El proyecto de ley de Presupuestos incumple los principales objetivos del PEG, según los socialistas

El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado incumple los dos primeros objetivos del programa económico del Gobierno, según fueron expuestos en el debate parlamentario de la cuestión de confianza: la lucha contra el paro y las inversiones destinadas a paliar el desempleo. Con estas palabras abrió Enrique Barón, responsable de los temas de Hacienda del grupo parlamentario del PSOE, una conferencia de Prensa sobre las enmiendas socialistas al proyecto de Presupuestos para 1981.

Enrique Barón, que se encontraba acompañado por los dirigentes socialistas Carmen García Bloise, Francisco Ramos y Baltasar Aymerich, insistió en que el proyecto de ley no especifica ni cifra cómo se va a llevar a cabo la lucha contra el paro. «Los socialistas proponemos, para conseguir que el paro no aumente en 1981, la creación de un fondo de inversión urgente de lucha contra el desempleo, de un importe de 200.000 millones de pesetas, que se distribuiría fundamentalmente en Obras Públicas y Vivienda (68.955 millones), Industria y Energía (30.000), Agricultura (16.157), Transportes y Comunicaciones (14.839), Sanidad y Seguridad Social (16.348) y fondos de inversión para corporaciones locales (33.309)».La creación de este fondo se propone en una enmienda socialista al artículo 19 del citado proyecto de ley. Los dirigentes del PSOE destacaron la necesidad de proponer objetivos de crecimiento más ambiciosos para poder luchar contra el paro. «Según nuestros estudios», dijo Enrique Barón, «el producto interior bruto debería crecer entre un 3,5% y un 4%, para poder llevar a cabo una política valiente en contra del desempleo». Y para ello hay que incentivar los sectores industriales y de servicios (la agricultura se ha venido comportando bien en los últimos años), y muy especialmente la construcción de viviendas, los sectores en crisis y aquellos que más arrastran la demanda».

Una financiación no inflacionista

En cuanto a la financiación presupuestaria, los socialistas dijeron que no debe ser inflacionista, como propone el Gobierno (sobre todo, a través del aumento del impuesto de tráfico de empresas). El PSOE propone que no se incremente este impuesto «y se opone a que se discriminen más las rentas de trabajo en el impuesto sobre la renta, proponiendo aumentar el coeficiente multiplicador para matrimonio al 1,5, y la eliminación del tipo de concurrencia del 55% acumulado en renta-patrimonio, así como un tratamiento más justo de la renta de los pensionistas».La infravaloración de los ingresos fiscales, según el PSOE, ha quedado ya demostrada este año. «Por otra parte, el aumento del déficit se financiará con una mayor emisión de deuda interior (48.000 millones) y exterior (30.000 millones), siendo el resto apelación al Tesoro».

Se refirió también Enrique Barón a la oposición socialista a los artículos 36 (enajenación de viviendas), 37 (plusvalías) y 38 (sociedades no cotizadas en Bolsa) del proyecto de ley, por estimar su partido que caen en la inconstitucionalidad. No obstante, el dirigente socialista matizó que se oponen a algunos puntos de la redacción de estos artículos y que el proyecto de Presupuestos no debe servir para modificar leyes soterradamente. Parece ser que en estos puntos había dos criterios no coincidentes, según pudo saber EL PAIS, mantenidos por Enrique Barón y por Ernest Lluch, habiendo prosperado el de este último.

Descentralización de las inversiones

Los socialistas señalan también que en el proyecto de ley falta una descentralización de inversiones (proponen una política activa de transferencias a ayuntamientos y diputaciones) y una planificación regional (deben incluirse los planes de urgencia de Andalucía, Canarias y Extremadura) y sectorial.Con respecto al gasto corriente, los socialistas critican los topes de incremento de retribuciones para funcionarios y empresas públicas propuestas en los Presupuestos. El incremento salarial de los funcionarios debe ser del 15%, y en las empresas públicas debe haber negociación colectiva. Francisco Ramos expuso este tema y explicó la tesis de su partido sobre una reestructuración de las percepciones del funcionariado (la mayor parte, retribución básica y un solo complemento por puesto de trabajo) y sobre la necesidad de favorecer a determinados colectivos cuyo poder adquisitivo ha resultado más erosionado en los últimos años.

Expusieron también ampliamente el tema de las incompatibilidades (que deben afectar también a los políticos), la necesidad de una dirección nueva e interina del Tribunal de Cuentas, la propuesta de que se cree un registro de intereses para los parlamentarios, y afirmaron que habían elaborado un presupuesto monetario y que la inflación en 1981 podría ser, con las modificaciones propuestas, del 15 %.

Respecto a la inversión privada, los socialistas afirmaron que el plan de lucha contra el paro de la CEOE es negociable en muchos puntos, y dijeron que había que concluir acuerdos sobre productividad. Asimismo, para financiar la inversión privada, los socialistas han propuesto la creación de una sociedad mixta, con mayoría de capital público, para que instrumentalice el denominado segundo aval a las sociedades de garantía recíproca. El segundo aval es un instrumento decisivo para facilitar la financiación a las pequeñas y medianas empresas.