La ley de Divorcio puede quedar definitivamente devaluada o "aparcada" por el nuevo Gobierno

La sesión parlamentaría de investidura del candidato que proponga el Rey para la Presidencia del Gobierno no se celebrará hasta después del II Congreso de Unión de Centro Democrático (UCD), y no es seguro que pueda iniciarse el martes, 10 de febrero. La principal consecuencia legislativa de este retraso será el aplazamiento del debate del Pleno del Congreso sobre el divorcio, cuyo proyecto de ley podría quedar definitivamente devaluado o aparcado a causa de la crisis de Gobierno desencadenada por la dimisión de Adolfo Suárez, en torno a la cual sería parlamentariamente viable una sesión plenaria de la Cámara baja.

El retraso de la sesión de investidura, tiene como causa la inexistencia, por el momento, de un candidato con apoyos suficientes como para que la puesta en marcha de los mecanismos parlamentarios no resulte estéril. Mientras tanto, se abre paso en medios parlamentarios la conveniencia de una sesión plenaria que clarifique las razones reales de la dimisión de Adolfo Suárez y permita que fueran sometidas a debate.Durante la última reunión de la Mesa del Congreso, el pasado viernes, el vicepresidente segundo de la Cámara, el socialista Luis Gómez Llorente, planteó su preocupación por la formalización de la dimisión presidencial. El presidente, Landelino Lavilla, estimó que una fórmula correcta sería que el presidente dimitido remitiera una comunicación del Gobierno. De acuerdo con el artículo 143 del vigente reglamento y con las normas de desarrollo dictadas por la Presidencia, las comunicaciones del Gobierno pueden suscitar un debate que se inicia con una ampliación de la comunicación por parte del presidente del Gobierno o del ministro designado para intervenir, y concluye con la votación de las propuestas de resolución formuladas.

Por lo que se refiere a los proyectos de ley pendientes de inminente debate -el de Divorcio, ya dictaminado por la Comisión de Justicia, estaba programado para el primer Pleno de febrero-, el signo político con que se resuelva la crisis afectará a la continuidad o alteración del contenido y el calen dario para la regulación de los textos legislativos más progresivos , entre ellos el de divorcio. Entre las posibilidades que se barajan figura el regreso al proyecto Cavero, o el aplazamiento del debate hasta después de la venida de Juan Pablo II a España, en octubre próximo.

Iniciativa legislativa

Aunque la Comisión de Justicia aprobó en diciembre el proyecto Fernández Ordóñez, la iniciativa legislativa que constitucionalmente corresponde al Gobierno le permite retirar el citado proyecto de ley y el de autonomía universitaria, o solicitar su aplazamiento mediante el establecimiento de un orden de prioridades distinto del mantenido por el Gobierno Suárez. El artículo 100 del reglamento del Congreso establece que «el Gobierno no podrá retirar un dictamen emitido sobre un proyecto debido a su iniciativa, cuando sobre todos sus artículos haya recaído acuerdo del Congreso». Tal acuerdo se entiende que ha de ser del Pleno, y de ahí el interés de los ministros socialdemócratas por llevar a un Pleno de diciembre ambos proyectos. De haber acuerdo del Pleno, el único escollo sería el Senado, y la pugna entre las Cámaras podría resolverse con la unión de la oposición y el sector progresista de UCD.

Preocupación parlamentaria por la situación de transitoriedad

Hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, la situación de transitoriedad del actual ha suscitado preocupación parlamentaria. La Mesa del Congreso decidió el viernes último que sólo mediante la retirada expresa de los textos pendientes podrá decaer su viabilidad legislativa. Landelino Lavilla manifestó que, en todo caso, la sesión de investidura debería tener obvia prioridad sobre la continuidad de los trabajos pendientes del anterior período de sesiones.Una nota de los letrados de la Cámara, a la que ha tenido acceso EL PAIS de fuentes ajenas a la Mesa, atribuía al actual Gabinete Suárez el carácter de Gobierno «de mera gestión, carente de poder para adoptar medidas de transcendencia política», y estimaba «inevitable la suspensión de los trabajos parlamentarios sobre proyectos de ley respecto de los cuales se han manifestado actitudes encontradas e irreconciliables, porque en definitiva el liderazgo reconocido al Gobierno parece que no ha de predicarse de un Gobierno en funciones». La nota letrada causó la natural alarma entre los miembros de la Mesa, incluidos los centristas críticos, y su formulación no prosperó.