La izquierda salvadoreña convoca una huelga general para derrocar a la Junta

La izquierda salvadoreña ultima los preparativos para una huelga general que, según todos los indicios, se iniciará la próxima semana. Así Io anunció el domingo un dirigente de la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM), organización que agrupa a unos 80.000 trabajadores. Del éxito de esta huelga depende en gran medida el inmediato lanzamiento de la ofensiva final contra el Ejército regular.

En repetidas ocasiones se ha afirmado que el toque de clarín para la insurrección popular sería una huelga general de carácter indefinido y así lo reconoció el dirigente del CRM, quien aseguró que ya existen las condiciones adecuadas para efectuar el llamamiento a esta huelga, que «paralizará a todo el país, incluidos los servicios públicos y la energía eléctrica».Según estas declaraciones, el paro durará hasta que el Frente Democrático Revolucionario (FDR) y el Frente de Liberación Nacional (FMNL) alcancen su objetivo de tomar el poder. Mientras dure la lucha, los trabajadores serán invitados a abandonar sus puestos para sumarse a la insurrección.

El deterioro creciente de la economía salvadoreña -más de 15.000 obreros han sido despedidos en los últimos meses por cierre de sus respectivas empresas- puede, no obstante, jugar a favor de la huelga.

Ante la inminencia de la ofensiva final por parte del FMNL, los observadores se preguntan si realmente la guerrilla tiene una capacidad ofensiva para hacer frente al armamento del Ejército popular, que dispone de artillería pesada, tanquetas, diez hielicópteros y seis cazas de despegue vertical, de fabricación francesa. El FMNL no ha utilizado hasta ahora más que morteros y artillería ligera. Distintas fuentes aseguran, sin embargo, que en el último mes han entrado en el país cohetes tierra-aire y cañones antiaéreos de tipo convencional, además de miles de armas automáticas para sustituir a los viejos fusiles que venía utilizando la guerrilla.

El nerviosismo creciente de las fuerzas armadas se ha traducido, durante la última semana, en masivas operaciones de represión en la zona de Chalatenango, que se considera como uno de los santuarios de la guerrilla. Numerosas casas de campesinos han sido incendiadas, junto con sus cosechas, «para clarear el terreno y destruir posibles escondites guerrilleros», En veersión delpiloto de uno de los helicópteros que ha participado en la operación. Bombas de napalm han sido utilizadas profusamente, según la izquierda.

En esta línea de acciones desesperadas de la extrema derecha se inscribe el asesinato, ocurrido el domingo, del presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), Rodolfo Viera, y de dos sindicalistas norteamericanos Michael Hammer y Marc David Pearlman. Frente a la versión del democristiano Antonio Morales, que culpó del crimen a la izquierda, el propio presidente José Napoleón Duarte y el agregado de Prensa de la Embajada norteamericana, Howard Lane, responsabilizaron del triple asesinato a la extrema derecha.

Los dos norteamericanos pertenecían al Instituto Norteamericano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, una rama de la AFL-CIO, cuyos objetivos en América Latina han coincidido frecuentemente con los de la CIA, según acusaciones de la izquierda. Este instituto ha prestado apoyo a la reforma agraria salvadoreña.

Con estos asesinatos se eleva a siete el número de norteamericanos muertos de forma violenta en El Salvador en el transcurso del último mes. La cadena se inició con las cuatro monjas y siguió, días más tarde, con la persona de Thomas Bracken, que desde algunos años atrás asesoraba a la policía salvadoreña en su lucha contra la guerrilla. Excepto esta última acción, las otras seis muertes han recaído sobre la extrema derecha, que trataría de forzar una intervención directa por parte de Estados Unidos.

Rodolfo Viera, de 43 años, presidente del organismo encargado de llevar adelante la reforma agraria, había sufrido siete atentados en los últimos meses. Antiguo líder de la Unión Comunal Salvadoreña (UCS), organización campesina de orientación democristiana, fue impuesto en la presidencia de la ISTA como condición para que la UCS apoyase la reforma agraria.