Garaikoetxea considera que el saldo es "enormemente positivo"

La aprobación de la ley del concierto económico -que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2001- puso fin a más de cuatrocientas horas de negociación entre los representantes de la Administración central y el Gobierno vasco. El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Luis Uriarte, señaló ayer -en el curso de una conferencia de Prensa, celebrada en Vitoria- la importancia de «reparar un error histórico», basado en la «solidaridad, coordinación y colaboración mutua».Por su parte, el presidente del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea -en su mensaje de fin de año- se congratulaba de los traspasos en materia de educación, embrión de policía autónoma y conciertos económicos. «El saldo final es enormemente positivo. Sin embargo, hay una gran sombra en este proceso de institucionalización: la no integración de Navarra en la comunidad autónoma», diría el lendakari.

En una breve, pero concisa, relación histórica, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, en el curso de la charla con los medios informativos resaltaba la última ronda de negociaciones -comprendida entre el día 5 y el 29 del presente mes de diciembre- como la más dura, profunda y costosa: «No ha habido discusiones ni enfrentamientos. Lo que se ha estado buscando es que el concierto sea plenamente válido y presentable para el final del siglo XX, en que nos encontramos. Las negociaciones se han desarrollado en un ambiente distendido, lo cual es muy importante para poder llegar a un acuerdo de diálogo y negociación; ninguna de las partes ha pretendido vencer, sino convencer».

En virtud del acuerdo adoptado en el seno de la comisión mixta, la comunidad autónoma podrá recaudar todos los impuestos, salvo los referentes a renta de aduanas, monopolios fiscales y régimen fiscal de alcoholes. El concierto también atiende a la estructura general impositiva del Estado, «la estructura de nuestro sistema tributario va a ser similar a la del sistema estatal», diría el consejero de Economía del Gabinete vasco.

El concierto de armonización fiscal, según informó ayer Uriarte, ha sido polémico en el curso de las negociaciones sobre el concierto. El artículo 41.2/a del Estatuto de Autonomía dice que las instituciones competentes de los territorios históricos podrán mantener, establecer y regular el ordenamiento tributario, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado y a las normas que para la coordinación, armonización y colaboración con el Estado dicte el propio concierto. «En este sentido», dijo el consejero, «la armonización se puede interpretar como identificación o como independencia absoluta».

A fin de salvar malentendidos, los negociadores del concierto han acordado medidas concretas a llevar a cabo. En primer lugar, se ha acordado aplicar la ley General Tributaria del Estado en materia de denominación o conceptos. En segundo lugar, el País Vasco no podrá adoptar medidas fiscales de fomento de las inversiones que discriminen por razón del lugar de procedencia de los bienes. Otra medida de coordinación es la futura aplicación de normas tributarias iguales a las del Estado, en todo lo referente a operaciones bancarias y de mercados monetarios. «Estas son medidas concretas que demuestran que el concierto económico no es ningún privilegio», señalaba el titular de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco,

Partiendo del supuesto de que el País Vasco recauda todos sus impuestos, quedan como competencia exclusiva del Estado la renta de aduanas, los ingresos por monopolios fiscales, el régimen de tributación de extranjeros -salvo el de los vascos que residan fuera del país y que conserven su nacionalidad- y el régimen tributario de asociaciones temporales de empresa, cuando su ámbito supere el del País Vasco.