Se acentúa el deterioro de las relaciones Iglesia-Estado en Italia

Más que del debate sobre la confianza al nuevo Gobierno del democristiano Arnaldo Forlani, que empieza hoy en el Senado italiano, los partidos se están ocupando de la polvareda levantada en el Parlamento por el secretario general socialista, Bettino Craxi, sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

Craxi había acusado al Vaticano, al episcopado italiano y hasta al mismo papa Wojtyla, de injerencias en las cuestiones del Estado. Y el nudo del problema es la campaña contra la ley del aborto y el haber pedido el Papa reiteradamente a los católicos que se empeñen, incluso jurídicamente, para combatir la ley.Es la primera vez en la historia italiana que se plantea con tanta tensión a nivel político el problema «Estado-Iglesia» y el Vaticano ha respondido inmediatamente a Craxi con un editorial en el Observatore Romano en el que se habla de «arcaico integralismo laicista» y se acusa al líder socialista de «poner en discusión el derecho de los ciudadanos católicos de expresarse y el deber de la Iglesia y de los creyentes de defender, en conformidad con la doctrina cristiana, el valor absoluto y fundamental de la vida humana».

Para el nuevo presidente Forlani y para su partido, la Democracia Cristiana, la intervención de Craxi es muy grave, porque en el mismo momento en el cual el partido de Moro estaba contento de haber recuperado a los socialistas para el Gobierno, ha comprendido que entre ellos y el partido de Craxi existen profundas diferencias que podrían poner en peligro el nuevo Gabinete dentro de nada.

Probable revisión del Concordato

Los republicanos y socialdemócratas están haciendo todo lo posible para no dramatizar el asunto; pero han tenido que reconocer, como partidos laicos, que ha llegado el momento de plantearse a fondo el problema de la revisión del Concordato, que ha visto ya cinco proyectos y aún no se ha llegado a un acuerdo.Tanto los republicanos como los socialdemócratas plantean al tema de «la necesidad de los límites que la autoridad eclesiástica tiene el deber de autoimponerse cuando están en juego leyes aprobadas por el Parlamento italiano».