Consideración de Quebec desde Cataluña

Jane Jacobs, conocida ensayos de sociología urbanística, acaba de publicar un libro sobre Quebec y su lucha por la soberanía: The Question of Separatism (Nueva York: Random House, 1980). Leyendo este sugestivo ensayo de Jacobs, con el cual demuestra palpablemente que, aun siendo canadiense anglófona, entiende en profundidad el problema quebequés, no he podido evitar la comparación entre lo que sucede en el Canadá y nuestra particular aventura hacia el Estado de las aunomías.Ya a nivel de debate, las diferencias son notables: el afán de Jacobs por desdramatizar algo esencialmente tan traumático como es la eventual separación de Quebec de la confederación canadiense -a, pesar de que el referéndum de mayo pasado haya, de momento, aplazado esa posibilidad- sería, sin duda, tenido por «alta traición» en nuestras latitudes. De poco serviría recordar, como lo hace la misma autora, que Noruega seseparó pacíficamente de Suecia en pleno siglo XX (1905) y que, en la actualidad, ambos países mantienen estrechos lazos de colaboración en prácticamente todos los campos. Lo que ocurre es que Jane Jacobs hace gala de un genuino talante liberal, llevado a sus últimas consecuencias, esto es, reconociendo incluso el derecho de autodeterminación de los pueblos, algo que en España no puede ni siquiera mencionarse.

No es este, sin embargo, el tema de que quería ocuparme en relación con la crisis de Quebec, sino del papel que ha jugado en la misma el conflicto lingüístico. Según subraya la propio Jacobs, el problema de fondo del nacionalismo quebequés es cultural y lingüístico, problema que ofrece numerosas concomitancias con el nacionalismo catalán. En efecto, el peligro de extinción que se cierne sobre el francés en el Canadá, frente a la impetuosa expansión del inglés -cuya omnipresencia en América del Norte es casi absoluta-, fue el detonante del rápido desarrollo del independentismo quebequés desde la década de 1960.

No es casual, pues, que cuando el Parti Québecois ganó las elecciones de 1976 en el parlamento autónomo se preoc apara inmediatamente de promulgar la Carta de la Lengua Francesa (1977), destinada a sustituir la ley sobre la Lengua Oficial vigente desde hacía tan sólo tres años (1974). ¿Es que la.ley de 1974 -podrá preguntarse el lector- ofrecía muy pocas garantías al desarrollo del francés? Desde luego, a simple vista, parece que no, pues la ley de 1974- estableció para Quebec el uso oficial exclusivo del francés, aunque reconociendo derechos língüísticos a la minoría anglófona.

Sin embargo, según parece, las garantías que la ley de 1974 reconocía a los anglófonos eran aprovechadas abusivamente por algunos sectores no quebequeses. Así, por ejemplo, las grandes empresas canadienses o multinacionales que operan en Quebec se negaban al empleo del francés; en los altos niveles de dirección y ponían trabas a la promoción social de los quebequeses que se acogían a su legítimo derecho de practicar el francés en su casa.

Por dichas razones, la Carta de 1977, que en primera lectura puede parecer excesivamente ordenancista, dedica toda su atención a evitar las resistencias «estructurales» al proceso de francización. Y así cuida de que la presencia del francés esté asegurada en ámbitos del uso público, anteriormente no muy especificados (administración, señalización, empresas, sindicatos, enseñanza), mientras que no insiste tanto en otros ámbitos, zomo el de los medios de comunización (radio, televisión, Prensa, cine, teatro).

En mi opinión, en Cataluña nos encontramos, a nivel sociocultural, en una situación quizá comparable a la que en, los años sesenta existía en Quebec. Entonces, la preocupación por la supervivencia del francés tenía un carácter todavía minoritario, pero poco tiempo después. el problema tomó unas dimensiones de masas y el proceso de normalización se hizo imparable. En Cataluña, éste último año, ha habido fuertes polémicas sobre el futuro del catalán -incierto para unos, recuperable para otros-, pero todo el mundo ha estado de acuerdo en que deben tomarse urgentes medidas para promover su desarrollo. No debe extrañarnos, pues, que el Parlamento de Cataluña esté elaborando, en estos momentos, una ley sobre la Normalización del Catalán, que haga realidad la declaración del Estatuto de Autonomía («la lengua propia de Cataluña es el catalán»), en cuanto a su carácter oficial específico («el idioma catalán es el oficial de Cataluña, así como también lo es el castellano, oficial en todo el E Estado español») y en cuanto a la plena igualdad jurídica de ambos idiomas.

Son todavía muchos los espaiíoles a quienes les cuesta entender el empeño de los catalanes por la plena normalización sociolingüística de su lengua. En ciertos sectores liberales y de izquierdas se cree incluso que este empeño es privativo del nacionalismo conservador, lo cual es un grave error, ya que todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento autónomo (CiU, PSC, PSUC, CC-UCD, ERC y, con algunos matices, PSA) se han manifestado favorables a la recuperación pública del catalán. En este contexto adquiere todo su valor el llamamiento a la solidaridad de todos los españoles que desde estas mismas páginas lanzara Aina Moll, actual directora general de Política Lingüística de la Generalidad de Cataluña (véase EL PAIS, 3-10-1980).

Existen, pues, indicios de que en Cataluña, como ocurriera hace algunos años en Quebec, el movimiento por la plena normalización de la lengua catalana está tomando unas nuevas dimensiones, al ser asumido por sectores cada vez más amplios de la población. ¿Tendremos la suerte, como los quebequeses, de encontrar en la administración central la comprensión necesaria para satisfacer estas legítimas aspiraciones?