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Tribuna
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La influencia del 14 de abril de 1931 en la política actual

El 14 de abril de 1931 significó la liberación política de los españoles al romper con las antiguas estructuras políticas y sociales que significaban la monarquía y la dinastía reinante, y, libremente, sin coacción de ninguna especie y con aplastante mayoría del pueblo español, dando ejemplo al mundo de su espíritu ciudadano, sin el menor incidente doloroso, se proclamó la II República.Hay que resaltar que en las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de aquel año, que dieron el triunfo a la candidatura democrática, fue la Conjunción Republicano- Socialista, que integraba a los partidos republicanos de todas las tendencias y al partido socialista, la que consiguió esa aplastante mayoría.

Es de todos conocida la labor de las Cortes Constituyentes y sus Gobiernos en los dos primeros años de república.

Se aprobó el Estatuto de Cataluña, se estudió, en orden y sin violencias, el Estatuto del País Vasco, muy adelantado, y se empezó el estudio del Estatuto de Galicia, que eran las llamadas, y con razón, comunidades históricas.

Nadie más partidario que los republicanos de izquierda de las autonomías de las regiones, cuando éstas estén solicitadas por la mayoría del pueblo, pues la República las concedía cuando se contaba con dos tercios del censo electoral, y ninguna de las aprobadas hasta la fecha ha conseguido ese porcentaje.

En la República, para los municipios, sí fueron realmente sentadas las bases de la autonomía de los mismos.

Por no recordar el 14 de abril de 1931 y haber puesto en vigor los estatutos de Cataluña y Euskadi y con objeto de recortarlos y retrasarlos, se lanzan a nombrar «entes preautonómicos», cosa que nadie acaba de entender, y crear un estado de opinión que es irreversible, que puede dar lugar al desmembramiento de España sin beneficio para nadie, y menos para el pueblo español.

La Constitución tiene el artículo 143, el 151 y malo será que no se saquen de la manga otros para complicar las cosas y llegar al estado de «anomalías», que es lo que sucede ahora en España, que todo es anómalo.

Autonomía

Autonomía, sí, en las regiones en que la pide la mayoría, no en las que la piden cuatro señores, que sólo piensan en figurar y tener sus partiditos para hacer demagogia en beneficio propio, y no tienen respaldo popular.

El Gobierno del 14 de abril aprobó la separación de la Iglesia y el Estado y se decretó la libertad religiosa sin discriminaciones para nadie.

Se aprobó una ley de Divorcio en la que se podía obtener la separación de los matrimonios frustrados, consiguiendo igualdad para todos los españoles, sin distinción de castas o categorías, amparando los legítimos derechos de los hijos.

Se terminó la ley de Enseñanza Obligatoria No Confesional y se crearon más escuelas en dos años que en cien años del régimen anterior.

Se firmó asimismo un nuevo concordato con la Santa Sede, con diálogo abierto y fructífero por ambas partes.

Se hizo la reforma del Ejército, reduciendo sus cuadros de mando a las necesidades del país en aquellas fechas, sin perjudicar los intereses personales de los jefes y oficiales que se retiraron voluntariamente con todos sus haberes.

Se estudió y se pusieron las bases para una auténtica reforma agraria y para tratar de resolver las injusticias sociales perennes en nuestra historia.

Se concedió el voto a la mujer, a pesar de conocer los gobernantes de aquella época la influencia en España hasta esas fechas de los confesonarios, tan visitados por las mujeres españolas.

Cuando en 1933 se disolvieron las Cortes Constituyentes y se convocaron nuevas elecciones se cometió el gran error por el PSOE de no querer ir en conjunción con los republicanos de izquierda, por creer este partido que solo alcanzaría el triunfo, y efectivamente, el PSOE fue la minoría más numerosa del nuevo Parlamento, pero las derechas unidas alcanzaron la mayoría y gobernaron esos años hasta 1936, deshaciendo la labor de los primeros años de la República.

En las elecciones de febrero de 1936 vuelven los partidos de izquierda a concurrir unidos a las elecciones y, sin tomar parte en el Gobierno que presidía Portela-Valladares, vuelven a triunfar como ocurrió el año 1931, y un grupo de militares y la extrema derecha, la Iglesia y el gran capital se sublevan contra el poder constituido legítimamente, iniciando una guerra con el apoyo de las potencias fascistas, en contra de la democracia.

Este triunfo electoral está ligado completamente al ideario del 14 de abril y a los dos primeros años de república.

Tiene cierta gracia, aunque nos dé pena, cuando se nos repite que el cambio se ha hecho desde la legalidad. ¿Qué legalidad puede tener un régimen de fuerza por mucho que haya durado?

Admitimos que hubo en España en esos años un Estado de hecho, pero nunca de derecho.

La única forma de volver a la legalidad hubiera sido poner en vigor la Constitución del año 1931 y luego, si hubiera sido preciso, modificarla, pero dentro de un mecanismo constitucional, que podría haber sido:

1. Solicitar del pueblo español, mediante referéndum, la forma de Estado que prefiere.

2. Convocar Cortes Constituyentes.

3. Elaborar la Constitución.

Lo que tiene que hacer el Gobierno de España es gobernar para todos los españoles, no para su partido, y llamar a las cosas por su nombre, sin abusar del consenso, y ahora del concierto y quizá mañana del pastel.

El 14 de abril, repetimos, fue producto del renacer político y cívico del pueblo español; en él se conjugaron los deseos de profesores y alumnos, profesionales y artesanos, campesinos y obreros, artistas y comerciantes y, en general, todas las capas sociales, para dar a nuestro país nuevas estructuras políticas, económicas y sociales, de acuerdo con su tiempo.

Las instituciones seculares conspiraron directa e indirectamente contra la República; la oposición de ambos lados la atacaba con toda clase de pretextos. Para unos era demasiado avanzada, en cuanto «España», decían, «no estaba preparada para aquellos cambios»; otros creían que se iba demasiado despacio. ¡Qué diferencia con la actualidad, en que los consensos y conciertos privan a todos los niveles, con el deseo de no hacer nada aparentando que se sigue un camino de progreso.

El 14 de abril de 1931 requirió lo que es válido también hoy, en 1981: que los problemas nacionales se estudien y resuelvan en el foro nacional, que debe ser el Congreso de los Diputados, y que su soberanía sea acatada sin discusión por los demás estamentos.

Todas estas ilusiones y conquistas fueron destruidas por los mismos que se oponen ahora a que se consolide la democracia en España.

Esperamos que la energía de los actuales gobernantes impida volver a los años cuarenta.

Eduardo Prada Mansó es presidente de Acción Republicana Democrática Española (ARDE).

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