El Tribunal Español por los Derechos Humanos acusa de genocidio a la Junta gobernante

El Tribunal Español por los Derechos Humanos en El Salvador, reunido el viernes en un hotel madrileño, acusó a la Junta de Gobierno salvadoreña de llevar a cabo un «inequívoco genocidio contra el pueblo» y le imputó la comisión de gravísimas violaciones de los derechos humanos, agravadas por la premeditación y la alevosía, incluida ésta en todo tipo de asesinatos contra niños. El Tribunal responsabilizó de estas acciones a los sucesivos Gobiernos salvadoreños desde 1972, y muy especialmente a la actual Junta y a cada uno de sus miembros, así como al Gobierno de Estados Unidos, por su apoyo a los gobernantes de este país. El organismo español dirigirá un llamamiento a todos los Gobiernos del mundo para que cese toda clase de apoyos a la Junta.Forman parte del tribunal, entre otros, Justino Azcárate, Josep Benet, Enrique Gimbernat, Gregorio Peces-Barba del Brío, Carlos París, Jaime Miralles, Joaquín Ruiz-Giménez Aguilar, Alberto Iniesta y J. L. Martín Prieto.

La declaración del Tribunal fue precedida por la muestra de pruebas recopiladas por el Socorro Jurídico del Arzobispado de San Salvador, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, la Asociación Española de .Derechos Humanos y otras entidades internacionales. Asimismo, siete testigos comparecieron ante el Tribunal para prestar versiones de primera mano sobre la actual situación salvadoreña.

Entre los testigos se encontraba la religiosa norteamericana de la orden de Mary Knoll Marine Rofferson, el claretiano español Benjamín Forcano, el sacerdote de la Iglesia evangélica española Luis Ruiz Poveda; Rutilio Sánchez, representante para Europa del FDR salvadoreño, y Carmelo García, secretario de la IEPALA.

Algunos de estos testimonios fueron conmovedores, como los ,del religioso Forcano, que con detalles espeluznantes describió la matanza del río Sumpul, en mayo de 1980, en la cual seiscientos campesinos salvadoreños, entre ellos 150 niños, fueron asesinados por el Ejército de El Salvador con el apoyo del Ejército de Honduras, en la zona de Las Aradas, en la frontera común de ambos países. El Ejército hondureño, según dijo Forcano, devolvió a los supervivientes a El Salvador.

Todas las intervenciones pusieron de manifiesto qué el pueblo salvadoreño ejerce ante sus actuales gobernantes su derecho a la legítima defensa, en virtud de que las matanzas son indiscriminadas. Este fue recogido en la declaración final del Tribunal, que puso de relieve la implementación de los suministros de armas norteamericanas. También se denunció el papel de una parte de la DC salvadoreña.