La Magistratura italiana juzgará al agresor de Juan Pablo II

El hecho de que el atentado contra Juan Pablo II se haya producido dentro del territorio del Estado Vaticano plantea una cuestión jurídica sobre quién debe juzgar al joven turco que atentó contra el Papa. Según el tratado entre Italia y la Santa Sede, Pactos de Letrán de 1929, corresponde a la magistratura italiana juzgar a Mehemet Ali Agca. Incluso existen precedentes en este sentido.Sin embargo, resulta más problemático el asunto, que cae dentro de lo posible, de que el terrorista turco sea perdonado por el Papa, problema al que hay que añadir la existencia de la petición de extradición planteada por Turquía, donde el frustrado magnicida había sido condenado a muerte.

Los citados Pactos de Letrán reconocen la plena propiedad y soberanía, incluso judicial, de la Santa Sede sobre su territorio, pero estipulan que la plaza de San Pedro (donde se cometió el atentado) sigue abierta al público y sujeta a los poderes policiales de las autoridades italianas.

Por otro lado, el artículo 8 señala que «ltalia considera sagrada e inviolable la persona del Sumo Pontífice y declara punible atentar contra ella o la provocación para una acción tal», con las mismas condenas establecidas para el caso de que el sujeto de la acción sea el jefe del Estado italiano.

La condena que establece el Código Penal italiano para este caso es de cadena perpetua. Precisamente, uno de los referendos del próximo domingo plantea, a petición del Partido Radical, la supresión de este tipo de pena perpetua.

Aunque en los últimos años no se han planteado casos de graves delitos cometidos en la plaza de San Pedro, conviene recordar que el escultor húngaro Lazlo Toth causó, a martillazos, graves daños en la estatua La Pietá, de Miguel Angel, situada dentro de la basílica. El autor de la acción fue entregado por la seguridad del Vaticano a la policía italiana.

Otra cuestión es la posibilidad de un perdón por parte de Juan Pablo II. El secretario de Estado del Vaticano, Agostino Cassaroli, lo ha adelantado a su regreso de Nueva York. Cuando el 27 dé noviembre de 1970 un boliviano vestido de sacerdote intentó apuñalar a Pablo VI, en Manila, fue detenido y condenado a muerte por los tribunales filipinos. La sentencia no se cumplió gracias al perdón del Papa, y el autor, calificado de demente, fue puesto en libertad hace algunos años.

Ahora bien, en el caso del atentado del miércoles, los efectos de un eventual perdón del Pontífice resultan más problemáticos, ya que, en primer lugar, existe una condena de muerte en Turquía contra Mehemet Ali Agca y una petición de extradición por parte de las autoridades de Ankara.