Los institutos vascos, sin educación física desde hace dos meses

La Consejería de Educación del Gobierno vasco recibe hoy en Vitoria a los representantes de las centrales sindicales y de la coordinadora de enseñantes de educación física de Vizcaya y Alava, sector que lleva dos meses de huelga en demanda, fundamentalmente, de su equiparación salarial y profesional con el resto del profesorado de enseñanza media, formación profesional y escuelas de magisterio.La movilización de los profesores de educación física se inició a mediados de febrero, junto con la del resto del profesorado contratado del País Vasco. El acuerdo logrado para el conjunto del sector dejó en solitario a los profesores de educación física, que han resentido vivamente desde entonces la indiferencia social existente en torno a sus reivindicaciones. Sólo a duras penas han ido rompiendo ese cerco a lo largo de la huelga, logrando paulatinamente el apoyo de las centrales mayoritarias y de las asociaciones de padres.

Esta indiferencia contrasta con las precarias condiciones salariales de estos titulados, que no sólo siguen cobrando entre 18.000 pesetas (los adjuntos) y 30.000 (los titulares), sino que, además, no cobran seminarios ni tutorías ni tienen derecho a cargos de responsabilidad docente en los centros. Un primer contacto con la Consejería de Educación del Gobierno vasco, el pasado día 17, sirvió para que se reconociera lo injusto de su marginación y humillante situación profesional, pero no para obtener de los poderes autonómicos un compromiso concreto en torno a los temas planteados.

Junto a la equiparación salarial, los profesores de educación física vienen reclamando desde hace meses el rápido desarrollo reglamentario de la ley de Cultura Física, aprobada en el Parlamento hace un ano, pero inaplicada todavía. El pasado 26 de marzo, un paro de veinticuatro horas de toda la enseñanza media de Vizcaya y Alava, ampliamente seguido, sirvió para constatar el apoyo de la enseñanza en general a estas reivindicaciones, pero no para modificar la actitud de indiferencia real que los interesados siguen denunciando en la Administración autonómica y central.