Los ministros de Pesca de la CEE estudiarán mañana la nueva propuesta española para desbloquear las negociaciones

El Consejo de Ministros de la Pesca de los diez países miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE), que se inicia mañana, lunes, en Bruselas, realizará un último esfuerzo por encontrar una solución a los graves enfrentamientos internos que impiden la creación de una política común. En este clima de gran tensión, provocada por sus propios desacuerdos, los comunitarios examinarán también la nueva propuesta española para desbloquear las negociaciones y lograr un acuerdo que permita a nuestros pesqueros volver a faenar en aguas de los diez.

Las negociaciones internas en la CEE se han realizado en las últimas horas al más alto nivel. El presidente Giscard d'Estaing y el canciller Schmidt hablaron de los problemas pesqueros en la cumbre que acaba de terminar en París, y la primera ministra Margaret Thatcher ha planteado también la posición británica en el transcurso de su visita oficial a Holanda. Este «lanzamiento» del problema de la pesca a los máximos niveles del Ejecutivo europeo explicaría la rápida visita del ministro de Agricultura español a Bruselas y La Haya, en un intento de «reemplazar» las gestiones que debería haber realizado el propio presidente del Gobierno, dimitido.El momento «elegido» por España para plantear su «alternativa» es, sin duda, «inoportuno» desde el punto de vista de los comunitarios. España permaneció «pasiva» en la última reunión del Consejo de Ministros, a la espera de un acuerdo interno que no llegó, y se ve obligada ahora, a toda velocidad y con los pesqueros amarrados en sus puertos, a movilizar su diplomacia para intentar arrancar de la CEE algunas licencias más de las 115 ofrecidas por la Comisión. En el intermedio entre ambos consejos, y aunque los negociadores españoles se nieguen a admitirlo no sería descabellado suponer que España habrá alternado amenazas y ofertas de contrapartida a los países más reacios a escuchar sus argumentos.

Los gobiernos comunitarios deben hacer frente a fuertes presiones por parte de sus propios pesqueros. En Francia, las elecciones presidenciales obligan a Giscard a intentar aplacar a sus levantiscos pescadores, pero la situación es muy parecida en Holanda, donde las elecciones están aún más próximas. En el Reino Unido, país que tiene la llave del acuerdo (el 60% de las reservas de pescado comunitarias está en sus aguas), ochocientos pesqueros están bloqueados en los puertos de Escocia, como protesta por las importaciones de pescado holandés. En la República Federal de Alemania, la situación no es menos desesperante: la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Canadá ha hecho que sus pesqueros tuvieran que regresar a puerto. El ministro alemán ha llegado a amenazar a Londres con revisar el acuerdo de Bruselas por el que se disminuyó considerablemente la participación británica en el presupuesto comunitano.

Impacto sobre los nuevos precios agrícolas

Y, como telón de fondo, el impacto político que un nuevo fracaso de los ministros comunitarios de la Pesca tendría en las negociaciones paralelas para fijar los nuevos precios agrícolas, el tema más espinoso de cuantos se plantea anualmente la Comunidad Económica Europea. Los alemanes, exasperados por la inactividad de su flota, lo han advertido repetidamente.

El problema que plantea España es, a los ojos de la CEE, «menor». Ahí están Canadá (que se niega a aceptar que los daneses realicen pesca industrial y que exige, además, la apertura de los mercados europeos a sus propios productos de la pesca), Angola, Guinea-Bissau, Mauritania (Italia exige un acuerdo para sus pesqueros), Malta, las islas Feroe.... una interminable lista de problemas cuya solución exigen los intereses de los propios países miembros. España, presionada por el tiempo y por la forma en la que se desarrollaron las negociaciones, debe limitarse a confiar en que los diez logren un acuerdo interno y acepten aumentar su oferta hasta un límite «digno». Claro que el listón ha sido puesto, según fuentes oficiales españolas, en una cifra cercana a las 160 licencias y las 11.000 toneladas de merluza, y los comunitarios se han mostrado hasta ahora inflexibles.