Hugo Bánzer vela sus armas para retomar el poder

De nuevo vísperas de acontecimientos en Bolivia. El régimen militar del general García Meza, impuesto por el golpe de Estado de 17 de julio pasado, atraviesa dificultades interiores y exteriores insuperables. García Meza no se ha afianzado entre sus propios compañeros de armas, el pueblo boliviano nunca ha aceptado los procedimientos especialmente sangrientos que acompañaron al cuartelazo, la situación económica del país del Altiplano es desesperada, y la Junta Militar sigue sin obtener el indispensable reconocimiento de Washington.Al descrédito puramente político de los golpistas se ha sumado la gran bola de nieve de la cocaína. La Administración Reagan no tiene serias objeciones políticas que formular a García Meza, pero no está dispuesta a consentir que Estados Unidos se vea inundado de pichicata, el nombre de guerra que la droga recibe en Bolivia. La cuestión de la droga se ha convertido en un contencioso frontal entre Washington y La Paz, hasta el punto de que casi todas las acciones de saneamiento emprendidas recientemente por García Meza no responden más que a un objetivo: intentar ganar credibilidad a los ojos norteamericanos.

Casi todos los gestos buscan la credibilidad de Washington. Pero otros intentan parar a toda costa la estrella política en ascenso del general en situación de retiro temporal, Hugo Bánzer, ex dictador de Bolivia entre 1971 y 1978 y firme candidato -también de la Casa Blanca- a sustituir a medio plazo y por la vía de la legalidad, al tambaleante García Meza.

Bánzer, un ultraderechista astuto y con capacidad administrativa, ha pasado del apoyo pasivo al Gobierno militar al desenganche más absoluto. Hasta el punto que en los últimos días se ha rumoreado su detención. El espacio político que ocupa Hugo Bánzer en Bolivia no difiere sustancialmente del de García Meza, pero el ex presidente controla la maquinaria de un partido, Acción Democrática Nacionalista (ADN), con el que obtuvo el 15% en las elecciones que precedieron al cuartelazo de julio. Bánzer va a utilizar la legitimidad democrática que obtuvo entonces, y ninguna situación mejor para ello que el picado en que está cayendo la Junta. Luis García Meza es sólo un general sin consenso, y la carrera de la sucesión está ya abierta entre sus propios compañeros de armas.

En el plazo de pocas semanas, los altivos militares golpistas de julio han adoptado medidas entonces impensables: el cese del todopoderoso coronel Luis Arce Gómez, ex ministro del Interior, brazo ejecutor del golpe y responsable directo de los grupos paramilitares de delincuentes que sembraron el terror el pasado verano. La promesa formal de regreso sin condiciones al Pacto Andino, del que García Meza renegara a bombo y platillo a raíz de su toma del poder. El encarcelamiento de conocidos e intocables traficantes de cocaína, auténticos dueños de Santa Cruz como Pachi Atalá, Nallar, los hermanos Razuk, todos ellos protegidos de Arce Gómez y del coronel Rico Toro, un militar coa aspiraciones inmediatas en una Junta de recambio. Y quizá el gesto menos divulgado, pero el más significativo de todos: el nombramiento de un coronel demócrata, Gary Prado, al frente de la guarnición de Santa Cruz, la provincia boliviana eje del comercio mundial de la pichicata.

Gary Prado Salmón, que capturó al Che Guevara, fue ministro del Gobierno democrático del general Padilla -que devolvió el poder a los civiles en 1978- y uno de los primeros represaliados tras el golpe de Natush, en noviembre de ese mismo año.

Pero las manos de Estados Unidos aprietan fuerte en Bolivia. Fue el propio senador ultraderechista Jesse Helms, del Subcomité de Ayuda al Exterior, el que advirtió al presidente García Meza que era preciso que se desembarazase de Arce Gómez para pensar en un reconocimiento de la Casa Blanca. Helms forma parte del lobby de la Junta en Washington, pero su presión no ha podido hasta ahora contrarrestar la evidencia de la Oficina de Narcóticos de EE UU, donde Arce y una buena parte de la cúpula militar boliviana aparecen fichados como traficantes de cocaína.

Un programa de televisión sobre el tráfico de la droga producida en Bolivia, emitido por la cadena estadounidense CBS el pasado 1 de marzo, fue la puntilla desestabilizadora de la Junta. En él, el senador por Arizona, Gus Deconcini, el jefe de la Oficina de Narcóticos Federal (DEA) y el fiscal del Estado de Florida acusaron, ante sesenta millones de norteamericanos, a Arce Gómez, el coronel Norberto Salomón, el coronel Ariel Coca, el general Hugo Echeverría y a numerosos civiles bolivianos prominentes de estar implicados en el contrabando de cocaína.

El régimen boliviano, este régimen militar, parece1ener las semanas contadas. La sucesión de denuncias, complós de capilla, el desmarcaje de algunos de los santones de uniforme y civiles del país andino no hace más que evidenciar el abandono del barco que peligra. Queda por ver si en la nueva representación va a ser asignado algún papel relevante a los partidos políticos democráticos bolivianos.