El ministro de Educación pide a la FERE que no politice la ley de Financiación de la Enseñanza

El ministro de Educación y Ciencia, Juan Antonio Ortega, pidió ayer, en el acto de clausura de la asamblea anual de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), que se evite la simplificación y la politización de la ley orgánica de Financiación de la Enseñanza Obligatoria. El ministro, que anunció su intención de iniciar inmediatamente la tramitación parlamentaria de dicha ley, señaló que «no debe haber politización contra la izquierda, ni contra el Gobierno, ni menos involucrar las insuficiencias del régimen democrático en el problema de la gratuidad de la enseñanza».

El proyecto de ley orgánica de Financiación de la Enseñanza Obligatoria fue enviado al Congreso en 1978 por el entonces ministro de Educación, lñigo Cavero. Posteriormente fue modificado por el ministro Otero Novas, y desde entonces su tramitación parlamentaria se encuentra detenida, a la espera de que sea designada la ponencia que informe el texto. «Pediré», manifestó Julian Antonio Ortega, «que en la primera reunión de la Comisión de Educación del Congreso, fijada para el próximo día 26, se eche a andar la ley de financiación, con el nombramiento de la ponencia».El ministro de Educación y Ciencia manifestó ante la asamblea de la FERE que el coste estimado de la aplicación de esta ley se cifra en unos 100.000 millones de pesetas, y que, habida cuenta de que el actual presupuesto para subvenciones a la enseñanza privada es de 55.000 millones, faltan otros 45.000. «Es absolutamente imposible», añadió, «Cubrir este año esos 45.000 miIlones, por lo que hay que pensar en un escalonamiento de la aplicación de la ley». Seguida mente, Juan Antonio Ortega señaló que en la tramitación del proyecto de ley de financiación será preciso aplicar lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, al anular en una sentencia el artículo 34 de la ley orgánica de Estatuto de Centros Escolares respecto al control y gestión de los centros privados, financiados con fondos públicos.

Gratuidad constitucional.

El ministro, que se definió como «ministro de la enseñanza pública y de la privada», recordó que la gratuidad de la enseñanza, prevista en la Constitución y en el propio programa de UCD, está condicionada por la situación económica y que por ello no era legítimo argumentar desde un planteamiento jurídico-formal que no se han cumplido los preceptos constitucionales sobre la gratuidad. Juan Antonio Ortega pidió la colaboración de la FERE para «que trate de desvanecer algunos prejuicios existentes en la sociedad española», y, para ello, que subraye que su interés básico es ofrecer una enseñanza religiosa, sin que aparezca reticente, sino a la vanguardia, de la participación social. En este sentido pidió también a la FERE que disipe toda duda sobre la orientación de sus centros hacia las clases más necesitadas y que cree las condiciones objetivas para que la ley de financiación pueda prosperar en un clima de colaboración, -al que no ayuda -dijo- el «mover la calle», añadiendo irracionalidad en el planteamiento de las reivindicaciones.