El Gobierno aprobó el concierto económico con la comunidad autónoma vasca

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Los tributos que comprende el concierto económico son todos los de la Hacienda del Estado, excepto la renta de aduanas, los impuestos que se recaudan a través de monopolios fiscales (impuesto sobre el petróleo y sus derivados e impuesto de lujo sobre tabacos), y el impuesto sobre alcoholes.

Las instituciones competentes del territorio histórico tienen todas las facultades de gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos. El concierto económico regula con minuciosidad las circunstancias que delimitan la competencia territorial de la Hacienda del Estado y del país Vasco.

Entre los criterios figuran el de la residencia habitual de las personas físicas, para los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio; la residencia habitual del causante en el impuesto de sucesiones; el territorio en el que las sociedades realizan sus operaciones, para el impuesto sobre sociedades, y cuando éstas operan en ambos territorios, común y foral, el impuesto se reparte entre el Estado y la comunidad autónoma vasca, según las cifras relativas de negocios. Este último criterio se aplica también para las retenciones en materia de dividendos, intereses y retribuciones del personal.

A efectos del impuesto sobre transmisiones, el criterio aplicable será el lugar donde se hallen los inmuebles; para los impuestos de tráfico y lujo, el lugar donde se realiza el hecho imponible; es decir, la venta, entrega, prestación de servicio, etcétera. Para delimitar las competencias a efectos de las contribuciones territoriales, el lugar donde se hallen los bienes rústicos y urbanos.

Según explicó García Añoveros, la antigua autonomía normativa de las instituciones forales para regular los tributos concertados, «haya habido necesidad de plantearla dentro de un amplio contexto nacional», de acuerdo con el propio Estatuto de Guernica. El ministro de Hacienda recordó que el concierto económico aprobado es moderno y adaptado, por tanto, a la actual economía española, a la existencia de un mercado único y a la indiscutible intercomunicación de bienes y personas dentro del territorio español.

Los acuerdos a que tan trabajosamente se ha llegado respetan, dijo García Añoveros, «de una parte, la foralidad, y de otra, la unidad, de manera que el País Vasco actuará de forma armónica, solidaria y sin que el ejercicio de su legítima autonomía origine, por tanto, distorsiones económicas, competencia desleal o menoscabe el libre movimiento de personas y capitales o la asignación económica de los recursos; en suma, el concierto implicará para el País Vasco una presión fiscal igual a la del resto de España».

Señaló que los impuestos indirectos repercutibles (los de tráfico y lujo) serán los mismos, el de sociedades será también idéntico para las sociedades que operen en ambos territorios, y que en los impuestos personales sobre la renta y el patrimonio -que tienen, entre otros fines, la más justa distribución de la renta y de la riqueza- «se aplicarán normas idénticas, salvo algunas peculiaridades de gestión en el primero».

Otra característica destacada por el ministro de Hacienda en el concierto económico fue la perspectiva de «una amplia, profunda y constante colaboración. entre ambas administraciones », la central y la autonómica.

García Añoveros destacó también que el nuevo concierto elimina la petrificación de los anteriores, al establecer mecanismos de adaptación y ajustes precisos. La ley del Cupo tendrá una vigencia quinquenal, y el concierto, aunque entrará en vigor a principios del mes siguiente a su publicación, surtirá efecto a partir del primero de enero de 1981.