El déficit de las administraciones públicas en 1980 ascendió a 520.000 millones, según el Banco de España

El déficit de las administraciones públicas en 1980, presentado por el ministro de Hacienda al Congreso, el pasado 6 de mayo, difiere en 182.400 millones de pesetas con el facilitado el pasado martes por el informe anual del Banco de España. Las estimaciones hechas por Hacienda del déficit, en base a las cuentas nacionales, no incluyen las diferencias en ingresos y gastos pendientes de cobro y de pago respectivamente. Estas partidas suponen incrementar las cifras de déficit público presentadas por Hacienda, que fueron calificadas de «moderadas» por Jaime García Añoveros.

Fuentes de Hacienda, consultadas por este diario, manifestaron que estas diferencias en cuanto a cuantificación del déficit se circunscriben a la comparación de cifras de caja con las de derechos reconocidos y obligaciones contraídas. De hecho, añadieron, el déficit del Estado por operaciones no financieras (operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias), que según Hacienda se situó en 383.038,3 millones, no difiere esencialmente con el calculado por el Banco de España. No obstante, el Banco de España resalta «el carácter bastante arbitrario y poco significativo de los déficit o superávit de los subsectores de las administraciones públicas y el hecho de que, desde una óptica puramente económica, es sólo el saldo del conjunto de las administraciones públicas el fenómeno económico relevante».El informe del Banco de España, en el capítulo relativo a la financiación del Estado, pone de manifiesto estas diferencias entre unas y otras cifras de déficit: «Un aspecto del déficit estatal y su financiación que queda encubierto al definir aquél en términos de contabilidad nacional y que, sin embargo, ha desempeñado un importante papel en los últimos años es el relativo a la evolución de los ingreso pendientes de cobro y de los gastos pendientes de pago. El saldo neto de ambos supuso en 1978 unos ingresos financieros de 112.300 millones; en 1979, unas salidas de 54.700 millones, y en 1980, de nuevo ingresos por 39.900 millones de pesetas. Ello significa que el déficit de caja del Estado (suma del déficit en términos de cuentas nacionales y de las salidas de fondos mencionadas) fue en 1980 de 343.300 millones (frente a 225.400 millones en 1979 y 68.800 millones en 1978). Bajo esta definición, la coincidencia entre las cifras del déficit estatal y la apelación al crédito del Banco de España resulta algo menor que antes para 1980, pero sorprendentemente alta para cada uno de los años 1978 a 1980».

Fuerte incremento de pendientes de cobro

El informe del Banco de España revela que los ingresos pendientes de cobro han evolucionado siempre al alza, «pero de forma suave y regular». Por ello, sorprende el fortísimo incremento de los mismos en 1980 (85.000 millones, frente a4l.100 millones en 1979). «Estos retrasos en el abono efectivo de impuestos que, sin embargo, se han devengado por el Tesoro, podrían acaso explicarse por los retrasos admitidos por el Tesoro en la tramitación por las entidades bancarias del cobro de impuestos o, más en general, por retrasos debidos a la desfavorable situación de tesorería de los sujetos pasivos de los impuestos».En cuanto a los pagos pendientes, que se incrementaron en 124.900 millones en 1980, «las cosas son más oscuras», según el Banco de España, «a la vista de la evolución de esta magnitud en años anteriores».

Las citadas fuentes de Hacienda, sobre el fuerte incremento de los ingresos pendientes de cobro en 1980 y de los pagos pendientes, indicaron los bajos niveles de compromisos contraídos en 1979, como consecuencia del retraso en la aprobación de los Presupuestos y la contabilización dentro de la liquidación de 1980 de pagos realizados hasta el 31 de enero de este año.

Por otra parte, siempre según el informe del Banco de España, la financiación del saldo de la cuenta de capital de los organismos de la Administración central registró un déficit en 1980, en contraste con los superávit de los años anteriores, de 98,4 miles de millones. Esta evolución se explica por el traspaso del seguro de desempleo de la Seguridad Social al Instituto Nacional de Empleo. «Sin embargo, en el curso de 1980, una parte de esas prestaciones sociales, contabilizadas como gasto por el INEM, fue desembolsada efectivamente todavía por la Seguridad Social, que no contabilizó esos desembolsos como prestaciones, sino como un anticipo al INEM». Previsible mente, esta operación será regularizada en 1981 -afirma el Banco de España- «generando el correspondiente superávit en los organismos de la Administración central y déficit en las cuentas del Estado». Sobre la financiación de las corporaciones locales, el informe del Banco de España señala que «la calidad de la información disponible sobre las cuentas de estas corporaciones es muy deficiente, tanto por lo que se refiere a sus operaciones corrientes de capital como por lo que atañe a sus operaciones financieras. Esto explica, en parte, la notable revisión que ha habido que introducir en los datos de 1979, que ahora muestran un déficit de 68,4 miles de millones, frente a los 25,4 miles de millones que se habían estimado en el informe anterior. El déficit estimado para 1980 es de 41,6 miles de millones, sobre cuya validez final es difícil de opinar, dada la experiencia de 1979 ».

Por otra parte, el déficit del sector público, que es la suma del correspondiente a las administraciones públicas y del de las empresas públicas, ascendió en 1980 a 794.000 millones de pesetas (que supone un 5,5% del producto interior bruto). Los recursos de las empresas públicas en 1980 ascendieron a 531.800 millones de pesetas, de los que 259.100 millones procedieron de subvenciones de explotación y transferencias de capital de las Administraciones públicas.

Incidencia sobre el sector privado

La repercusión de estos déficit sobre la financiación al sector privado es muy fuerte, según medios bancarios, que estiman que el déficit monetario de 1980 detrajo cerca de 400.000 millones a los recursos de financiación al sector privado. Estas estimaciones están en consonancia con los datos facilitados por el Banco de España, que en su informe hace hincapié en el perjuicio que ha creado esta detracción de recursos a la financiación del sector privado a las pequeñas y medianas empresas, que son las que encuentran más dificultad para acceder al mercado interno de capitales o a la financiación exterior.El déficit público, por otra parte, ha provocado también un aumento del coste de finananciación del Estado. El Banco de España, para atender a las apelaciones del Tesoro, ha tenido que recurrir a colocar bonos y certificados de depósito a tipos de interés de mercado.