Nota oficial sobre las destituciones militares
El Ministerio de Defensa, a través de su Oficina de Información, Difusión y Relaciones Públicas, hizo pública ayer la siguiente nota:«1. El teniente general Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra ha dispuesto el cese y posterior arresto del general de división don Alfonso Armada Cornyri, segundo jefe del Estado Mayor del mismo Ejército de Tierra, en relación con su actuación durante los días 23 y 24 de febrero y en función de los resultados derivados hasta el momento de la investigación abierta sobre los hechos relacionados con el asalto al Congreso de los Diputados».
«2. Y ello como consecuencia de la existencia de indicios que apuntan al intento no constitucional de asumir por su parte la Presidencia del Gobiemo».
«3. La investigación abierta elimitará en sus justos términos las responsabilidades de los implicados, a cuyo efecto ya se han iniciado en la I y III regiones militares los correspondientes procedimientos judiciales, para cuya continuación el Gobierno, oído el Consejo Supremo de Justicia Militar, y en términos del artículo 143 del Código de Justicia Militar, ha acordado designar juez especial con jurisdicción en todo el territorio nacional, al consejero togado don José María García Escudero ».
«4. De las declaraciones formuladas por los presuntamente inculpados, actualmente detenidos, se están derivando posibles responsabilidades en otros cuadros de mando que están siendo corregidas, en principio, por sus respectivos superiores jerárquicos, sin perjuicio de las actuaciones judiciales posteriores a que pudiera haberlugar. En este orden de ideas, ha de señalarse el cese, como jefe de la División Maestrazgo número 3, del general don José León Pizarro y el arresto del general don Luis Torres Rojas, gobernador militar de la plaza y provincia de La Coruña, y del coronel don José Ignacio San Martín López, jefe de Estado Mayor de la División. Acorazada Brunete, número 1».
«5. La opinión pública tendrá, en su momento, cumplida información sobre los hechos y las responsabilidades de las personas implicadas en los mismos, a medida que avance la investigación abierta y siempre bajo la cautela del secreto del sumario para no peijudicar el curso de las investigaciones».
«Mientras tanto, este Ministerio hace una llamada a la responsabilidad informativa de los distintos medios de comunicación social para evitar especulaciones y difusión de noticias insuficientemente contrastadas. Todo ello para no causar prejuicios morales contra el honor de las personas y el buen nombre de las instituciones».
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