Los juicios, cuanto antes

HAY SITUACIONES que se pudren con el transcurso del tiempo, y nos tememos que el sumario del 23 de febrero haya comenzado ya a producir deletéreos efectos sobre nuestra vida política y se convierta, en las próximas semanas, en un insufrible y peligroso foco infeccioso.La filtración de las declaraciones de Tejero ante el juez instructor no es -ya lo hemos dicho- una simple anécdota, sino un peón movido por los estrategas del golpismo en la partida de ajedrez que están jugando contra la Corona, contra las instituciones democráticas y contra la sociedad española. Algunos colegas se preguntan, sin embargo, sobre cómo si denunciamos que la filtración del sumario es una operación de connotaciones golpistas, nosotros mismos nos hemos prestado a dar publicidad al asunto. Nada más coherente si se contemplan las circunstancias de la actitud de EL PAÍS. La declaración de Tejero había sido aireada por un colega, con el absurdo manto de ser fruto de una investigación periodística de forma un tanto sensacionalista, y por si fuera poco, incompleta. La opinión pública no estaba recibiendo una información correcta en sus orígenes ni en sus resultados, sino una. manipulación comercial de un hecho político de primera magnitud. No criticamos la actuación de nadie y la utilización que otros diarios han hecho de estas informaciones, nos parece por completo, lícita, pero pensamos y seguimos pensando que la credibilidad de la Prensa es esencial en un régimen democrático. Cuando la opinión deje de poder confianzar en los medios de comunicación, los caminos del golpe estarán cada vez más abiertos. Y la única forma de obtener credibilidad es precisamente, desde nuestro punto de vista, ofrecer al lector el mayor número de datos posible, para que se forme un juicio propio. Creemos haber hecho por eso un servicio honesto exento de cualquier otro ánimo, al publicar en su totalidad la declaración de Tejero, y más aún al incluir las acusaciones que, contra el Rey hace el sedicioso guardia civil; imputaciones y calumnias que los demás colegas han omitido sin duda con un entendimiento que no compartimos de cuál es la mejor manera de ahuyentar los bulos y las maledicencias que se han vertido sobre la persona de don Juan Carlos por parte de los rebeldes. La publicación del sumario no era, por lo demás, ya una cuestión de prudencia periodística, cuando había comenzado a revelarse por otros, sino una necesidad de clarificación e iluminación de actitudes.

Los intoxicadores saben, no obstante, que la propia dinámica de la profesión periodística y el ejercicio de la libertad de expresión les ofrece una excelente oportunidad para seguir filtrando piezas sumariales que favorezcan sus propósitos de confundir a la opinión pública, calumniar al Rey, implicar a otras gentes en la conspiración y presentar a los procesados corno víctimas inocentes de una odiosa conjura. Ya están volando por encima de las agencias y de las redacciones otras exclusivas del mismo género, que será imposible mantener en el propio cajón, una vez que otro lo ponga sobre su mesa. Y nadie puede garantizar y aun ni siquiera desear que el legítimo anhelo profesional del pisotón, el scoop o la exclusiva no prevalezcan sobre otras valoraciones.

No admitimos que la solución a ese conflicto se halle en medidas gubernativas de fuerza contra los periódicos, aunque en el futuro el torpe comportamiento inconstitucional y antijurídico dirigido a secuestrar Diario 16 pueda dejar paso a conductas formalmente más ajustadas a derecho. No faltará seguramente quien recuerde, dentro de las esferas oficiales, que la llamada ley de Defensa de la Democracia ha sido ya publicada en el Boletín Oficial del Estado y que ese rifle para cazar elefantes se halla a disposición del Gobierno. Como ya advertimos en su día, mucho tememos que esa aberrante norma, aunque seguramente pensada para otros supuestos, termine siendo aplicada a periódicos, revistas o radios que en la noche del 23 de febrero o en la madrugada del día 24 se pronunciaron inequívocamente a favor de la Constitución y de la Monarquía parlamentaria.

Tampoco nos parece eficaz, ni seguro, el compromiso voluntario de los medios de comunicación para no publicar materiales «intoxicadores», entre otras cosas porque no siempre resulta fácil ponerse de acuerdo sobre el carácter tóxico de las informaciones.

La única vía indiscutible para poner fin a esta confusión es una conclusión rápida del sumario y la celebración inmediata de los consejos de guerra correspondientes. El juez instructor togado José María García Escudero merece todos los elogios por la forma en que está llevando a cabo su labor, pero el factor tiempo juega a favor de los autores del golpe del 23 de febrero y de sus instigadores, cómplices y encubridores.

Es urgente que los tribunales militares se pronuncien sobre las conductas delictivas de quienes han elegido corno infame vía de defensa tratar de implicar a la Corona en una conspiración que, paradójicamente, fue abortada gracias a la valiente, decisiva y casi solitaria intervención de don Juan Carlos. Y es absolutamente preciso que las sentencias de los consejos de guerra limpien la figura del Rey del lodo que los golpistas están lanzando sobre ella. Sólo la rápida celebración de esos juicios, que deberían realizarse antes del verano, permitirá situar en sus auténticas dimensiones a estos personajes de opereta que han amenazado, y aún amenazan, desde su paranoia brutal e incivil, la convivencia pacifica de este país. Y acabar con la paranoia añadida de que sea la Prensa, y sólo la Prensa, quien trabaje ante la pasividad de los políticos por ofrecer un poco de luz y aportar -aunque no siempre con acierto- un poco de cordura a este brollo infame de nuestra situación.