Sin casa ni metro: el Gobierno de Ayuso planea demoler otras 32 viviendas por culpa de la clausurada línea 7B

Sin casa y sin metro. Así se han quedado cientos de vecinos de San Fernando de Henares, un municipio de 40.000 personas en el este de la Comunidad de Madrid, por culpa de la línea 7B del suburbano. Todo empezó con dos paellas multitudinarias y muchas prisas: las del gobierno de Esperanza Aguirre por inaugurar esta infraestructura de transportes justo antes de las elecciones autonómicas de 2007. Al tiempo, empezaron a aparecer grietas en las paredes de algunas casas. Las puertas dejaron de cerrar. Lo mismo les pasó a las ventanas. Y estalló el problema: los edificios perdían pie por culpa de las obras del metro. Tras nueve cierres en apenas 15 años de vida, el tramo final de la línea 7B lleva sin ver pasar un tren desde agosto de 2022 ―casi dos años, para más de 1.000 días sin funcionar en total―. Ya ha habido que derribar 41 viviendas. Próximamente, se tirarán abajo otras 14. Y después se sumarán otras 18, hasta un total de 73. Un drama que ha obligado a desalojar 87 viviendas, según la Comunidad, y a 183 personas, según el Ayuntamiento, dejándolas sin techo propio, recuerdos, ni alegría. Peor. “Con ansiedad, angustia, rabia y tristeza”, describen.

“En las próximas semanas volveremos a ver en primera fila las terribles consecuencias generadas por la indolencia y la negligencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid”, lamentan los afectados en un comunicado. “La realidad material que nos rodea es implacable”, explican. “Más de 600 viviendas afectadas; 41 viviendas derribadas; 21 calles afectadas; cinco comercios derribados; 32 viviendas esperando el derribo; espacios públicos perdidos; y nueve cierres de la línea 7b de Metro de Madrid en los últimos 15 años, en este momento de manera indefinida”, enumeran. “Existen cientos de familias angustiadas viendo en silencio cómo sus casas empiezan a resquebrajarse, viviendo desde hace años junto a máquinas ensordecedoras día y noche, entre polvo y cortes de suministros constantes, explosiones, movimientos de paredes y suelos”, siguen. “Exigimos que el Gobierno de España intervenga ante la incapacidad manifiesta del Ejecutivo madrileño”.

La zona cero de esta pesadilla está oculta bajo tierra. En 2007, las obras del túnel del metro facilitaron la entrada del agua en el subsuelo. El líquido contactó así con terrenos solubles, rebosantes de sales incrustadas, igual que la grasa lo está en el buen jamón de jabugo, alterando su solidez. Y los problemas aparecieron de inmediato.

El mismo año del estreno de la línea 7B, 2007, los gestores de la infraestructura conocen que se han detectado “diversas patologías en relación con una anómala y creciente entrada de agua de elevada conductividad al pozo de bombeo situado entre la estación 7 (San Fernando) y 8 (Henares)”. Apenas seis meses después, en junio de 2008, otro informe advierte a la Comunidad “del consiguiente riesgo de colapsos en el túnel de metro y las edificaciones del entorno”. En 2009, un tercer balance alerta a la Administración de que es “de extrema urgencia” actuar por ese motivo. Y en 2010, cuando los problemas de las casas son aún incipientes, se registra un documento taxativo.

“La construcción del túnel y posterior drenaje comenzó a movilizar el flujo de agua subterránea y a iniciar un progresivo proceso de disolución del terreno, en concreto y preferentemente, de los niveles salinos existentes”, se lee. “(…) En este tipo de terreno, movimiento de agua significa capacidad de disolución”, subraya, en alusión a los cambios del terreno que afectan al asentamiento de los cimientos de los edificios.

Finalmente, en el verano de 2022, la memoria justificativa de la necesidad de las obras que mantienen aún hoy cerrado un tramo de tres paradas de la línea 7B es concluyente. “La confluencia de estos factores que provocan daños muy graves como consecuencia del movimiento del terreno con un desarrollo muy rápido requieren de la actuación global de emergencia”, alerta. “La anchura aproximada de algunas grietas en los edificios alcanza los 10 centímetros (...) Esta categoría implica peligro de inestabilidad estructural con el consiguiente peligro grave de daños a los edificios y a las personas”.

En los casi dos años que han pasado desde entonces, muchas cosas han ido a peor. Son cientos las vidas rotas y desplazadas a un apartahotel pagado por la Administración, o a pisos de alquiler, o viviendas de familiares, mientras se hunden en el abismo de la tristeza, del recuerdo de las habitaciones vacías, y de las lágrimas. Muchas lágrimas.

“Nos han quitado los recuerdos”, contaban en 2021 los primeros desalojados, sin saber que lo peor estaba aún por llegar. Que pasarían noches durmiendo en un parque, encerrados en una tienda de campaña. Que tendrían que discutir una y mil veces con la Administración. Que las indemnizaciones patrimoniales tardarían en llegar, y que al hacerlo no colmarían sus expectativas, ni lo que calculaban que necesitaban para cancelar la hipoteca de su vivienda anterior (destruida) y comprar una nueva equivalente.

Más de 70 millones de euros

“Una vez que se realicen las obras [del metro], y que se consoliden los terrenos, podremos plantear un calendario de apertura: todavía es prematuro”, explicó el miércoles el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, al anunciar la inversión de 34 millones de euros en la impermeabilización del tramo de tres estaciones de la línea 7B que discurre entre las paradas de San Fernando y el Hospital del Henares.

“Estamos en el trabajo previo de consolidación de todo el terreno, de atender a las familias, que era nuestra auténtica prioridad, y por supuesto de acometer estas obras para consolidar el túnel y que la infraestructura siga siendo válida y en el futuro pueda ser utilizada”, siguió. “Pero todavía es pronto”, añadió. Y remató: “Seguimos comprometidos con la ayuda a todas aquellas familias afectadas, recuerdo que son ya 63 las que han recibido las indemnizaciones correspondientes, por importe de más de 9 millones de euros, además de seguir haciéndonos cargo de los costes de alojamiento y manutención, también con subvenciones para los comercios de la zona...”.

En todo este tiempo, explica un portavoz de la Consejería de Transportes, el Ejecutivo ha invertido más de 70 millones de euros en el plan de acción integral, que ha incluido inyecciones en el subsuelo para intentar asentar los cimientos de las casas afectadas. Pero mientras obreros y máquinas hacen su trabajo, llenando de ruido, polvo y actividad un barrio que antes vivía tranquilo, los vecinos ven cómo sus vidas se hunden poco a poco por culpa del metro.

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