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Los ministros de Agricultura de la CEE estudian los nuevos precios agrarios bajo la presión de Francia

Soledad Gallego-Díaz

Rodeados de cerca de un millar de agricultores franceses e italianos, que expresan su cólera con cohetes y petardos, los ministros de Agricultura de los diez países miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE) intentan desde hace 48 horas, en Bruselas, ponerse de acuerdo sobre el aumento de los precios agrícolas para la temporada 1980-1981. El maratón, exigido por el Gobierno francés, que no quiere ver llegar las elecciones presidenciales sin dar satisfacción a sus campesinos, continuaba a última hora de la noche de ayer.

El edificio Charlemagne, donde se celebran los consejos de ministros de la CEE, parece una fortaleza militar, rodeado de varios centenares de policías con equipo antidisturbios, que vigilan atentamente los movimientos de los campesinos, venidos, fundamentalmente, de Francia e Italia y apoyados por pequeños grupos de belgas y holandeses. Según los organizadores, 20.000 agricultores, están preparados en estos países para «tomar el relevo» de sus compañeros. El despliegue policial no puede evitar, sin embargo, que algún ministro se haya quejado del ruido ensordecedor que provocan los manifestantes, con sirenas, bombas de feria y autoparlantes. Como tampoco pudo impedir la policía que en la madrugada del martes un coche que circulaba a buena velocidad atropellara y matará a un líder campesino francés de 55 años.La batalla por los precios agrícolas -la más dura de cuantas se dan todos los años en la CEE- agrupa en esta ocasión a Gran Bretaña, la República Federal de Alemania, Holanda y Dinamarca, partidarias de respetar la proposición inicial de la Comisión Europea, es decir, un aumento medio del 7,8%, y a Francia, Italia, Irlanda, Bélgica y Grecia, que exigen un incremento mínimo del 12%.

Los agricultores, por su parte, demandan a través del Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas (COPA) la cifra del 15,3%, aunque se trata, y ellos no lo niegan, de una «postura testimonial», absolutamente impensable con una óptica comunitaria.

La Comisión Europea, que intenta jugar un papel conciliador, propuso ayer por la tarde un «compromiso» sobre la base de un aumento medio del 8,8%, pero los grandes de la agricultura comunitaria, en este caso Francia e Italia, se negaron en redondo. Como siempre, los principales problemas se plantean con la posición del Reino Unido, menos flexible que la RFA a la hora de comprender la postura de sus socios. El ministro británico, Peter Walker, que lo es también de la pesca -otra batalla que continuará en junio próximo- no pierde la flema: «No veo por qué es tan urgente fijar los precios agrícolas esta noche», afirmó pacíficamente en una conferencia de Prensa, mientras en una sala contigua su colega francés, Pierre Mehaignerie, echaba chispas ante la posibilidad de abandonar Bruselas de vacío.

Walker empleará la carta del aumento de los precios para presionar una vez más e intentar conseguir mayores garantías para sus pescadores. «No conozco mejores comerciantes que los ingleses», ironizaba un diplomático francés.

Según los expertos comunitarios, un aumento del 12%, como el que reclaman Francia e Italia, supondría aumentar el presupuesto que la CEE dedica a la agricultura en, aproximadamente, 1.440 millones de dólares, lo que la Comunidad, que emplea ya más del 70% de sus ingresos en la política agrícola, no puede permitirse. Sin embargo, podría existir una vía de solución a través de la política monetaria. Los expertos de la Comisión estiman que la devaluación de la lira italiaria y la revaluación de la libra tiene una repercusión indirecta, pero importante, sobre los precios agrícolas.

Así, afirman, el aumento que se decida en Bruselas se verá incrementado en términos reales en un 9% para los productos agrícolas italianos, en un 2,5% para los franceses y en un 2,8% para los irlandeses.

Italia, que es la más beneficiada, parece dispuesta esta vez a dar, aunque sea sola, una seria batalla en beneficio de sus propios agricultores. No sólo exige un aumento medio considerable de los precios, sino que pretende que la Comunidad reequilibre el trato entre la llamada agricultura nórdica (carne, leche y mantequilla) y la agricultura mediterránea (frutas, legumbres, aceite de oliva y vino). Y no se conforma, en absoluto, con un aumento del 8% para el precio de intervención del aceite que propone la Comisión, limitándolo además a 700.000 toneladas, que Italia tendría que repartir con Grecia.

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