Ultimátum a la Prensa

Los directores de los más destacados periódicos italianos han tenido que tomar, en los últimos días, la decisión más difícil de su vida. Se han visto obligados a decidir si ceder al chantaje de las Brigadas Rojas y a los angustiantes ruegos de la esposa del juez secuestrado, Giovanni d'Urso, y publicar de forma íntegra dos declaraciones de los terroristas, que habían prometido liberar al prisionero tras su publicación, o si negarse a sus peticiones, sabiendo que podía morir un hombre.Con algunas excepciones, incluyendo una cadena de pequeños diarios socialistas y los diarios de extrema izquierda, todos los diarios nacionales, excepto Il Messagero, se negaron a ceder al chantaje a las pocas horas de haberse dado la amenaza.

El mismo Gobierno y el poder judicial, que ya se han visto anteriormente enfrentados a ultimatos similares, han mostrado en esta ocasión menos determinación. El Gobierno había cerrado la cárcel de máxima seguridad de Asinara, tal como pedían las Brigadas Rojas, afirmando, sin embargo, con algo de verdad, que tal plan se había decidido y se estaba llevando a cabo antes del secuestro del juez D'Urso.

Un juez (posteriormente amonestado por el ministro de Justicia, que sin embargo no tiene ninguna autoridad en la materia) había liberado a un individuo sospechoso de terrorismo afectado por un cáncer muy avanzado, afirmando también que su decisión no era una concesión a las peticiones de los terroristas.

Asimismo, dos grupos de terroristas encarcelados se habían podido reunir libremente con parlamentarios de¡ Partido Radical durante tres días, al objeto de negociar el destino del juez D'Urso, y el Gobierno no hizo nada para impedir las reuniones, de una legalidad altamente dudosa. Los radicales, que llamaron a sus interlocutores «nuestros camaradas asesinos», posteriormente hicieron que se leyeran públicamente los documentos que habían recibido en una sala de sesiones de la Cámara de Diputados.

No satisfechas con todo esto y con las muestras de confusión mostradas por la coalición gubernamental (en la que los socialistas se mostraron de nuevo menos firmes que los otros partidos en el rechazo de las negociaciones con los terroristas), las Brigadas Rojas finalmente presentaron su ultimátum dirigido a los directores de los periódicos.

Los periódicos. italianos ya habían tenido que hacer frente en el pasado a un problema parecido, pero en términos generales y en un asunto relativo a la política de Estado. Era un caso en el que resultaba más fácil adoptar una postura firme. En 1974, las Brigadas Rojas secuestraron por vez primera a un juez, Mario Sossi, y amenazaron con matarle si no se liberaba a algunos de sus compañeros encarcelados. Como director de La Stampa, escribí que el Estado no podía someterse a tal chantaje, y toda la Prensa adoptó una actitud semejante; el juez Sossi fue puesto en libertad.

Cuando se produjo el secuestro de Moro, la Prensa también se opuso a todo tipo de concesiones Esta vez, algunos directores habían anunciado con anterioridad que suprimirían totalmente todos los documentos de las Brigadas Rojas, para no convertirse en una herramienta de los terroristas. Pero no fue fácil tomar esa decisión final. En primer lugar los directores de los periódico son ciudadanos privados, no funcionarios públicos, y los periódicos no son el Estado.

Era también muy difícil dejar a un lado los angustiados ruegos de la señora D'Urso, quien suplicó la publicación de los documentos en la televisión y en reuniones personales con algunos directores de periódicos. ¿Qué importancia tienen unas pocas palabras impresas -dijo ella- comparadas con la vida de un hombre?

¿Por qué, entonces, los directores, con estás pocas excepciones, contestaron negativamente? Mi sucesor en la dirección de La Stampa, Giorgio Fattori, escribió: «No aceptamos ninguna imposición de nadie sobre lo que tenemos que publicar, y menos de personas que están fuera de la ley». El director de La Reppublica, Eugenio Scalfari señaló que razones humanitarias obligaban a dar una respuesta negativa; el texto que tenían que publicar los periódicos anunciaba nuevos actos terroristas y fututas peticiones, a fin de desestabilizar la República. Una muestra de debilidad fomentaría tales acciones y los posteriores actos criminales por parte de las Brigadas Rojas costarían muchas más vidas.

Fattori señaló que los periodistas ya han pagado un alto precio por su postura antiterrorista, incluyendo el asesinato del subdirector de La Stampa, Carlo Casalegno, en 1977. Así pues, los directores de los periódicos no «jugaban con vidas ajenas» por mor de un principio abstracto. Ellos, así como el enorme número de periodistas que trabajan diariamente en este campo sin protección oficial, saben muy bien lo que arriesgan.

No hay ningún motivo para avergonzarse si una sociedad humana, abierta y democrática, tiene momentos de duda y tentaciones de debilidad frente a tales situaciones. Pero sólo la firmeza puede derrotar al terrorismo, y sería estúpido sentir debilidad justo cuando, por fin, la policía y los carabinieri están empezando a ganar esta guerra, a pesar de que las últimas batallas serán aún largas y costarán muchas vidas.