Los socialistas anuncian un programa de lucha contra las irregularidades sanitarias de la Seguridad Social
El PSOE anunció ayer la puesta en marcha de un programa de lucha contra las irregularidades en el sistema sanitario de la Seguridad Social. El miércoles, el PSOE presentó una enmienda a la totalidad y varias parciales al proyecto de ley de incompatibilidades, cuya repercusión en el campo sanitario y de la Seguridad Social incide de forma fundamental en el cuadro de principios y medidas que contempla aquel programa de lucha contra la corrupción.
Ciriaco de Vicente, secretario federal de política sectorial, y Pablo Recio, delegado federal de salud del PSOE, señalaron en una conferencia de Prensa las líneas generales al respecto.«No queremos destruir la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, como se nos ha acusado, sino todo lo contrario», dijo Ciriaco de Vicente; «ni creemos que conduzca a ello la denuncia de anomalías e irregularidades, sino el saneamiento que está necesitando de manera imperiosa el sistema».
Política de correcto gasto
«La proliferación de denuncias sobre presuntas corrupciones significa que en este período de democracia se pueden decir estas cosas; pero la ausencia de respuestas de solución a tales problemas por parte del Gobierno, que es quien tiene los medios para ello, cuestiona la misma democracia, así que seguiremos denunciando las irregularidades», añadió, e invitó a la opinión pública a comunicárselas para llevarlas adelante en el Parlamento.Para el PSOE, según su portavoz, la cuestión no se reduce tanto a solucionar casos concretos de irregularidades como a la necesidad de una política de correcto gasto. «Creemos que UCD no quiere y no tiene capacidad para ello, pues no ha conseguido nada con cuatro ministros de Sanidad y Seguridad Social».
El Gobierno debe presentar un programa de saneamiento, según el PSOE, que sería apoyado por este partido. «Lo que no se nos puede pedir es consenso para reformar, cuando de lo que se trata es de aplicar el Código Penal, y para ello no es necesario el consenso», dijo Ciriaco de Vicente.
Lo que los socialistas piden es una reestructuración de los servicios de inspección del Insalud, endurecimiento de las sanciones administrativas, normalización de los procedimientos gestores, determinación precisa de las normas y controles en los concursos de obras y adquisición de material e información periódica al Parlamento.
La problemática de los enfermos privados en los centros de la Seguridad Social es contemplada por los socialistas en las enmiendas al proyecto de ley de incompatibilidades. Su criterio es que sólo en caso de urgencia, o necesidad justificada los pacientes ajenos a la Seguridad Social sean atendidos en centros de ésta, y siempre en igualdad de trato, así como que su facturación sea ejecutada y cobrada por la institución médica, y no por el funcionario que haya realizado el servicio.
En este orden, el criterio tiende a que tales ingresos repercutan en la institución y no en beneficio de unos pocos funcionarios. Ahora bien, se contempla la necesidad de retribuir a todos ellos con un suplemento económico en concepto de su dedicación exclusiva.
Incompatibilidades
En cuanto a la situación actual de los conciertos de la Seguridad Social con entidades sanitarias privadas, el PSOE entiende que no es compatible el ejercicio de la función pública con la titularidad individual o compartida en el capital social, o por medio del trabajo, en empresas privadas concertadas con la institución donde se ejerce la dedicación de funcionario.Relacionado con este tema, se contempló lo concerniente a las incompatibilidades de funcionarios tratadas por el proyecto de ley del Gobierno. La vinculación de estas incompatibilidades con la reforma del sistema sanitario y los plazos a tener en cuenta mantienen una interrelación incuestionable. El PSOE considera conveniente un plazo de cuatro años para la reestructuración de los colectivos sanitarios de la sanidad local, forenses y personal que desempeñe más de dos puestos extrahospitalarlos de dedicación parcial. Es decir, no dos años, como estima necesario para el resto, ni seis, como contempla el proyecto de ley, y considerando como estudio aparte el respeto a los derechos adquiridos.
Sobre el Fondo de Ayudas a la Investigación, el PSOE considera que, si bien resulta positivo el reciente carácter institucional de que se le ha dotado, es, cuando menos, poco democrática su autonomía y desconexión de órganos de control. Pide su integración en el Insalud y la eliminación de la concentración de poderes que actualmente recaen en el director del mismo, lo cual puede prestarse a convertir el Fondo en un centro de poder de una persona o un grupo reducido de personas.
A este respecto, el PSOE tiene la intención de presentar una proposición de ley para intentar la remodelación del Fondo de Ayudas a la Investigación, en la que se contemplará, además de su integración en el Insalud, la democratización de su funcionamiento y la modificación de sus estructuras.
