España quiere colaborar en la modificación de la política agraria comunitaria y armonizarla con su potencial agrícola

La delegación española presentó ayer al Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea (CEE) su primer documento sobre el capítulo de la agricultura, el más espinoso de cuantos componen las negociaciones para la adhesión de España al Mercado Común. El documento, al igual que el que presentó en su día la Comunidad, se mantiene en términos abstractos, aunque deja claramente establecidos dos puntos: España desea participar -colaborar más exactamente- «en el proceso de reflexión interna de la CEE relativo a la adaptación y a la modificación del la política agraria comunitaria (PAC)», y advierte que, aunque no conviene exagerarlo, nuestro país posee un «cierto potencial agrícola» qué no debe ser anulado, sino más bien armonizado con el del resto de la Comunidad.

Las autoridades españolas parecen haberse decidido por la presentación de un documento que «no levante ampollas» en Francia, dado que las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina, «y no merece la pena dar un pretexto a París para que se vea obligado a reaccionar», según una fuente española. Los negociadores españoles han invitado la trampa de entrar en el estudio de los sectores de producción más conflictivos -aceite de oliva, vino y frutas y hortalizas, fundamentalmente-, tal y como se insinuaba en el documento de los comunitarios, hecho público en diciembre. «Sería preraaturo», afirma el documento español, «realizar estimaciones; sobre el impacto financiero de la adhesión, especialmente en, sectores concretos». El informe sale al paso también de «ciertas evaluaciones utilizadas en medios comunitarios» que, en opinión de los expertos españoles, «no reflejan la realidad».

Indirectamente se alude a los estudios realizados por la Comisión, según los cuales el aceite de oliva español puede costar a la Comunidad cientos de miles de millones de pesetas.

Las autoridades españolas -añade el documento- comprenden las dificultades por las que atraviesa la CEE y «han mostrado su solidaridad». «No ocultamos, sin embargo, que las negociaciones internas comunitarias sobre la política agrícola despiertan cierta inquietud en la Administración y en la opinión pública española». Madrid recuerda que el Gobierno está dispuesto a aceptar el acerbo comunitario en este sector, «aun sin conocer completamente todos sus elementos».

En este sentido, se «ofrece» la colaboración de España, «que está dispuesta a aportar sus ideas y su experiencia en el proceso de reexamen de la realidad dinámica del acerbo agrícola». «La participación de España en toda ,modificación de la PAC, dentro de un respeto absoluto a la autonomía de la Comunidad en cuanto a la toma de decisiones, podría suponer ventajas comunes». La colaboración podría extenderse «a las líneas de concertación y a medidas anticipadas convergentes que faciliten el proceso de la adhesión».

El Gobierno español reconoce que la adhesión de nuestro país exigirá «un enriquecimiento y una adaptación de la ieglamentación comunitaria en materia agrícola», así como períodos transitorios, pero matiza que deberán buscarse «soluciones justas y equilibradas», no sólo en materia de agricultura, sino en el contexto general de las negociaciones. Nueva alusión indirecta a la posición comunitaria según la cual los productos agrícolas españoles deberán esperar como mínimo de cinco a diez años antes de acceder libremente a los mercados europeos, mientras que España debería abrir inmediatamente sus frontera, tanto a los productos agrícolas como industriales comunitarios.

En respuesta a la queja de la CEE en el sentido de que la Administración española no proporciona toda la información necesaria, los negociadores españoles eluden suavemente la cuestión, señalando que harán el esfuerzo necesario, pero que «esos nuevos intercambios de información no deberían ser un pretexto para el retraso de las conversaciones, ya que el material proporcionado hasta el momento permite ya considerables avances».

El punto más detallado del informe español es el relativo al potencial agrícola de nuestro país. Los comunitarios han expresado en múltiples ocasiones su temor ante la posibilidad de que España aumente, gracias a su ingreso en la Comunidad, su producción agrícola. Los expertos españoles reconocen que existe «un cierto potencial», aunque, a su juicio, ha sido exagerado. Atajando los argumentos comunitarios según los cuales habría que asegurarse antes de la adhesión que nuestro país «no despega» demasiado rápidamente, el documento señala que no deberia tratarse de impedir el desarrollo de esa potencialidad, sino, algo muy diferente, buscar su racionalización y armonización, «especialmente en las superficies agrícolas, tanto españolas como comunitarias, que pueden ser consagradas a productos de sustitución». En definitiva, no se trata de impedir el desarrollo del potencial agrícola español, sino de hacerlo compatible con la agricultura comunitaria.