Responsabilidad y secreto

AUNQUE EL Gobiemo y la Junta de Portavoces -ésta por simple mayoría- adoptaran la decisión de reunir el Pleno del Congreso a puerta cerrada para que casi 350 diputados, conminados a mantener el secreto, escucharan las explicaciones del ministro de Defensa sobre el golpe frustrado del 23 de febrero, era del todo punto evidente, por aquello de que no se pueden poner puertas al campo, que la opinión pública terminaría por enterarse de lo sucedido. ¿A qué mente tan autoritaria o tan ingenua pudo ocurrírsele la idea de que más de trescientos representantes de la sobera nía popular, que deben disciplíiia a, sus partidos, pero también lealtad a suá electores, iban a guardar en secreto una información de tan alto interés para la sociedad española, que tiene todo el derecho del mundo a compartirlá con la clase política? ¿Cómo suponer que la responsabilidad de los periódicos a la que ahora se apela deba basarse en aceptar las presiónes para no publicar las noticias antes que en aceptar los riesgos de su función social?El único peligro derivado de ese secreto, tan imposible de guardar como el agua en un cedazo, era que la opinión pública conociera de manera desviada, confusa y manipulada lo que se le había impedido saber de forma directa, clara y segura. Varias decenas o tres centenares de canales de información díferentes hubieran podido incrementar la cosecha de intoxicaciones, rumores, bulos y fantasías en medio de la cual crece la cizaña sembrada por quienes se proponen llenar de zozobra, alarmismo, inquietud y derrotismo la moral de los ciudadanos. Afortunadamente, la decisión, libre y responsablemente adoptada en conciencia, de un número indeterminado de diputados ha permitido que la intervención del ministro de Defensa, grabadá en cinta, pueda llegar sin manipulaciones, deformaciones o intoxicaciones a la opiriión pública.

Digamos, de forma incidental, que el resuelto rechazo del presidente dél Gobiernó de la expresión «democ.racia vigilada» como inadecuada a la vida pública española después del 23 de febrero puede quedar empafíado por incidentes como el protagonizado ayer por la tarde por la oficina de información del Ministerio de Defensa, uno de cuyos funcionarios -comandante- se dirigió a los periódicos para pedir la no publicación de las cintas grabadas por varios diputados que obraban en poder de la Prensa. ¿Alguien se imagina a los directores de los diarios europeos o estadounidenses recibiendo este tipo de «recados» ministeriales por esta vía y sin más argumentación que «lo pide el ministro»? Pero no es el funcionario el responsable, sino el ministro que lo manda y el Gobierno que lo ampara.

¿Por qué un sector de los mismos diputados y ministros que aplaudieron, en el Pleno del 25 de febrero, a los representantes de los medios de comunicación resolvieron ayer, en cambio, castigarles en el cuarto oscuro con la idea de consolarles después con los mendrugos de una información parcial y sesgada? La luna de miel entre los políticos y los periodistas inmediatamente posterior al secuestro de los diputados y del Gobierno, qué mostraron su agradecimiento hacia los medios de comunicación por la labor realizada aquella trágica noche en defensa de sus personas y de la democracia, parece haber llegado a un abrupto final. En unas desafortunadas declaraciones a la Hoja del Lunes, Juan Díez Nicolás, nuevo secretario de información de UCD y vendedor de sus ilusiones, lanza la caballería contra los medios de comunicación haciéndoles culpables de que las cosas no marchen bien en este país e imputándoles, incluso, responsabilidades en el. desencadenamiento del golpe de Estado. No puede decirse, en verdad, que el flamante secretario de información de UCD haya entrado con buen pie en su nuevo cargo, pero forzoso es reconocer que, comparando sus declaraciones con el proyecto de ley enviado por el ministro de Justicia a las Cortes para recortar la libertad de expresión, clausurar periódicos e incautar rotativas, Juan Díez Nicolás resulta un amigo fraternal y un ser angelical.

Pero también pintan bastos en la Oficina de Informa ción del Ministerio de Defensa, que acaba de desautorizar «cualquier tipo de fuente oficial que no sea resefíada con su nombre, apellido y cargo o empleo en el Ministerio de Defensa o en la cadena de mando militar», y que facilite noticias sobre «el presunto desarrollo» (sic) del golpe de Estado frustrado del 23 de febrero. Para cumplir con esas severas instrucciones advertiremos que, en el mismo número en que nuestro colega Abc hacía pública tan curiosa nota, el teniente coronel encargado de esa. Oficina de Información firmaba con,su nombre y primer apellido, pero sin constancia de su cargo o empleo en el Ministerio de Defensa, un artículo repleto de juicios de valor, tan respetables como discutibles. La duda que nos cabe es saber si esta es la opinión, tan discutible como respetable, del señor Monzón o del jefe de Prensa del Ministerio de Defensa y del titular del ramo, y por qué un funcionario tan cualificado contesta a un periódico desde las páginas de otro sin haber apelado antes al diálogo directo.

Tantas son las llamadas a la responsabilidad de los periodistas desde el poder, que hay que recordarle hoy al poder que los periodistas responsables son los que publican noticias, no los que las callan. Y que decir que la Prensa y la libertad de expresión ayudaron a generar el golpe es una actitud casi tan golpista como la del propio general Milans del Bosch, contra el que nadie sacó los tanques, por cierto, cuando libremente se expresó contra la transición política en las páginas de A bc hace poco más de un año. Esta democracia es frágil y está en peligro, pero no puede despeñarse a base de huir locamente de quienes la persiguen. El golpe de Estado fue un acto criminal contra el pueblo español, no sólo contra el poder constituido. El silencio y ese particular sentido de la responsabilidad pueden hacerle quizá sentirse seguro al poder, pero nos hace más inermes e inseguros a los ciudadanos, de los que el poder procede en todo régimen de libertades.