Aprobada la ley sobre clasificación de mandos y ascensos en el Ejército de Tierra

Ds importantes leyes militares ocuparon ayer la máxima atención del Pleno del Congreso de los Diputados. Por una parte, se aprobó el proyecto le ley sobre clasificación de mandos y ascensos en régimen ordinario para los militares de carrera del Ejército de Tierra, con el rechazo de casi todas las enmiendas de la izquierda, incluida una a la totalidad de los socialistas. Por otra, UCD perdió, por falta de diputados centristas, una modificación introducida por el Senado en el proyecto de ley sobre creación de la reserva activa.

La enmienda citada atribuía la capacidad de hacer pasar a esta situación al Ministerio de Defensa, en lugar de al ministro, como inicialmente aprobó el Congreso. La enmienda senatorial añadía la exigencia de previa propuesta del Consejo Superior Militar correspondiente, en lugar de previo informe. Precisaba el texto del Senado que la decisión del paso a la rererva activa se podría tomar en los impuestos señalados en el artículo séptimo, que especifica la necesidad de que existan insuficiencias psicofísicas o profesionales. Esta precisión se había realizado en el Senado para evitar, según las tesis de UCD y de los técnicos militares del Ministerio de Defensa, interpretaciones torcidas sobre una supuesta posibilidad de decisiones arbitrarias.Una primera votación por procedimiento electrónico dio un resultado de empate a 117 votos. Al repetirse la votación, por el sistema de ponerse en pie, la enmienda fue rechazada por cien votos a favor (UCD y CD) y 108 en contra. El evidente disgusto de los dirigentes centristas, incluido el presidente del Gobierno, se hizo más patente cuando, al abrirse las puertas tras conocerse el resultado de la votación, entró en el hemiciclo más de una docena de diputados centristas, que habrían sido suficientes para evitar la derrota.El grupo centrista no había advertido el cambio de la palabra Ministerio por ministro, hasta el punto de que el diputado Blas Camacho pidió que se corrigiera lo que entendía era un error de imprenta. El presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, le explicó que la memoria enviada por el Senado acompañando las modificaciones introducidas en el proyecto de ley explicaba que el cambio era intencionado.

"Criterios objetivos para la clasificación de mandos"

El resto de las enmiendas del Senado, incluida la que eleva en un año la edad de pase a la reserva activa de los generales, fueron aprobadas. El socialista Luis Solana acusó a UCD de retroceder en la Cámara alta e intentar defender a los generales, cuando éstos en realidad no quieren esa «defensa», porque aceptan la reserva activa.

En el proyecto de ley sobre clasificación de mandos y ascensos en el Ejército de Tierra, sólo prosperó una enmienda socialista al artículo segundo, en el que se establece la forma de realizar la clasificación de mandos para que, de acuerdo con las actitudes de cada uno de ellos, se acomoden a distintas funciones y los más aptos accedan a los empleos de mayor responsabilidad. El artículo establece que la clasificación citada se fundamentará en el estudio y valoración del expediente de clasificación individual. La primera parte de la enmienda socialista consistió en añadir que tal estudio y valoración se realizará «con criterios objetivos».

Entre los datos del expediente de clasificación figuran los informes' personales reglamentarios de calificación desde que se alcanzó el empleo de teniente o de sargento. La modificación a propuesta socialista establece que tales informes personales «deberán ser elaborados por tres oficiales generales o particulares de empleos superiores y los más inmediatos al del calificado».

En cambio, no fue aceptada la enmienda a la totalidad defendida por el socialista Enrique Múgica, quien manifestó que todos los mandos deben tener los mismos derechos, sean o no procedentes de academia, y criticó la situación que creará la ley al admitir que existan cinco clases de tenientes distintas con arreglo a las diferentes escalas Manifestó también que la Guardia Civil no debería incluirse en una ley dedicada estrictamente a militares del Ejército de Tierra, al margen de la condición militar de la Benemérita. Señaló que la mayoría de las funciones de la Guardia Civil son policiales, como quedará de manifiesto en la próxima ley de Seguridad Ciudadana.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista defendió las enmiendas a este proyecto de ley el diputado José Miguel Bueno, quien señaló que el informe del Consejo Superior del Ejército para clasificar a los coroneles al generalato debe ser lo menos vinculante posible. Propuso que sólo se establezca la necesidad de ser oído el citado Consejo para que el Consejo de Ministros pueda tomar verdaderamente la decisión. El centrista Arturo Moya contestó en este punto que el ascenso al generalato debe guiarse en primer lugar por un criterio profesional, y después político, por lo que la enmienda socialista distorsionaba la filosofía del proyecto de ley.

Bueno pidió también que la Legión no fuera equiparada a los demás cuerpos, a lo que Moya contestó que debe atenderse a las características peculiares de la misma. Respecto a los capellanes, el diputado socialista pidió que se les despoje de sus atributos temporales, tales como estrellas y símbolos de mando, ya que en realidad no son militares. El diputado centrista aseguró que el cuerpo eclesiástico actúa en el Ejército de Tierra como personal militar, y como tal debe ser tratado. Al rechazarse la enmienda que pedía la exclusión del cuerpo eclesiástico de esta ley -tras repetirse la votación electrónica con resultado contrario a la enmienda-, el diputado socialista Gregorio Peces-Barba aseguró que la inclusión de los capellanes afectaba a los acuerdos con la Santa Sede y era inconstitucional, por lo que el Grupo Parlamentario Socialista planteará recurso de inconstitucionalidad si antes no se modifica el texto.

El diputado socialista catalán Julio Busquets insistió en la conveniencia de excluir a la Guardia Civil de esta ley, así como a otros cuerpos profesionales -médicos, farmacéuticos y demás servicios-, cuya homologación con la profesión castrense sería perjudicial.

El comunista Simón Sánchez Montero, quien se felicitó de que la clasificación de mandos y ascensos se haya realizado por una ley discutida en el Parlamento, retiró la mayoría de las enmiendas de su grupo. e insistió en el sistema de valoración objetiva para el ascenso al grado superior inmediato de los generales, jefes, oficiales y suboficiales de carrera del Ejército. La enmienda, como las demás de la izquierda -excepto la primeramente citada-, fue rechazada.

Convalidado el decreto de reconversión industrial

El Pleno del Congreso convalidó ayer el decreto-ley sobre reconversión industrial y decidió tramitarlo como proyecto de ley, con lo que podrá ser modificado. La tramitación como proyecto fue decidida unánimemente por todos los grupos y aceptada de forma expresa por el Gobierno, según manifestó el ministro de Industria, Ignacio Bayón, al presentar el decreto-ley.

Este recibió fuertes críticas de la mayoría de los grupos, excepto UCD, y la Minoría Catalana. Fundamentalmente se criticó el mismo procedimiento de regular un tema de tanta trascendencia mediante decreto-ley y se expresaron numerosas quejas al Gobierno.

En estas críticas coincidieron el comunista Emérito Bono, el vasco Josu Elorriaga, el socialista Javier Solana y el diputado del Grupo Mixto Ramón Tamames. Asimismo, Elorriaga acusó al Gobierno de haber eliminado del texto original del decreto la referencia a las comunidades autónomas y de ignorar los estatutos de autonomía. Por su parte, tanto Bono como Solana expresaron su preocupación por la incidencia negativa que la reconversión industrial pueda tener en el empleo. Concretamente, Javier Solana afirmó que la reconversión industrial supone eliminación de puestos de trabajo.