Las Brigadas Rojas dan un plazo de 48 horas antes de asesinar al juez D'Urso

Viene de primera páginaEl golpe teatral de los socialistas causó tal impacto, que los diversos grupos del Parlamento decidieron convocar de nuevo para el miércoles una sesión conjunta de las dos cámaras para discutir el caso de L'Avanti.

Pocas horas después, los republicanos anunciaban que empezaban a cansarse de estas «ambigüedades», y el secretario general democristiano, Flaminio Piccoli, declaró que empezaba a resquebrajarse la solidez de la mayoría gubernamental y que uno de los motivos había sido la decisión clamorosa del diario L'A vanti.

A la una de la tarde los radicales convocaron una conferencia de Prensa para entregar a los periodistas fotocopias del documento de los presos de la cárcel de Palmi, una de las cárceles especiales donde está concentrado el mayor número de terroristas importantes, entre ellos, Renato Curcio y Corrado Alumi. En dicho comunicado se afirmaba, ya que ellos estaban de acuerdo, que se liberara al magistrado D'Urso a condición de que dicho comunicado fuese publicado por los medios de «comunicación de masas». Mientras tanto, se desarrollaba una polémica entre los radicales y los abogados de Socorro Rojo de los terroristas de Palmi. Mientras los abogados habían asegurado que los presos de Palmi, entre ellos Curcio, estaban de acuerdo en la liberación «sin condiciones», los radicales habían anunciado que, al contrario, «ponían condiciones».

Los abogados habían anunciado una querella contra los radicales porque su declaración «ofendía la dignidad de sus asistidos». La cuestión fue zanjada horas después por los mismos brigadistas que tienen secuestrado a D'Urso, anunciando que será ejecutado si la mayoría de los diarios nacionales no publicaba ambos documentos. El primero, el de Trani, había sido publicado íntegramente sólo por el diario Lotta Continua, pagado como publicidad por los radicales y resumido por L'Avanti y Manifesto.

La mayoría de periódicos, en contra

¿Qué harán ahora los mayores diarios nacionales ante el ultimátum de las Brigadas Rojas? En contacto con las redacciones de los periódicos más importantes, se celebraban en casi todos asambleas de los redactores con los directores y febriles contactos de éstos con las fuerzas políticas.

A la hora de despachar esta crónica habían decidido publicar todo o parte del comunicado sólo L'Avanti, Il Manifesto y Lotta Continua. Dudaba Il Messaggero y habían decidido negativamente la mayoría: Corriere della Sera, Repubblica, Stampa, Il Tempo, Il Giorno, Il Giornale, Paese Sera y Unita, órgano oficial del Partido Comunista, con una tirada de más de 700.000 ejemplares.

En el documento de Palmi los terroristas detenidos afirman que la condena a muerte del magistra do es un «acto humanitario» de la justicia proletaria por haber sido D'Urso un «verdugo», pero aña den que esta misma justicia posee actos de «magnanimidad» y que por eso están de acuerdo en la liberación, «a condición de que el comunicado fuese hecho público». Dice textualmente: «Ahora toca a los amigos del verdugo D'Urso tomar la última decisión: o lo que nos pertenece históricamente y que de cualquier manera nos tomaremos, es decir, un espacio en los canales de comunicación social, o bien un funeral de Estado, que en este caso sería mejor definirlo como «el funeral del Estado». En una entrevista, el escritor y diputado radical Leonardo Sciascia afirmó ayer que la imagen de los terreiristas que nace de estos documentos es de gente que «lo menos que se puede decir es que viven fuera de la realidad italiana» y que poseen la lógica de que «todo lo que sea empeorar el sistema democrático sirve para la llegada de ese comunismo que ellos pregonan».

En el mismo momento en que las agencias daban la noticia del ultimátum de las Brigadas Rojas, la magistratura afirmaba que había sido identificado el «mediador» entre las Brigadas Rojas y los dos periodistas del semanario L'Espresso. Si la noticia resultara cierta se agravaría la situación de los periodistas, ya que se trataría no de un desconocido como ellos habían afirmado, sino más bien de Giovanni Senxani, famoso profesor de Criminología de la Universidad de Florencia, especialista en problemas carcelarios y que había participado en el congreso internacional de criminología en Lisboa nada menos que con los magistrados Minervini y Tartaglione, responsables de los problemas más delicados de las cárceles y más tarde asesinados ambos por las Brigadas Rojas.