Inflación, paro, incompatibilidades

LOS RESPONSABLES de la política económica de todas las sociedades industriales se enfrentan, desde mediados de a década de los setenta, con una crisis de nuevas características, para la que no son ya válidas las recetas keynesianas y en la que el estancamiento y el desempleo coexisten con la inflación. Salvo en el caso de aquellos que se proponen acabar con la crisis económica fusilando a la inflación, arrestando a los precios y haciendo obligatorio el pleno empleo, la complejidad de la situación excluye el simplismo eufórico en los diagnósticos y en las propuestas, pero también el cinismo y la apatía.En España seguimos viviendo, en cualquier caso, bajo el doble signo de la inflación y del desempleo. Mientras la inflación decaía en los países industriales en la segunda mitad de 1980, en España volvía a trotar durante ese semestre. Entre tanto, el desempleo crece a un ritmo sostenido y sitúa ya el número de parados en 1.600.000, esto es, algo más del 12% de la población activa. En lo que respecta a los precios, al susto de la subida del índice del coste de la vida en enero se une ahora la generalizada alza que se abate sobre los bolsillos de los ciudadanos.

La subida del teléfono, cercana al 10%, aunque teóricamente encaminada a financiar el programa de nuevas inversiones, quedará probablemente atrapada en las redes del próximo convenio colectivo. A diferencia de lo que sucede en otros países, en España la Telefónica no consigue autofinanciarse y tiene que recurrir al mercado de capitales. Es cierto que unas tarifas telefónicas más elevadas permitirían una cierta autofinanciación y la programación de inversiones a medio y largo plazo. Pero también es verdad que el sueldo medio por persona empleada en la Telefónica se sitúa en 1.360.000 pesetas.

La Renfe, por su parte, anuncia una subida de tarifas el 12%. La falta de acuerdo entre la empresa y los empleados para rubricar un nuevo convenio amenazó con desencadenar una nueva oleada de paros e interrupciones de los servicios. Ese conflicto terminará, probablemente, con un acuerdo salarial por encima del 12,5%, lo que traerá consigo un mayor déficit y un servicio más caro, pero asegurará, en cambio, el mantenimiento o el agravamiento de las deficiencias e incomodidades que hoy padecen los usuarios.

De fuentes gubernamentales llega también el rumor de una subida de ocho pesetas en el litro de gasolina. Ahora bien, la depreciación de la peseta respecto, al dólar desde la última subida de diciembre sólo podría justificar un alza de dos pesetas por litro, dado que los crudos no han movido sus precios desde entonces. Cualquier elevación por encima de las dos pesetas significaría un incremento de la recaudación fiscal independiente de la depreciación de la peseta y del coste de los crudos.

Dentro de este mare mágnum de subidas se halla también la de los colegios. La coartada en este caso es el incremento de los sueldos de los enseñantes. Sabido es que el Estado subvenciona a buen número de centros privados, en su mayoría religiosos, con cerca de 50.000 millones de pesetas anuales, que no se están aplicando a rebajar los costes de la enseñanza, sino a sufragar las subidas de los profesores. Tal vez el dinero de los contribuyentes recibiera mejor trato si se adoptara el criterio de reducir las subvenciones a aquellos colegios que decidieran aumentos de las retribuciones superiores a las de los funcionarios públicos.

Pero tampoco el sector público da ejemplo con su comportamiento. Afines del pasado verano se puso de manifiesto la escasa predisposición del Gobierno para disciplinar el gasto público, recortar los gastos corrientes y reservar mayores recursos a los gastos de inversión. El presupuesto del último Gobierno Suárez, en el que Leopoldo Calvo Sotelo era vicepresidente económico, fue prácticamente el mismo que había preparado el anterior Gabinete bajo la inspiración de Fernando Abril. A pesar de las perspectivas deficitarias del sector público, el incremento de gastos de personal se cifró en un 12,5%, abriendo así la carrera de relevos para los convenios del sector privado. Lo más grave de esa decisión fue que las excepciones previstas en el acuerdo-marco para sectores o empresas en crisis del sector privado no se hicieron extensivas a las empresas estatales deficitarias, que siguen despilfarrando alegremente, con subidas salariales incluidas, el dinero de los contribuyentes.

Se diría que el Gobierno ha perdido los papeles del control administrativos y político del gasto. El ahorro del chocolate del loro en los gastos corrientes sería de agradecer sólo en el caso de que no fueran factibles recortes más sustanciales y medidas moralizadoras, como las previstas en el régimen de incompatibilidades, tan ferozmente combatidas por el portavoz del Grupo Parlamentario Centrista. Entre tanto, la carrera entre aumentos de costes e incrementos de precios, tarifas e impuestos parece convertirse en el rasgo característico de una economía que, sin detener la inflación, no podrá plantearse la forma de resolver el problema de 1.600.000 personas en paro. Sobre ese telón de fondo, una nueva disciplina académica, la economía política del golpismo, cosecha nuevos adeptos con su demagógica imputación a las instituciones democráticas de la crisis económica y con sus energicas promesas de enviar al paredón a la inflación y al campo de concentración al desempleo. Por todo ello, en un momento en el que se exige a los ciudadanos que se aprieten el cinturón y sean solidarios con los desempleados, un mínimo sentido del propio decoro debería aconsejar a los diputados de UCD y a su Gobierno que aprobaran en el Congreso un régimen de incompatibilidades para los funcionarios y los políticos que permitiera a nuestra clase política mirarse por la mañana en el espejo sin sonrojarse.