Las revisiones técnicas de los vehículos son irrealizables

El real decreto sobre inspección técnica de vehículos, que publicó el Boletín Oficial del Estado anteayer, es una idea plausible pero ni nueva ni, desgraciadamente, aplicable en este momento y en este país. Para poder realizar las inspecciones que especifica el real decreto serían necesarias unas estaciones especialmente preparadas, que no existen, y un número de inspectores también inexistente. El real decreto quedará, así, en una plausible idea, lamentablemente, irrealizable por el momento.Pero ni siquiera es una idea nueva. En teoría, al menos, desde hace mucho tiempo deberían haber funcionado estas estaciones donde poder realizar las inspecciones técnicas de los vehículos, y debería haber también el número de técnicos suficientes para llevarlas a cabo. Ni una cosa ni la otra se han podido llevar a la práctica hasta el presente, y tampoco podrán hacerse en un futuro próximo. Un montaje de esta magnitud no se improvisa.

De nada sirve ordenar por real decreto el parque de vehículos de este país, con el máximo rigor posible, si después no puede llevarse a efecto. Porque, de los nueve millones de vehículos que teóricamente ruedan en España -ni siquiera esta cifra es fiable, porque no existen datos estadísticos rigurosos al respecto-, las dos terceras partes, aproximadamente, tendrán más de cinco años, con lo que se verán afectados por las disposiciones del nuevo real decreto.

Por, otra parte, los vehículos de transporte también tendrán que pasar reyisiones específicas. Pero ya tenían que superar estas revisiones anteriormente para conseguir que se les renovasen las tarjetas de transporte, y, sin embargo, el estado de muchísimos de ellos, con decenas de años y centenares de miles de kilómetros -se puede apreciar con facilidad por cualquier carretera del país-, es visiblemente lamentable. Porque el vetusto parque nacional de camiones incluye 1.300 que tienen más de treinta años de vida, un millar con más de veinticinco, más de 3.000 que tienen más de veinte años de vida y casi 33.000 con más de quince. Casi ninguno de ellos podría formar parte del parque de camiones de los países del Mercado Común.

Eso pone en evidencia que, en muchas provincias, los encargados de la inspección técnica de los vehículos -labor generalmente encomendada a los delegados provinciales de Industria- han tenido, cuando menos, una flexibilidad sorprendente. Una manga ancha más propia del que actúa en defensa de los intereses de los directamente afectados que del encargado de velar por una imprescindible seguridad vial de dichos vehículos.

Finalmente, por lo que respecta a los vehículos nuevos, antes de ser matriculados, éstos ya tenían hasta ahora que superar una teórica inspección por parte de los ingenieros inspectores del Ministerio de Industria y Energía. De hecho, en cada documentación de un coche nuevo salido de una fábrica nacional figura la teórica aprobación por parte del correspondiente ingeniero de Industria. Por esa teórica inspección -en realidad, por la firma con el visto bueno-, los ingenieros de Industria respectivos perciben una cantidad de dinero que, multiplicada por el número de unidades que cada día salen de las fábricas de automóviles -cifra que, naturalmente, imposibilita una inspección de cada unidad-, alcanza cotas Importantes.

En resumen, pues, el nuevo real decreto publicado en el BOE de ayer sobre las inspecciones técnicas quedará, como tantos otros, en una buena declaración de intenciones difícilmente aplicable.

Para paliar la ausencia de las estaciones técnicas donde poder llevar a cabo las inspecciones, la Federación Nacional de Talleres ofreció sus servicios a la Administración. Sin embargo, ni el precio teóricamente estipulado por ésta para dichas revisiones -completamente alejado de la realidad actual-, por una parte, ni la propia fiabilidad de todos los talleres, por la otra, parece haber aconsejado la aceptación del ofrecimiento.