CC OO, contra el decreto sobre las cajas de ahorro

La agrupación de ahorro de la Federación de Banca de Comisiones Obreras considera inaceptable el acuerdo entre el Gobierno y la Generalidad sobre las cajas de ahorro.Dice un comunicado de CC OO que el mencionado acuerdo significa un paso atrás respecto al decreto de la Generalidad del pasado mes de agosto. «El actual acuerdo», dice, «deja en manos de la Generalidad cuestiones de tipo administrativo, permaneciendo el control político de los ahorros populares en manos del Gobierno de Madrid. En este sentido, el 30% de las inversiones que dependerán de la Generalidad es fruto, no del reconocimiento de un derecho, sino de una concesión graciosa del Gobierno central».

Tras manifestar su absoluto desacuerdo con la política llevada a cabo en este tema por la Generalidad, Comisiones Obreras dice que Convergencia i Unió ha conseguido su objetivo de obtener una titularidad formal sobre las cajas que le permitirá, según el consejero Trías Fargas, colaborar con las cajas y con los grupos económicos que las controlan en lugar de, como señala el Estatuto, controlarlas, evitando ponerlas al servicio de la reconstrucción de Cataluña, objetivo, añade, «que nunca ha figurado en los planes del actual Gobierno de la Generalidad».

Considera también CC OO que una vez más se pone de relieve la supeditación de los intereses nacionalistas de CiU a los intereses económicos de la derecha catalana y del resto del país, a los que está vinculada la coalición gobernante de Cataluña.

El Gobierno exculpa responsabilidades

El Gobierno tuvo conocimiento de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Generalidad, en el caso de las cajas de ahorro, durante la sesión del Consejo de Ministros celebrada el pasado día 22, según fuentes solventes. Poco después, el Gabinete decidía retirar el recurso.El Gobierno conoció el 26 de noviembre el contenido del decreto de la Generalidad (para que la inversión obligatoria de las cajas catalanas se realice exclusivamente en esa región), e hizo un requerimiento para llegar a un acuerdo. Las negociaciones iban bien, y el Gobierno catalán estaba dispuesto a reconsiderar el decreto, cuando se produjo la presentación del recurso.

Las fuentes solventes han señalado a Europa Press que la decisión de recurrir fue una precipitación, ya que las negociaciones no habían concluido, y el plazo para intentar el acuerdo, tampoco. Se atribuye la iniciativa a la abogacía del Estado.

Una fuente gubernamental ha comentado: «Pudo haber un fallo en las instrucciones recibidas por la Dirección General de lo Contencioso, al no explicar que estaba en trámite una negociación previamente a la presentación del recurso».