Las incompatibilidades pueden provocar nuevos enfrentamientos en UCD

«Tratamiento incompatibilidades en ley de Presupuestos es cuestión susceptible de afectar gravemente situación profesional y económica de los diputados.» A los tres meses de tan elocuente telegrama, enviado por Miguel Herrero de Miñón a los diputados de UCD, puede volver a desatarse una nueva rebelión de los parlamentarlos centristas contra el proyecto gubernamental de regular las incompatibilidades. El grupo de UCD del Congreso, que a partir de hoy estudiará el nuevo texto, adelantó ayer sus enmiendas, que circunscriben el ámbito de las incompatibilidades a "la coincidencia en el horario como criterio objetivo y lógico para su regulación."

Al proyecto de ley, que próximamente será debatido por el Congreso, se han presentado 79 enmiendas. Socialistas y comunistas han presentado enmiendas a la totalidad, con textos alternativos en que se amplía el ámbito de las incompatibilidades y enmiendas parciales al articulado en igual sentido. Los centristas, que en la primera quincena de febrero lograron ampliar el plazo de enmiendas a la ley de incompatibilidades, sólo han presentado dos como grupo parlamentario, aunque hay varias más procedentes de sus filas y presentadas a título individual.La división en el seno de UCD con respecto a la regulación de las incompatibilidades, contemplada por el artículo 15 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, estalló públicamente el 5 de noviembre pasado, tras la reunión de la ponencia que dictaminaba el proyecto. Los portavoces de UCD en la ponencia eliminaron el artículo referido a las incompatibilidades, mediante la aceptación de una enmienda de Coalición Democrática que proponía que tal regulación se remitiese a una ley especial, ante la sorpresa no disimulada de varios miembros del Gobierno.

Las razones aducidas por unos y otros para que se procediera o no a la regulación de las incompatibilidades en la ley de Presupuestos no estaban exentas de racionalidad, pero ocultaban el problema de fondo: la existencia de unas elites del funcionariado -un auténtico poder fáctico-, omnipresentes en todas las esferas del poder político y administrativo, que acaparan puestos y cargos en la Administración, en detrimento deldesempeno de cada uno de ellos. Los bajos sueldos que cobran los cargos cualificados de la Administración se compensan con el disfrute de varios puestos o la pertenencia a consejos de administración de empresas públicas o asesorías diversas, al tiempo que el sistema favorece todo tipo de nepotismos y corruptelas.

Tras la desaparición de la regulación de incompatibilidades de los Presupuestos del Estado, el Gobierno remitió en noviembre un proyecto de ley sobre este tema. Los acontecimientos políticos de los últimos meses habían congelado las controversias sobre la regulación de las incompatibilidades, que ahora vuelven a aparecer.

El grupo de UCD ha propuesto la sustitución parcial del artículo primero del proyecto de ley del Gobierno (reproducido en la parte inferior de esta página), en el sentido que de «los funcionarios públicos no podrán desempeñar más de un puesto de trabajo cuando exista coincidencia entre los horarios aplicables a los puestos correspondientes. Si la coincidencia de horarios fuera parcial, se aplicarán las retribuciones de haberes correspondientes en sueldos y complementos, salvo el familiar y los incentivos.

«La percepción de los complementos de dedicación exclusiva y de prolongación de jornada será incompatible con cualquier otra actividad pública remunerada». En otra enmienda, que propone su inclusión en el proyecto como artículo nuevo, los centristas afirman que la función pública debe ajustarse a la Constitución, que debe ser incompatible con el ejercicio de cuantas actividades puedan comprometer la imparcialidad del funcionario, y que el régimen de incompatibilidades «es aplicable a todos los funcionarios al servicio de la Administración del Estado, sus organismos autónomos, entidades locales y de la Seguridad Social».