Puntualización de Oscar Alzaga

Con el mayor estupor he leído el extensísimo texto que incluye EL PAIS en las páginas primera y once del ejemplar de ayer en uno de cuyos titulares se dice: «Paralelismo entre un presunto documento eclesial y las enmiendas de Oscar Alzaga al proyecto de ley de Divorcio». Ante un increíble cúmulo de errores, acogiéndome al derecho, de réplica que me concede la legislación vigente, y muy en especial a tu amistad y al derecho de los lectores a recibir una información verídica, me veo en el deber de solicitarte la publicación de la presente, con el fin de aclarar los siguientes extremos:1. Mis creencias religiosas nunca han constituido obstáculo para comportarme en la vida pública con la debida independencia respeto a la jerarquía eclesiástica. Conocedor como soy de los tópicos anticlericales que se esgrimen con frecuencia y total ligereza -desde ciertos medios de difusión- sobre el «vaticanismo» de los parlamentarios que practicamos la religión católica, a raíz de iniciarse la discusión de la ley de Divorcio en la Comisión de Justicia del Congreso, que presido, tuve buen cuidado de abstenerme de mantener cualquier relación directa o indirecta con los miembros de la Conferencia Episcopal.

2. En mi condición de catedrático de la facultad de Derecho y de abogado en ejercicio, entiendo algo de normas jurídicas y creo no necesitar que ningún obispo me dicte enmienda alguna al proyecto de ley de Divorcio ni a ningún otro. En situación análoga se encuentra la totalidad de los diputados españoles, que no acostumbran a escribir al dictado. Estoy seguro de que los periodistas de EL PAIS también tendrán a gala no escribir al dictado.

3. No sé nada de ese fantasmal documento episcopal del que escribe tu periódico. He dedicado hoy algún tiempo a telefonear a parlamentarios de muy diversa significación política y resulta que tampoco ellos saben nada del mismo. De la prolija información que rectifico tampoco se deduce nada preciso sobre él. En efecto, se empieza por escribir que «miembros de un sector de la Conferencia Episcopal Española han podido enviar en las últimas semanas a destacados dirigentes de UCD un documento reservado que contiene objeciones al proyecto de ley de Divorcio en su actual redacción». Y junto a la vaguedad de la expresión «poder enviar», resulta que no hay manera de localizar a un dirigente de UCD -destacado o no que haya recibido tan desconocido documento. De otra parte, la noticia se atribuye a una «fuente centrista», es decir, está amparada en cierto anonimato. Tan sólo hay una pista cuando se indica que don Antonio Jiménez Blanco recibió el pretendido documento eclesial del obispo don Antonio Montero. Puesto al habla con el primero, he podido saber que hace más de dos años que no ve ni tiene noticia alguna del citado obispo, y que es plenamente ajeno a esta información.

4. El documento episcopal en cuestión, por tanto, ni creo que exista ni desde luego ha llegado nunca a mis manos. En cuanto al cotejo de párrafos que hacéis entre mis propuestas de modificación de este texto legal y el inexistente documento eclesial, es curioso observar que varias de «las coincidencias» consisten simplemente en propugnar, con o sin matices, algo tan simple como el retorno a las tesis del proyecto del Gobierno.

5. Todos sabemos que la Conferencia Episcopal tomó postura púbIica sobre el dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso en su muy difundida declaración de 3 de febrero de 1981, y que se ha abstenido de pronunciarse sobre fórmulas técnico-Jurídicas alternativas.

6. Como esto seguro de que un y periódico serio como EL PAIS no ha podido inventarse tan imaginativa novela, me permito sugerir el equívoco -provocado por alguien desde fuera, con intención que no debo juzgar- con alguna de las muchas notas con propuestas reaccionales diversas sobre los puntos controvertidos -que desde diciembre todos los parlamentarios

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