepancia con la gestión económica que, desde su creación, se lleva a cabo en ese devorador de los fondos del Estado. José Barea, por su talante, su formación, poco o nada tiene que ver con su homólogo literario recreado en Londres tras nuestra guerra civil -Arturo Barea-, que escribió la trilogía titulada La forja de un rebelde. Empero, José Barea, ese hombre bonachón, hacendista competentísimo, honesto hasta la médula, ha terminado forjándose en rebelde ante tanta cuenta del Gran Capitán que ve pasar por delante de sus despachos. Y su destino, como el de tantos otros rebeldes, ha sido el de la puerta de la calle.José Barea es el hombre que ha confeccionado durante años los presupuestos generales de este Estado. Tiene en la cabeza la contabilidad de España. Pasó brillantemente por Iberia y, entre otros logros, consiguió algo muy fácil, pero aparentemente imposible hasta su gestión: que los aviones de nuestra línea nacional despegaran y aterrizaran a su hora. De ahí fue destinado a la administración del mayor engendro contable de este país: la Seguridad Social. Sólo a su bonhomía puede achacarse que no previera la relativa inutilidad de su esfuerzo, de su rebeldía, ante unos hechos contables y económicos consumados, ante los que el secretario de Estado para la Sanidad y su ministro no parecen tener demasiadas dosis de rebeldía ni de racionalización.

El conflicto de Barea con la dirección suprema del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social no es otro que la vieja lucha entre la búsqueda de la eficacia en la gestión del aparato del Estado y la displicente negligencia de algunos políticos por la administración de los asuntos públicos. Pero quizá también es el resultado de la inadaptabilidad de la burocracia gobernante a los límites que marca la estrecha relación existente entre la política y la economía. En la sociedad de la clase política española prima, con frecuencia, la consolidación de los amiguismos, y se mira con envidia y recelo la actitud de quienes, como Barea, emprenden una acción esforzada con resultados concretos.

Las discrepancias que Barea mantenía sobre los sistemas burocráticos de la Seguridad Social se han vuelto a plantear a la hora de racionalizar y dar transparencia a los gastos sanitarios que, en España, ascienden a la astronómica cifra anual de 700.000 millones de pesetas, con una prestación de servicios que se cuenta entre las más lamentables de los países industriales. Los grandes hospitales, como La Paz o el Primero de Octubre, tienen un solo turno de mañaria. A partir de las tres de la tarde comienza el mundo de las horas extraordinarias, con personal restringido y las puertas prácticamente cerradas para los pacientes-cotizantes de la Seguridad Social. La utilización en conjunto de los hospitales de la Seguridad Social se cifra en un 50% como media, y los equipos sofisticados, adquiridos a elevados precios, tienen un bajísimo coeficiente de uso. Sin embargo, en la institución privada del otro lado de la calle se hospitaliza pagando a quienes no pueden entrar en los hospitales públicos, porque (¡oh contradicción de las contradicciones!) las camas están saturadas.

Ni siquiera el modesto intento de contabilizar los gastos de los hospitales públicos, aplicando baremos idénticos a los privados de igual categoría, ha sido aceptado por los responsables sanitarios, «por motivos profesionales».

La misión de un funcionario público no es, por supuesto, la de denunciar el comportamiento de sus superiores; pero cuando, según su conciencia y su capacidad técnica, le resulta imposible establecer una programación de los ingresos y una racionalización y transparencia del gasto, lo único que razonablemente puede hacer es presentar su dimisión. Ahora, sometido a otras servidumbres y limitaciones, este hombre sufre la conocida ley de que la moneda mala expulsa a la buena. Los administradores honestos y competentes no resultan homologables para algunos ministros. España seguirá pagándose lujos que no están a su alcance, como el descontrol y el despilfarro en la Seguridad Social y en la sanidad pública.