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La oposición encuentra objeciones de fondo en la LAU

Los argumentos de fondo empleados por los grupos parlamentarios de la oposición contra el apoyo estatal a los centros privados durante la tramitación del Estatuto de Centros Escolares se repitieron ayer en la Comisión de Universidades e Investigación, con motivo del debate sobre el artículo 14 del proyecto de ley de Autonomía Universitaria, último de los aprobados hasta el momento. Socialistas y comunistas consideraron que la aprobación del citado artículo supone un duro golpe a los esfuerzos realizados por ambos grupos durante los trabajos de la ponencia y amenazaron con reconsiderar su postura global ante el proyecto.

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Modificaciones introducidas en el artículo 14

La discusión en torno al artículo 14, en el que se matizan los derechos que implica el reconocimiento de las universidades privadas, elevó considerablemente el tono de las intervenciones de los distintos portavoces, que hasta ese momento habían puesto de manifiesto el evidente consenso logrado con anterioridad a la reanudación de la sesión, tanto dentro del Grupo Centrista como de éste con respecto a las restantes fuerzas políticas.La comisión aprobó sin mayores dificultades los artículos comprendidos entre el 6 y el 13 (el 12 quedó suprimido), con independencia de la actitud solitaria del diputado centrista Diaz Pinés, que mantiene su guerra particular contra el texto remitido por la ponencia, para la que únicamente cuenta con el apoyo que CD presta casi siempre a sus enmiendas.

En cualquier caso, ayer parecían bastante superadas las controversias internas de UCD en relación con este proyecto de ley, pues no se repitió la insólita situación que se había producido el primer día de sesiones de la comisión, en el que varios diputados centristas votaron en contra del informe de la ponencia. La disciplina de voto en el Grupo Centrista parece haber quedado restablecida, al menos por el momento. El consenso entre los grupos funcionó plenamente en la aprobación de todos los artículos anteriores al 14, hasta tal punto que una enmienda transaccional al artículo 11, presentada formalmente 1 por el Grupo Socialista, parecía, según todos los indicios, haber sido redactada codo a codo con los parlamentarios de UCD.

Potestades de las comunidades autónomas

Dicha enmienda, aprobada con la adición de un apartado propuesto por Coalición Democrática, otorga a las comunidades autónomas la potestad de crear universidades, asumiendo íntegramente su financiación por disposición normativa con fuerza de ley emanada de su asamblea legislativa. De otro lado, siempre según el texto definitivo del artículo 11, las comunidades autónomas podrán asumir la titularidad de las universidades del Estado en su ámbito territorial, y, «en este supuesto, la financiación de las universidades transferidas se regulará en el pertinente acuerdo de traspaso».

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Los textos aprobados aseguran la participación y responsabilidad en el gobierno de las universidades, tanto de los representantes de los intereses generales de la sociedad como de los diferentes sectores de la comunidad universitaria (artículo 6); garantizan la no discriminación del personal docente y no docente de la universidad por razones de lengua, raza y situación socioeconómica, entre otras (artículo 8), y definen a las universidades públicas y privadas (artículos 9 y 10). La aprobación del artículo 7, en el que se define el concepto de autonomía de las universidades, supuso la derrota de la tesis de UCD, a quien le parecía innecesaria la pormenorización propuesta por los socialistas. Estos, en efecto, especifican en la enmienda aprobada que la autonomía de las universidades alcanza, cuando menos, a la potestad de elaborar sus propios estatutos, a la gestión económica y presupuestaria, a la determinación de los planes de estudio e investigación y a la selección, formación y promoción de sus profesores y del personal no docente.

El mayor enfrentamiento dialéctico se produjo, como ya quedó apuntado, con ocasión del debate sobre el artículo 14. La enmienda transaccional presentada por UCD produjo el enojo de socialistas y comunistas, así como del representante del Grupo Mixto, Juan María Bandrés.

El diputado socialista Javier Solana dijo que las «transacciones internas de UCD habían empeorado gravemente las cosas, que se habían debilitado en pocos días posiciones que parecían muy firmes y que la nueva redacción de este, artículo representaba una barrera infranqueable para los socialistas.

Prohibir las subvenciones

Con él coincidió Eulalia Vintró, portavoz comunista, quien no consiguió que prosperase una enmienda por la que se prohibirían expresamente las subvenciones a las universidades privadas.

La objeción de fondo de los partidos mayoritarios de la oposición se centró, fundamentalmente, en el hecho de que, según la nueva redacción propuesta por UCD, será el Gobierno, y no el Parlamento, quien haya de reconocer por real decreto a las universidades privadas.

Esto suscitó un debate de contenido jurídico con el portavoz del partido del Gobierno, Luis Berenguer, quien sostuvo la tesis de que esta potestad del Gobierno no supondría ninguna arbitrariedad, en la medida en que la presente ley explicita los requisitos que van a exigirse a las universidades privadas para su reconocimiento. El diputado centrista rechazó, por otra parte, la sugerencia socialista de que en el fondo se estaba propiciando que en un futuro se puedan subvencionar las universidades privadas y calificó de poco serio que se aludiese a las subvenciones al sector privado de la enseñanza en los niveles universitarios, extrapolando inadecuadamente los argumentos en contra del Estatuto de Centros. Tanto socialistas como comunistas insistieron en la inconveniencia de que se pueda pensar ni remotamente en destinar fondos públicos a las universidades privadas, dada la precaria situación de las universidades públicas.

Finalizada la sesión, que quedó aplazada para el próximo martes, el ministro de Universidades e Investigación, Luis González Seara, afirmaría que no le parecía que fuesen tan radicalmente distintos los textos del informe de la ponencia y el aprobado por la Comisión, que ofrecemos en el cuadro adjunto.

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