La caótica situación económica de la Iglesia española impide su autofinanciación a corto y medio plazo

La Iglesia española está obligada a autofinanciarse plenamente en un plazo mínimo de cinco años, que, si lo desea el Estado, puede ser también el plazo máximo. Ello según los acuerdos firmados entre el Gobierno español y la Santa Sede en diciembre de 1979. Asumir este compromiso representaría ahora prescindir de los casi 7.000 millones de pesetas que el Estado español entrega anualmente a la Iglesia. El cumplimiento de los plazos del citado acuerdo, el caótico estado de la economía de la Iglesia y las posibles vías de acceso a la autofinanciación son los puntos principales de una ponencia elaborada por las diócesis de Barcelona, Tarragona, Salamanca y Barbastro, actualmente en discusión en todas las diócesis y sobre las que deberá pronunciarse la Conferencia Episcopal.

Según la citada ponencia, el estado actual de la economía de la Iglesia española es poco menos que deplorable. Las fuentes de financiación están constituidas por la aportación del Estado, la aportación de los fieles y los rendimientos de su patrimonio, siendo el peso específico de cada una de esas fuentes diverso en cada diócesis. La Iglesia no conoce, con exactitud, su patrimonio ni los rendimientos del mismo. Ha incorporado escasamente las modernas técnicas de gestión económicas, hasta tal punto, que sólo en la diócesis de Barcelona se da el caso de un laico al frente de la economía diocesana. Se trata del abogado Antonio Bascompte, uno de los redactores de la ponencia.La ponencia pone de relieve un hecho clave para entender los problemas con que topará la autofinanciación: el pueblo fiel desconoce la situación económica de la Iglesia. «Por una extraña tradición», señala Bascompte, «no ha sido informado y cree, como regla general, que se trata de una institución rica a la que levanta con la ayuda del Estado, que se entiende muy elevada».

Actualmente, la Iglesia recibe alrededor de 7.000 millones de pesetas en concepto de subvención por la desamortización de Mendizábal de 1835. En virtud del reciente acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno español, se establece que esta subvención no puede ser indefinida, mientras que por otra parte el Estado seguirá ayudando a la Iglesia a través de fórmulas que se ajusten a la Constitución.

La ayuda del Estado se materializará en dos aspectos. Por una parte, una ayuda directa, mediante la entrega de unas cantidades -la dotación presupuestaria, primero, y la cantidad que resulte del sistema de asignación tributaria, después- y, por otra, una ayuda indirecta, mediante la concesión de determinados beneficios fiscales, semejantes a los que otros Estados del mundo occidental conceden a las iglesias y concesiones que mantienen actividad en sus territorios.

El sistema de asignación tributaria -el llamado «impuesto religioso»- consistirá en la cesión por parte del Estado de una parte de los rendimientos del impuesto sobre la renta o el patrimonio neto u otro de carácter personal, siempre que el contribuyente declare expresamente que ésta es su voluntad.

La Iglesia, por último, se compromete a buscar los recursos suficientes para, en su día, prescindir de la ayuda directa del Estado. En ello están prácticamente de acuerdo todos los sectores de la Iglesia española. La cosa no estaría ya tan clara en los plazos que deben imponerse para prescindir de esta ayuda. La interpretación más progresista -coincidente con los redactores de la ponencia- interpreta que este plazo, según el acuerdo, es de un mínimo de cinco años, que a voluntad del Estado -ello dependerá de qué fuerzas detenten el poder- puede ser un máximo.

El sector más integrista de la Conferencia Episcopal, por el contrario, no está conforme con este planteamiento. Según fuentes de la propia Conferencia Episcopal, la asunción de la plena autofinanciación es vista por estos sectores «sólo asumible al cabo, como mínimo, de treinta años». Los sectores integristas basan su presupuesto en un hipotético mantenimiento de la UCD al frente del Gobierno. Sobre el tema ha habido contactos con miembros del Gobierno y, según los integristas, existen verdaderas garantías de que la ayuda directa del Estado se mantenga por varios decenios.

Reestructuración total

Según la ponencia, la plena autofinanciación sólo será asumible mediante una reestructuración total de la economía de la Iglesia española. Para ello es necesario un, hoy inexistente, inventario de necesidades pastorales, de recursos humanos y de recursos económicos, una programación económica y la constitución de un sistema propio de recaudación. «No sabemos», afirma Bascompte, «ni lo que poseemos, ni cómo lo poseemos. La administración de los recursos económicos se ha hecho por rutina. La frase lo hago como lo hacía mi predecesor, está a la orden del día».La ponencia aboga por la creación de un sistema propio de recaudación. «Ello supone», destaca Bascompte, «que los fieles deben saber la cantidad a dar y cómo darla, es decir, si es por suscripción o por colecta. También si debe pasar a un Fondo Común Diocesano o a un Fondo Interregional y, por último, en qué se emplean estos fondos».

Finalmente, la ponencia apunta el método a seguir para que la Iglesia renuncie a la ayuda directa del Estado. Esta renuncia debe efectuarse progresivamente, mediante renuncias sucesivas de las diferentes diócesis. El momento preciso deberá fijarse cuando los recursos a través de la asignación tributaria y las aportaciones directas de los fieles equiparen el presupuesto. A partir de ahí, la Iglesia deberá aconsejar a sus fieles suprimir la asignación tributaria y abonar sus ayudas directamente, a través del sistema recaudatorio del que la Iglesia debería disponer ya en aquel momento.