¿Qué política económica?

CONVOCADA POR el presidente del Gobierno, acaba de iniciarse una primera ronda de conversaciones con las fuerzas empresariales y sindicales. El contenido de qué propuestas tiene el Gobierno en la cartera es hoy por hoy desconocido, pero la revista semanal que edita el Ministerio de Economía y Comercio en su número del 5 de marzo analizaba la situación de la economía española y proponía una serie de recomendaciones de política económica que probablemente responde en cierta medida a los propósitos del Ejecutivo.Se caracteriza la economía española por un problema energético cuya factura equivale al producto del trabajo de 800.000 personas activas o a un valor equivalente al 60% de todas nuestras exportaciones de mercancías. En segundo lugar, en el sistema de ingresos públicos, el 50% corresponde a las cuotas de la Seguridad Social, que se definen «como un impuesto regresivo sobre el empleo con efectos negativos sobre la creación de puestos de trabajo». Un tercer rasgo distintivo -según el trabajo apuntado- es un rígido sistema de relaciones laborales y unos sindicatos en plena competencia «para ampliar sus áreas de influencia» y contrarrestar «la baja afiliación, altas tasas de abstención en las elecciones sindicales y la proliferación de movimientos asamblearios».

El resultado de estos sumandos ha provocado -añade la revista- un crecimiento relativo de los salarios superior al de los otros países de la OCDE. Los datos citados por ICE (fuente OCDE) arrojan un crecimiento de los salarios en España, entre 1973 y la primera mitad de 1980, del 64%, frente a un 32% en Italia, un 16% en Alemania y una caída del menos 5,4% en Estados Unidos; pero si se compara la evolución de la población ocupada resulta que mientras en Estados Unidos ha crecido en el pasado decenio desde 83 a 106 millones, en España ha descendido desde 12,3 a 11,2 millones. Pero es preciso señalar que para enjuiciar estos datos hay que entender que el nivel adquisitivo de los salarios en 1973 era todavía muy inferior al de otros países apuntados. Utilizar estos porcentajes alegre y arbitrariamente es, por eso, de una demagogia nada conveniente en los actuales momentos. El último rasgo negativo señalado es la existencia de un sector público «con un nivel de eficacia y productividad bajo», que además, como consecuencia de un aumento rapidísimo de los gastos corrientes y de las transferencias, ha pasado de un envidiable equilibrio a un déficit preocupante.

El panorama no es precisamente mejor para suscitar el entusiasmo. Quizá la primera tarea del equipo del Gobierno consista en contrastar su análisis con el de los representantes sindicales para identificar las coincidencias y, naturalmente, marcar las diferencias. Pero en el supuesto de que el examen de la situación no se apartase de modo significativo del elaborado por el Ministerio de Economía y Comercio, las prioridades de la política económica que el Gobierno esté dispuesto a adoptar no serán otras que las que traten de cambiar la situación descrita.

La crisis energética ha llevado a una carrera en los aumentos de los precios del petróleo que repercutirá negativamente cada vez más en el bolsillo del consumidor. En la medida en que no se ha producido el reajuste energético -y en que no se ha resuelto, con un debate nacional y abierto, el tema de lasenergías alternativas-, las pérdidas de muchas empresas y sectores recaen hoy en forma de subvenciones sobre los presupuestos y son causadirecta de su déficit.

El proclamado desajuste entre el crecimiento de salarios y beneficio empresarial apunta también a una mayor exigencia de austeridad por parte del Gobierno. Una política de este género debe ser contemplada con cautelas y el Estado no puede abordarla sin ofrecer en contrapartida una contención severa de sus gastos superfluos, eliminando la corrupción y el pluriempleo administrativo y mejorando sus rendimientos a través de un programa eficaz de inversiones públicas que contribuya a paliar el desempleo. Si las inversiones se aplican en los sectores claves y mejoran las perspectivas de rentabilidad de las empresas, aumentará el empleo y también se obtendrán unos mayores ingresos presupuestarios, producto de una actividad creciente, que permitirá apoyar una reactivacion económica durante el tiempo necesario como para que la crisis no sea una eterna pesadilla de nuestro régimen democrático. Pero pedir sin más austeridad a los ciudadanos a cambio de nada -cuando el esfuerzo fiscal de los últimos años ha ido a sufragar las corruptelas y trapisondas de la Administración- no es ya una mala política económica, sino una mala política a secas. La respuesta a la crisis está en la confianza y en la solidaridad de los ciudadanos. Dos cosas que si no genera el Gobierno -desde la ejemplaridad- darán la antorcha de las ilusiones y del futuro a quien tenga el valor y la eficacia de producirlas.