La cosecha del siglo en el balance agrario de 1980

El propio ministro de Agricultura ha presentado recientemente a los medios de difusión las llamadas Macromagnitudes del sector agrario correspondientes a 1980, y en ellas se confirma de modo oficial que, efectivamente, la producción final agraria ha tenido en este ejercicio un crecimiento de un 7,4%, situándose en una cota jamás alcanzada históricamente, por lo que ha quedado ratificada como «la cosecha del siglo», tal como hasta ahora se le ha venido denominando.Pero se hace necesario entrar en el análisis de otras rúbricas del balance agrario para poder comprobar si los «cuartos» correspondientes a esta gran cosecha han ido a parar a los bolsillos del agricultor o, por el contrario, se han diluido en el proceso productivo.

La observación del comportamiento de los precios nos da la respuesta a esta interrogante. Un 17,1 % de crecimiento de los «gastos de fuera del sector», entre los que destaca mecanización, con un 5 1,1 %, y fertilizantes, con un 21,9%, ha sido la contrapartida del pequeño incremento de tan sólo un 3,1 % de los precios percibidos, quedando por esta causa no sólo neutralizados los efectos positivos de la buena cosecha, sino destrozada la renta agraria, que ha sufrido un empobrecimiento del 6,67% en su conjunto y del 1,17 % por persona activa, al no haberse alcanzado en términos monetarios los niveles de la inflación.

Esta pérdida de renta en el campo tiene un primer e inmediato efecto de reducción de los consumos individuales y familiares de toda la población agraria; pero es importante señalar otro preocupante efecto por su implicación en el contexto general socioeconómico del país.

El desproporcionado crecimiento de los precios de los factores de producción sin la adecuada compensación al agricultor hace inviable su óptima utilización de acuerdo con los avances técnicos correspondientes a 1981, y ya se ha iniciado la contracción de la demanda en los sectores que aprovisionan al campo o cuyos servicios utiliza, pudiéndose entrar en una peligrosa escalada de crecimiento negativo del PIB, de riesgo del suministro alimentario de mayores desequilibrios en la balanza de pagos y en el doloroso aumento del paro.

La sequía de 1981

Estamos en 1981, y la sequía nos lleva ya indefectiblemente a unos resultados en las cosechas bien distintos de los obtenidos el año anterior, y este dato irrefutable nos plantea de modo inevitable la interrogante de si con la cosecha del siglo las rentas de agricultores y ganaderos se empobrecieron, al haber quedado por debajo de los niveles de la inflación; cómo podrá el campo superar el difícil reto del presente año si continúa el persistente desequilibrio entre precios percibidos y precios pagados.

Acaban de ver la luz los nuevos precios para el campo aprobados recientemente por el Consejo de Ministros junto con un paquete de medidas complementarias, de acuerdo con la propuesta remitida por la comisión especializada del FORPPA; pero es significativo señalar que tres importantes organizaciones agrarias no han aceptado esos acuerdos, porque tanto los precios como las medidas se han fijado sin tener en cuenta los ya señalados fortísimos aumentos en los factores de producción, por la improcedencia de algunas de las medidas complementarias y por la insuficiente garantía en el control de los inputs y la falta de seguridad del posible mecanismo de revisión.

Una nueva ocasión en que vuelve a ponerse al descubierto la discrepancia de la representación del sector con la política agraria.

No es propósito de este trabajo el mantenerse en actitudes y planteamientos que puedan parecer maximalistas, pero al finalizar 1981 nuevamente el ministro de Agricultura habrá de comparecer ante los medios de difusión para presentar las macromagnitudes agrarias correspondientes a este año, en las que en cuadros y cifras quedará el reflejo de buena parte de la gestión de su Ministerio, por lo que una digna rendición de cuentas es, hoy por hoy, la mayor garantía de posible rectificación del conjunto de medidas y precios que, a propuesta del FORPPA, han sido aprobadas por el Consejo de Ministros.