La Generalidad de Cataluña elabora un plan autónomo de actuaciones contra el paro
Fuentes patronales facilitaron a este diario el Plan de actuaciones contra el paro en Cataluña, elaborado por la Generalidad. Se trata de un documento de veintisiete páginas entregado ayer y anteayer a las principales centrales y patronales. Ayer tarde mismo se reunieron las direcciones catalanas de UGT y CC OO para analizar el documento. Es la primera reunión de trabajo que celebran ambas organizaciones sindicales en los últimos dos años.
El documento tiene dos partes. En la primera analiza el marco de acuerdo en Cataluña entre centrales y patronales. A este marco convencional agrega las aportaciones de la Administración autonómica que la Generalidad considera procedentes. En la segunda parte detalla la incidencia global que tendrá sobre el paro la actuación de las diversas consejerías de la Generalidad, en base a su actual presupuesto de inversión pública. Propone que en las obras de financiación pública la mitad del personal proceda del paro no subsidiado.El documento empieza con la siguiente afirmación: «Es convicción de la Generalidad que desde la comunidad autónoma se puede generar un movimiento de acciones contra el paro, coordinando las acciones tanto de centrales sindicales como de asociaciones empresariales y la Administración autonómica».
La Generalidad analiza la situación de hecho creada con la firma el pasado mes de abril de un documento entre UGT y Fomento del Trabajo Nacional, la principal patronal catalana. Destaca al respecto la marginación por los firmantes de aquel documento de CC OO, circunstancia que, según la Generalidad, «implicaría encontrarse ante un acuerdo de eficacia limitada».
En tono de crítica, la Generalidad destaca que «en el acuerdo firmado por UGT y Fomento no se hace referencia a la necesaria transferencia del Instituto Nacional de Empleo (INEM) a la Generalidad de Cataluña. Tampoco se hace referencia a la necesiad de transferencia de competencia en materia de regulación del empleo»
«La Administración autonómica», propone el documento de la Generalidad, «adquiriría el compromiso de movilizar una parte de la contratación derivada de la inversión pública competencia de la Generalidad de Cataluña hacia los trabajadores en paro». Para lo cual precisa ,que «es decisivo que los pliegos de cláusulas administrativas particulares que acompañan los contratos de obras incluyan con toda claridad, como obligación del contratista, que el 50% del personal contratado para la obra de que se trate sean trabajadores en paro no subsidiados».
En base a este procedimiento, el documento detalla por consejerías la posible incidencia de la inversión pública de la Generalidad en la contratación de trabajadores en paro. El resultado total de la cuantificación de la Generalidad muestra la creación de 44.850 puestos de trabajo. De éstos, 8.082 procederían de las inversiones de los departamentos de la Generalidad (23.671 millones en el presente año fiscal). Los 36.768 puestos de trabajo restantes resultarían de una política de reducción del pluriempleo. Por otro lado, el documento también indica una contención de la de manda de trabajo de 20.500 personas, gracias a una prolongación de la formación profesional.
El detalle por consejerías de la creación de 8.082 puestos de trabajo es el que sigue. La de Sanidad y Asistencia Social, 2.003 (de los cuales, 1.200 estables, y 803, eventuales). La Consejería de Enseñanza, en cambio, con una inversión para 1981 en obras en curso, así como equipos y reformas adicionales, de 5.367 millones, tendrá una repercusión en ocupación estable «prácticamente nula», debido a que «en su mayor parte se trata de inversiones de sustitución. Por otro lado, las dotaciones de maestros, principal demanda que, evidentemente, genera la construcción de escuelas, están en Cataluña, según la Administración central, totalmente cubiertas». Pese a ello, el documento ve la posibilidad, a través de la inversión de esta consejería, de crear unos 247 puestos de trabajo. La Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, por su parte, prevé la creación de unos seiscientos puestos de trabajo. La propia Consejería de Trabajo agrega, por su parte, la creación de unos 4.000 puestos de trabajo, en base a la utilización de los fondos del empleo comunitario. De hecho, no habrá tal creación, sino, simplemente, una contratación temporal.
El plan constituye una respuesta política de la Generalidad para intentar recuperar su imagen como organismo beligerante en el campo de las relaciones laborales, tras el fracaso de sus planes de creación de un fondo de ocupación de Cataluña.
Los grandes temas de la productividad, incremento de costes (en particular los salariales) y política concreta de concertación social están absolutamente ausentes del plan. Por otro lado, subsiste el escaso interés de importantes interlocutores sociales -el Fomento, en primer lugar- en que la Generalidad logre un protagonismo laboral.
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