La violencia terrorista y los efectos del fallido golpe, causas de tensión

Los cien primeros días de gestión del presidente Calvo Sotelo estuvieron también de alguna forma definidos por una nueva escalada de violencia terrorista y por cierta tensión derivada de los efectos del fallido golpe de Estado del pasado 23 de febrero. Mientras este país iba conociendo, día a día, nuevos datos de la operación del 23-F y de los procesamientos de generales, jefes y oficiales golpistas, el terrorismo brotaba como un guadiana y golpeaba primero en el Norte contra miembros de los cuerpos de la Seguridad del Estado y jefes del Ejército y luego en Madrid contra altos mandos castrenses. En el fondo de todo esto se apreciaban los pasos calculados de un nuevo intento desestabilizador.

Los primeros pasos del presidente del Gobierno ante los continuos asesinatos en Euskadi y Navarra consistieron en acudir personalmente a testimoniar su pesar a los familiares de las víctimas y conocer sobre el terreno los efectos de la escalada. El Gobierno, interesado en dejar constancia de su afán en perseguir el delito terrorista, constituye en Consejo de Ministros lo que actualmente se conoce por el mando único para la lucha contraterrorista. Manuel Ballesteros, el polémico comisario general de información, es designado para dirigir este departamento.Aunque el mando único, según el decreto que lo constituye, contempla una colaboración entre los cuerpos que integran la seguridad del Estado, la plana mayor del Ministerio del Interior y los servicios de información militar, concretamente el CESID, la labor desarrollada hasta la fecha es mínima y su actuación se ha venido limitando a las competencias exclusivas de la Comisaría General de Información. El Gobierno, por su parte, encomienda a las Fuerzas Armadas, ante la oleada de terror contra sus miembros, colaborar en la lucha antiterrorista y envía efectivos de los tres Ejércitos a controlar la línea divisoria entre Francia y España, en un despliegue que cuenta con unidades del Ejército de Tierra en la muga fronteriza, buques de la Armada en el golfo de Vizcaya y helicópteros y aviones en el espacio aéreo español colindante con el vecino país.

Sin embargo, ni la presencia militar, calificada como mera colaboración, ni el hecho de haberse constituido un mando único para combatir el terrorismo, logran el cese de la escalada de violencia y, tras cierto impasse, probablemente calculado por la dirección de los grupos que siembran el terror, comandos armados de ETAm y GRAPO vuelven a atacar, esta vez escogiendo a las víctimas dentro de uno de los pilares más susceptibles del Estado: las Fuerzas Armadas.

Atentados contra el Ejército

En Madrid es asesinado por los pistoleros de los GRAPO, de un tiro en la nuca, un general muy identificado con los medios de comunicación por haber sido durante algunos años responsable del gabinete de información del Ministerio de Defensa: Andrés González de Suso. Días después, tres miembros de la Guardia Real, un teniente coronel, un sargento de escolta y un cabo conductor, esta vez en un atentado dirigido contra el jefe del Cuarto Militar del Rey, pierden sus vidas a causa de la metralla terrorista. El teniente general Joaquín de Valenzuela, objetivo del atentado, resulta herido de suma gravedad.Casi simultáneamente a la escalada terrorista, este país recibe información escalonada en relación con el fallido golpe de Estado. Por un lado, se van conociendo, siempre a través de comunicaciones oficiales procedentes de órganos autorizados del Ministerio de Defensa, los procesamientos de los militares golpistas, caso de los generales Milans de Bosch, Armada y Torres Rojas; los coroneles Manchado, Ibáñez y San Martín, así como los del teniente coronel Tejero y sus oficiales golpistas y los de los mandos de la División Acorazada Brunete número 1, que secundaron el asalto del Congreso de los Diputados.

El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina es elevado a héroe por muy concretos sectores de la extrema derecha de este país, que inundan las principales capitales de provincias de proclamas y pintadas en su favor y organizan una romería de solidaridad a la prisión de Alcalá de Henares, donde se encuentra, extremo que preocupa al mando militar, que decide trasladar al procesado a un castillo militar lejano de Madrid y aislado de los núcleos de población: la prisión de La Palma, en El Ferrol (La Coruña).

Almería

El fenómeno terrorista no sólo crea malestar en la sociedad, sino que provoca cierto recelo entre algunos órganos de poder, sobre todo entre el propio Gobierno, caso de los Ministerios de Interior y Justicia, ya enemistados tras el caso Arregui. La policía se siente dolida con el tratamiento que la justicia da a algunos de sus detenidos por delitos terroristas, y ésta, a su vez, clama por la independencia del poder judicial.Ya en la recta final de estos cien primeros días, el presidente Calvo Sotelo se encuentra ante dos acontecimientos que llaman poderosamente la atención de la opinión pública y que hoy día aún permanecen rodeados de innumerables puntos oscuros. Se trata de la muerte de tres jóvenes en Almería, que la Guardia Civil confunde con terroristas, y del espectacular asalto, el 23 de mayo pasado, a la sede de la oficina principal del Banco Central en Barcelona.

El primero de los sucesos, del que se ha informado, a juicio de distintos observadores, de forma parcial y poco clara, aún coletea y, según las últimas informaciones, podría de nuevo volver a las primeras páginas de los periódicos si se lleva a cabo, tal como parece que así va a ser, la exhumación de los tres cadáveres. Los últimos testimonios recogidos sobre esta fatal desenlace dejan en entredicho las informaciones que al respecto difundieron en su día la Guardia Civil y el propio Ministerio del Interior.

Igual de confuso ha resultado asimismo el asalto a la oficina principal del Banco Central en Barcelona: una banda armada, que en un principio pidió la liberación de cuatro militares golpistas y dos aviones para salir de España en dirección a la República de Argentina, mantiene como rehenes a más de doscientas personas. El Gobierno cree, en un principio, que se trataba de guardias civiles. Luego, al ser detenidos, tras 37 horas de ocupación, nueve de los once asaltantes, se habla de que son anarquistas y delincuentes comunes. Día y medio después, el presidente del Gobierno, Calvo Sotelo, comparece ante el Pleno del Congreso y apunta la posibilidad de que la extrema derecha se encuentre tras la operación. Sin embargo, la policía, acabado el plazo de la ley Antiterrorista, centra su versión en que éstos eran delincuentes comunes, no vinculados a la extrema derecha, cuyo único propósito era obtener una importante suma de dinero.