La destrucción urbanistica de Granada, a examen

La ciudad, declarada toda ella conjunto histórico-artístico en 1929, viene sufriendo más de cincuenta años de destrozos y una remodelación y expansión calificadas de modelo negativo por el Consejo de Europa, dado que los grupos de presión han conseguido obstaculizar la normativa complementaria que la protegería con efectividad. Los intereses especulativos, que habían condicionado ya la apertura de la, Gran Vía a principios del siglo pasado, a costa de varios monumentos y de la trama de la antigua judería, han aumentado su esfera de acción en los últimos veinte años.El Plan de Alineaciones de 1951, apenas preocupado por la memoria histórica de los barrios, con su historicismo geometrizante y sus elásticas ordenanzas, que permitió la anarquía constructora en sus veinte años de vigencia, ha dado paso al Plan General de Ordenación Urbana de la Comarca de Granada, vigente desde 1973. Este, aparecido con quince años de retraso (la ley del Suelo de 1956 mandaba que se redactaran los planes generales en un plazo máximo de dos años), se caracteriza por su pretencioso desarrollismo, su falta de integración con la orografía y la historia de Granada, sus graves fallos técnicos ilegibilidad de los planos tramados, vacíos y contradicciones; la catedral, por ejemplo, aparece como suelo edificable), y su falta de criterios urbanísticos, a la vez que por unas ordenanzas abstractas que propician la especulación. El plan requiere un desarrollo en doce zonas, con planes especiales o parciales costosos, cuya lentísima entrada en vigor ha reducido la oferta de solares y aumentado la presión sobre el casco histórico.

A estas alturas el planeamiento sólo se ha aprobado definitivamente en los siguientes casos: planes parciales Oeste, Sur, G-12 y Cartuja; y, en lo que atañe al centro histórico, San Lázaro y San Matías. Otras dos importantes actuaciones en el corazón ce Granada han quedado inutilizadas por falta de eficiencia municipal: el plan especial del Albaicín, y el catálogo de usos y edificios de interés. La historia de este último es la siguiente: en el pleno del 13-4-1978, el anterior Ayuntamiento acordó la redacción de un plan especial para la conservación y protección del patrimonio urbanístico de la ciudad de Granada, que aseguraría, mediante un catálogo de usos y edificios de interés, la salvaguardia de todas las zonas del casco no afectadas por planes especiales. La oficina de urbanismo lo elaboró con rapidez, siendo aprobado inicialmente el 12-1-19-79; pero su tramitación no se consumó, por lo que ha quedado sin efecto el 12-1-1980, según el artículo 27.2 de la ley del Suelo.

Campaña demagógica

En el caso del Albaicín ha sucedido algo similar: cuenta con las aprobaciones inicial (1976) y provisional (1978), pero, falto de la definitiva, quedó sin vigencia el 13-4-1979, según el artículo 27.3. La oposición que despertó, con una campaña demagógica orquestada por los especuladores, se debía fundamentalmente a su carácter progresista, que pretendía mantener su identidad como barrio frente a la pretensión de destinarlo a cármenes artificiales para residencia de una elite. Los planes de San Lázaro y San Matías revelan, por su parte, la distinta fortuna de dos núcleos del casco histórico: habiéndose decretado su desaparición en aras del «desarrollo» (ambos albergaban una población modesta y envejecida, un régimen de alquiler que perjudicaba a los propietarios), San Lorenzo se destruye para dar paso a los «rascacielos», mientras en San Matías se impide la continuación de la Gran Vía, y se asegura su restauración. Por último, el plan especial San Jerónimo, que afecta a una zona monumental barroca rodeada de antigua trama urbana, ni siquiera ha iniciado su tramitación, mientras se inunda de bloques con diseño y altura discordantes (en relación con este tema, se podría acusar a la Universidad de Granada de no haber aprovechado al máximo la revitalización de edificios nobles, en vez de extenderse hacia dos campus exteriores, con criterios muy discutibles).

En conclusión, el marco legislativo que permite el destrozo de la identidad urbanística de Granada debe ser urgentemente revisado. A corto plazo, por medio del plan especial y su catálogo antes citados, que aseguren los edificios de interés del centro histórico, a la vez que por la aprobación definitiva (y consecuente gestión eficaz) de los planes del Albaicín, San Jerónimo y San Matías. A medio plazo, por la revisión del plan general que afecta a las zonas de expansión y a veintitrés pueblos de la comarca, con su vega amenazada por la anárquica construcción de chalés y de empresas como la Central Lechera y el Hipermercado, y por el proyecto de red arterial, de un desarrollismo pretencioso y hoy aún más inadecuado. Pero si durante el régimen anterior el control ciudadano sobre las actuaciones urbanísticas era casi imposible, la falta de criterios y de actuación firme y eficaz del actual Ayuntamiento democrático se hace preocupante. Es cierto que su gestión está muy condicionada por la peculiar distribución entre cuatro partidos que a veces se neutralizan y dañan mutuamente (en la lucha con el Hipermercado, éste salió victorioso); es evidente que la política de la Administración central y del partido en el poder agrava su carencia de medios económicos y que la Diputación Provincial intenta arrebatarle competencias de planeamiento; sin embargo, en el último año y medio ha faltado también una alternativa clara y firme de izquierda. No se han tramitado el plan especial y su catálogo, ni se ponen en vigor otros planes parciales ya aprobados; no se impulsa debidamente la oficina de urbanismo, ni se aprovechan, al parecer, ciertos créditos del MOPU. Sólo una renovada participación ciudadana puede alertar y sacar del atolladero a unos políticos elegidos con tanta esperanza.