La izquierda no logró imponer sus tesis sobre la distribución de la carga fiscal

Durante el debate presupuestario de ayer, Minoría Catalana y Coalición Democrática mostraron un alto grado de identificación con la política presupuestaria del Gobierno. Ambos grupos no sólo apoyaron casi siempre el proyecto de ley de Presupuestos para 1981, sino que exhibieron en varias ocasiones una tendencia más conservadora que los propios centristas. Por otra parte, fracasaron los esfuerzos de la izquierda por lograr una más justa distribución de la carga fiscal y dotar de carácter progresivo al impuesto general sobre la renta de las personas físicas.La izquierda calificó de «contrarreforma fiscal» los artículos del proyecto de ley sobre normas tributarias y el socialista Gregorio Peces-Barba anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional respecto a los artículos 36, 37 y 38, aprobados ayer.El debate sobre los Presupuestos del Estado para 1981 alcanzó ayer en la correspondiente Comisión del Congreso hasta el artículo 42, relativo al impuesto de lujo. En relación con el impuesto sobre sociedades, fracasaron también los intentos de la izquierda por dotarlo de un carácter más progresivo. Según el texto aprobado, los sujetos pasivos del impuesto de sociedades podrán actualizar, sin devengo del mismo, los valores de sus activos fijos materiales que figuren en contabilidad en el primer balance que se cierre de 198 1.

La sesión de la tarde se inició en el artículo 26, que fija la dotación global del Tesoro al crédito oficial en 230.000 millones de pesetas. Una enmienda socialista a este artículo no fue discutida, por entender la mesa de la comisión que había sido rechazada junto a las¡ enmiendas a la totalidad. Los socialistas pidieron defenderla en el Pleno de forma autónoma. En síntesis, la propuesta socialista consiste en establecer una cifra de 50.000 millones de pesetas para inversiones a realizar por el Banco de Crédito Local de España, así como la autorización a los Ayuntamientos de formar presupuestos extraordinarios de liquidación de deudas para cubrir déficit pendientes y una autorización de hasta 35.000 millones de pesetas para la emisión de deuda pública municipal.

Tampoco fue aceptada la propuesta socialista de incluir un nuevo artículo que permitiera incrementar la participación municipal en los ingresos del Estado, entre otras fórmulas, mediante la creación de una participación del 7,5% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Enmienda no defendida por los centristas

Una enmienda del centrista José Javier Rodríguez Alcaide, que pretendía dedicar, de los 230.000 millones de pesetas del crédito oficial, al menos 46.000 millones de pesetas para Andalucía, no fue defendida ni asumida por su grupo. El andalucista Emilio Pérez Ruiz lamentó la actitud de UCD, que calificó de cicatera por sentir miedo a que el compromiso recientemente asumido por el Gobierno con Andalucía quede reflejado en una ley. En igual sentido, el comunista Fernando Pérez Royo aseguró que, después de tantos «puedo prometer y prometo», sería preferible un compromiso jurídico que amparara el acuerdo del último Consejo de Ministros de destinar 50.000 millones a Andalucía.

Reforma de la Bolsa

Dos enmiendas de Coalición Democrática fueron aceptadas, en cambio, por la comisión. Las primera de ellas, aprobada por unanimidad, introduce la obligación gubernamental de presentar al Congreso durante 1981 los proyectos de ley para la reforma del mercado bursátil, así como promulgar las disposiciones administrativas necesarias para el mismo fin. La segunda -en la que la izquierda y los andalucistas se abstuvieron- establece que durante 1981 el Gobierno queda obligado a no tomar en consideración y a oponerse a toda iniciativa legislativa o administrativa que suponga crecimiento del gasto público presupuestado, «cuando no se propongan y aprueben al mismo tiempo. los recursos adicionales necesarios o las reducciones de gasto proporcionales, con su debida especificación presupuestaria».

El artículo 32, en el que se establece una corrección del 10% en la cuota y en el tipo del impuesto general sobre la renta de las personas físicas, fue aprobado con la oposición de comunistas, socialistas y andalucistas tras rechazarse sendas enmiendas de la izquierda encaminadas a lograr una más justa distribución de la carga fiscal. Los socialistas pedían la supresión del tope máximo de concurrencia renta-patrimonio. Los comunistas solicitaban, además, una nueva tarifa del impuesto que permitiera una mayor progresión de tipos y base imponible, más allá del límite máximo fijado actualmente.

El límite máximo en el proyecto de ley es el 65,09 y corresponde a una base imponible de 10.600.000 pesetas. Según la enmienda comunista, se aplicaría para 14.200.000 pesetas o más de base imponible un tipo del 86.

El artículo 33, deducciones del impuesto sobre la renta de personas físicas (IRPF), tras rechazar UCD los argumentos; de «contrarreforma fiscal» aducidas por la oposición, fue aprobado en función del texto de la ponencia. En este se recoge, sin nombrar al grupo, la propuesta socialista en favor de la gran invalidez. En síntesis (la primera cita corresponde a 1980, la segunda a 1981 y entre paréntesis figura la actual) las deducciones son las siguientes: por razón de matrimonio 10.500 y 12.500 (8.500): por cada hijo, 8.000 y 10.000 (6.000): por cada ascendiente, 6.500 y 8.000 (5.000); por sujetos pasivos dependientes del contribuyente (invidente, gran invalidez, etcétera), 28.000 y 30.000 (8.000).

En el artículo 35, aprobado según el texto de la ponencia, se establece una prórroga de la deducción del 20% para suscripciones de renta fija y variable con Cotización calificada en Bolsa, siempre que los valores suscritos sean energéticos (eléctricas incluidas) o telefónica. Esto que supone un aliciente para los inversores en Bolsa, puede ser inconstitucional -según el PCE-, ya que modifica una ley tributaria sustantiva.

Los artículos 36 (enajenación de vivienda), 37 (variaciones patrimoniales) y 38 (impuesto extraordinario sobre sobre IRPF) fueron tachados de inconstitucionalidad, con argumentos parecidos a los expresados por los comunistas en el artículo 35, por el Grupo Parlamentario Socialista. Peces Barba anunció que llevaría estos artículos y las partidas presupuestarias para el tribunal de la Rota al Tribunal Constitucional. Estos artículos, según la izquierda, privilegian además las rentas ociosas y de carácter especulativo sobre las de trabajo.