El Gobierno aprueba 198.431 millones para la primera anualidad del PUA

El Consejo de Ministros, reunido ayer en el palacio de la Moncloa, aprobó la propuesta de aplicación de la primera anualidad del Plan de Urgencia para Andalucía (PUA), presentada por el ministro de Economía y Comercio, cuya asignación se eleva a 198.431 millones de pesetas. Esta cifra, que se invertirá a lo largo de 1981, excede en más de 7.000 millones de pesetas a la cantidad que se solicitaba en el PUA.La financiación de los 198.431 millones de pesetas se desglosa, según el texto aprobado por el Gobierno, de la siguiente forma: 70.932 millones por el capítulo 6 del Presupuesto General (inversiones directas del Estado); 18.395 millones por el capítulo 7 del Presupuesto General (inversiones de organismos autónomos); 54.359 millones por inversiones de empresas públicas; 4.745 por inversiones de la Seguridad Social, y 50.000 a cargo del crédito oficial para financiar inversiones.

El Gobierno examinó también en esta reunión un informe presentado por el ministro adjunto para la Administración Pública en relación con la situación de los estudios y acciones encaminados a hacer efectiva, de forma gradual y continua, la reforma de la Administración.

«Las medidas y propósitos expuestos por el ministro adjunto para la Administración Pública», dice la referencia de lo tratado, «responden a un plan de mejora de la Administración en un triple frente que abarca acciones a corto y medio plazo relativas a la reforma de las estructuras orgánicas, a la fluidez y simplificación de las actuaciones y trámites administrativos y a la ordenación y racionalización de aspectos diversos de la función pública.

Asimismo, en la reunión fueron analizados varios informes, entre ellos uno de política exterior, presentado por el ministro de Asuntos Exteriores, otro relativo a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre supuesto que afecta a un miembro del Parlamento autónomo del País Vasco (en relación con el caso Picabea), presentado por el ministro de Justicia, un tercero relativo a la tramitación parlamentaria de la ley de Presupuestos, y un último relacionado con el proceso autonómico.

El Consejo acordó autorizar, a petición del ministro de Educación, la firma de convenios con corporaciones locales.