Creciente desgaste gubernamental en un Parlamento sin fuerte oposición

El Gobierno presidido por Leopoldo Calvo Sotelo actuó, durante sus primeros cien días, condicionado por el frustrado golpe de Estado del 23 de febrero, de manera especial en el mismo Parlamento que, como primera consecuencia política de aquella fecha, le había prestado una confianza mayor de la esperada pocos días antes. La urgencia en la elaboración de leyes-bombero, mientras se orillaban o retrasaban normas de alcance democratizador, junto a una evidente atonía del control de la oposición y el creciente desgaste gubernamental a nivel de mera información, marcan de forma negativa esta primera etapa del Gabinete Calvo-Sotelo en el Parlamento al que constitucionalmente se debe.

En materia legislativa, el síndrome del golpe produjo en seguida iniciativas gubernamentales de dudosa eficacia frente a los golpistas, pero que en todo caso pueden utilizarse para recortar o conculcar las libertades democráticas. En un plazo sin precedentes, dada la lentitud y premiosidad de nuestra maquinaria legislativa, entró en vigor la llamada ley de Defensa de la Constitución. Mientras leyes tan importantes como la que reforma el Código Penal permanecen en el Congreso desde enero de 1980 u otras más cortas, como la de Objeción de Conciencia, se encuentran semiparalizadas, la ley de Defensa de la Constitución, que entró en el Parlamento el 17 de marzo de 1981, obtuvo la aprobación del Congreso el 1 de abril, la del Senado, trece días después, y la definitiva del Congreso, el 23 de abril, en total 36 días, con la Semana Santa por medio.Con un poco más de reposo, aunque a ritmo de urgencia, fue también aprobada -hoy entra en vigor- la ley reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, procedente del despiece del viejo proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, que dormía en el Congreso el sueño de los justos desde septiembre de 1979. Por si estas iniciativas no eran suficientemente indicativas de la voluntad gubernamental de hacer uso de todos los recursos autoritarios excepcionales previstos en la Constitución para casos extremos, el Gobierno Calvo Sotelo avanzó un paso más y recabó de las Cortes Generales que apreciaran la existencia de razones para dictar una ley de armonización de las disposiciones normativas de las comunidades autónomas. Con el agotamiento de esta cautela incluida en la Constitución para casos de necesidad y «cuando así lo exija el interés general» (artículo 150.3), el Gobierno obtuvo vía libre para remitir un proyecto de ley cuyo alcance no era otro que corregir, entre otras cosas, supuestas extralimitaciones en el uso de las lenguas vernáculas y el desuso del castellano y en el empleo del término nación, ampliamente criticadas en las salas de banderas y en los sectores políticos más centralistas y patrioteros.

La colaboración socialista

Ninguna de estas iniciativas legislativas del Gobierno -mientras se devaluaba la ley de Divorcio y se retrasaban por razones oscuras las de Autonomía Universitaria, Derecho de Asilo, Financiación de la Enseñanza, Objeción de Conciencia...- habría sido viable sin la colaboración activa del primer partido de la oposición. Unas veces a regañadientes (Alfonso Guerra: «UCD nos pide que bajemos el tono de nuestras reivindicaciones para evitar una reacción negativa del Ejército»), otras en pro del espíritu de concertación, los socialistas aflojaron la presión parlamentaria sobre el Gabinete y se hicieron copartícipes, desde fuera del Gobierno, de las grandes decisiones del Ejecutivo en esta etapa. El precio político de esta generosidad no es otro que la negociación de la ley Electoral, ya en fase de tanteo.El retraso en la tramitación de los estatutos de autonomía de Asturias, Cantabria y Rioja y el retoque de otros, en virtud del dictamen García de Enterría, sólo puede entenderse en paz con la colaboración socialista. Es muy probable que el grupo socialista retire una proposición de ley sobre modificación de la ley orgánica de Referéndum, cuyo objetivo era dar entrada al País Valenciano por la puerta grande de la autonomía. Por el momento, una interpelación de la responsable socialista de política autonómica, María Izquierdo, publicada el 28 de febrero de 1980, y que contiene gruesa artillería contra la política autonómica del Gobierno, ha sido sucesivamente incluida en el orden del día de las últimas sesiones plenarias, y cada vez aplazada, a petición del Gobierno, «para no estorbar la negociación».

El rasgo más sobresaliente del giro copernicano experimentado por el Parlamento a instancia del Gobierno Calvo Sotelo durante los últimos cien días es el bloqueo definitivo de una proposición de ley suscrita por el Grupo Parlamentario Centrista, los tres socialistas, el comunista, la Minoría Catalana, el PNV y el andalucista -prácticamente todo el Congreso de los Diputados- sobre ampliación de losbeneficios de la ley de Amnistía a los militares profesionales, entre ellos los ex oficiales que pertenecieron a la Unión Militar Democrática (UMD). En el escrito dirigido a principios de marzo último por el Gobierno a la Mesa del Congreso, oponiéndose a la toma en consideración de la proposición de ley, se expone, entre otras razones, que «la carrera militar exige una serie de condicionantes» (...) y «resulta inviable que los que durante muchos años han permanecido alejados de la institución, sin haber tenido opción a conseguir la necesaria cualificación, puedan reingresar de forma activa en la misma».

Otra proposición de ley, ésta presentada por el Grupo Parlamentario Comunista justamente la víspera del golpe, sobre asistencia al detenido -en desarrollo del artículo 17.3 de la Constitución-, permanece igualmente en dique seco. Asimismo, entre las comisiones parlamentarias que apenas funcionan destaca la paralización de la de Derechos Humanos.

Insuficiencia informativa

En materia informativa, al silencio mantenido por el Gobierno sobre el asunto de Hendaya y el caso Arregui, hay que añadir la insuficiente información facilitada al Parlamento sobre el propio golpe de Estado, la muerte en Almería de tres jóvenes detenidos por la Guardia Civil y el asalto al Banco Central en Barcelona. La indigencia de datos auténticos puesta de manifiesto por el Gabinete en las respectivas sesiones informativas plantea serias dudas en medios parlamentarios sobre la capacidad gubernamental de ejercer un poder que parece no controlar.

En 1982, más cañones que mantequilla

La izquierda parlamentaria acusa en estos momentos que, durante la fase prelegislativa de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 1982 -que se debatirán en los últimos meses de este año-, se está produciendo un exceso en la asignación de gastos a las Fuerzas Armadas, en detrimento de las correspondientes a Sanidad y Educación, entre otras.Fuentes socialistas atribuyen esta actitud al deseo de ofrecer la imagen de que el Gabinete Calvo Sotelo concede prioridad, en el clásico,dilema presupuestario entre los cañones y la mantequilla, a los primeros sobre la segunda. Pero este planteamiento, al margen de los problemas que suscitará en el debate parlamentario, está siendo objetado ya dentro del propio Gobierno. Concretamente, en el Ministerio de Educación existe intenso malestar, aunque fuentes solventes de este, departamento desmintieron a EL PAÍS que el ministro hubiera dimitido.