La RFA puede reconsiderar su ayuda económica a Turquía

Antes de partir para Washington el próximo domingo, el ministro federal de Asuntos Exteriores, Hans Dietrich Genscher, se reunirá con una comisión de parlamentarios alemanes que se dedica esta semana a estudiar en Turquía las consecuencias que ha traído a este país el golpe militar del 12 de septiembre de 1980. Del informe de estos diputados, que pertenecen a todos los partidos del Bundestag, dependerá que la República Federal de Alemania incremente o reduzca drásticamente la ayuda financiera que presta al país del Bósforo en concepto de asistencia especial al desarrollo.

Desde que los países comunitarios dieron por bien venido el golpe militar turco, en el que vieron un instrumento de pacificación del país, la actitud alemana se ha decantado progresivamente y ahora, cinco meses después, incluso la Democracia, Cristiana federal (CDU) ha pedido, según una nota informativa difundida por este partido, que no se desligue de la ayuda económica a Turquía el problema de la violación de los derechos humanos. Ya antes del golpe armado, un grupo de veintiséis diputados socialdemócratas denunció graves irregularidades del Gobierno conservador en esta materia y pronostica que un golpe de Estado no sería en ningún caso una solución adecuada.Pero lo que más alarma a los políticos de Bonn es que Turquía no sólo no ha resuelto el problema del terrorismo, sino que su economía se ha deteriorado aún más, en buena medida por la resistencia de los militares a renunciar a un dirigismo extremo. En los medios económicos alemanes se especulaba la semana pasada, con ocasión de la visita a Bonn del vicepresidente del Gobierno turco, Turgut Cezal, que el destino de éste se encuentra ligado a la posibilidad de que los países de la OTAN, la OCDE y, sobre todo, Estados Unidos y la RFA pongan en marcha un nuevo programa de emergencia para ayudar a Ankara y doten a Turquía de un fondo de divisas de hasta 2.000 millones de dólares. Sin embargo, la experiencia de la ayuda prestada tras el golpe armado es negativa para los países acreedores y el ministro de Economía de Bonn, Hans Matthoefer, no parece dispuesto a seguir actuando como coordinador de la ayuda internacional a Turquía.

Bajo rendimiento de la industria estatal

Las razones son complejas, pero convertibles en una sola: la deuda exterior turca se sitúa ya en 2 1.000 millones de dólares, de los que 6.200 millones corresponden a intereses. La banca y el empresariado alemán se muestran reacios a cooperar, en especial porque los militares pretenden conservar y ampliar el efecto proteccionista sobre determinados sectores deficitarios, como el de automoción, a base de subvenciones. Algo similar cabe aplicar a otras industrias nacionalizadas, herencia del keinalismo, que en la actualidad cuentan en total con 700.000 empleados, pero cuyo rendimiento se encuentra a un 29% de sus posibilidades.Para la RFA existen otros factores peculiares que obligan a este país a cooperar en una estabilización económica de Turquía. En Alemania Occidental se encuentran establecidos más de 1.500.000 turcos que, en modo alguno, quieren regresar a su país de origen. Sobre todo en las actuales circunstancias. La inseguridad política, acentuada con el golpe militar, ha tenido como efecto que estos trabajadores han reducido drásticamente sus envíos de dinero a Turquía. El paro es ya en este país un fenómeno que afecta «tormalmente» a 2.500.000 trabajadores y que podría alcanzar a otro millón, temen los «kemalistas», si el vicepresidente del Gobierno, Cezal, pone en marcha en las actuales circunstancias su programa de plena orientación hacia la economía de mercado.

Presiones

Las presiones norteamericanas sobre el Gobierno de Bonn ya se hicieron sentir la semana pasada. Washington quiere por todos los medios que Turquía sea un miembro fuerte de la OTAN, sobre todo a la vista de las dificultades que interponen los griegos en las nuevas negociaciones con Estados Unidos para la prolongación del uso por las tropas norteamericanas de una veintena de bases.La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha pedido a la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la CEE) que suspenda el acuerdo de asociación de la Comunidad Europea con Turquía de 1964, «mientras persistan las violaciones de los derechos fundamentales», según se supo ayer en Bruselas.

La CES, que también ha solicitado la expulsión de Turquía del Consejo de Europa, basa esta petición en los «numerosos informes sobre malos tratos y torturas de que han sido víctimas sindicalistas arrestados».

«El terrorismo y la violencia», afirmó Mathias Hinterscheid, secretario general de la CES, «son ahora una práctica corriente de las autoridades políticas turcas y solamente medidas draconianas internacionales pueden persuadirles de volver a la democracia».