Un 81,10% de las empresas ingresan al Tesoro lo retenido a sus empleados

El ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, informó ayer, ante la correspondiente comisión del Congreso de los Diputados, que se ha efectuado el control de 108.400 empresas respecto al cumplimiento de la obligación de efectuar retenciones de rendimientos del trabajo personal, en contraste con lo declarado por 1.655.427 empleados. El resultado de este control es que un 88,7% de las empresas cumplen sus obligaciones de retención y un 81,10% ingresan en el Tesoro lo retenido a sus empleados.En cuanto a los empleados, un 68,21 % de los controlados declaró en el impuesto sobre la renta de las personas físicas la misma cantidad declarada por la empresa; un 22,35 % declaró menos, y un 12,83 % declaró un rendimiento del trabajo personal mayor que el declarado por la empresa. Los datos facilitados por García Añoveros respondían a una pregunta formulada por el socialista Enrique Barón sobre el control de las declaraciones que resultan negativas y obligan a Hacienda a devolver el importe pagado. El ministro dijo que el número de estas declaraciones es de 969.119 y que se está realizando un gran esfuerzo para realizar las devoluciones en el plazo previsto, sin perjuicio de la ulterior comprobación inspectora.

Inspección de la OCU

En respuesta al socialista Ciriaco de Vicente, García Añoveros reconoció las dificultades para inspeccionar a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre presuntas irregularidades de la citada entidad en materia laboral y fiscal. El ministro de Hacienda declaró que la inspección no puede basarse en una denuncia periodística -como la que había citado el diputado, refiriéndose a EL PAÍS-, sino en una denuncia. Añadió que la inspección se inició el 30 de julio último,A otra pregunta de la socialista catalana Ana Batllebó, sobre revitalización del Consorcio de la Zona Franca, de Barcelona, García Añoveros contestó que se había realizado un dictamen de auditoría contable por parte de la intervención general, del que se dio traslado al fiscal general del Estado, al calcalde de Barcelona y al delegado del Gobierno en el Consorcio.