El Gobierno de Bonn rechaza el plan comunitario para la industria sidedúrgica europea

El Gobierno de la República Federal de Alemania decidió ayer, en Consejo de Ministros, rechazar el plan de crisis manifiesta en estudio para la industria europea del acero, y ha solicitado nuevamente que se convoque para el sábado el Consejo de Ministros de la CEE. La decisión de Bonn parece obedecer a la decepción del Gobierno federal tras recibir, en la tarde del martes, una respuesta de la Comisión Europea a la pregunta alemana sobre modalidades de aplicación del criterio que representa el comisario de la Comunidad para la Industria, Etienne Davignon.

Al parecer, la RFA insistía en su demanda en que la fijación de cuotas máximas permitidas de producción de acero tuviese en cuenta la peculiar situación de este sector en la República occidental.Aunque se desconoce el contenido de la respuesta comunitaria, en Bonn se ha confirmado que no ha satisfecho a los alemanes, que siguen defendiendo el criterio de reducción voluntaria por los consorcios del ramo. Apenas concluido ayer el Consejo de Ministros en la capital occidental, el ministro de Economía, conde, Lambsdorff, emprendió viaje a París y Londres, con el objetivo de ganar para la posición alemana a los Gobiernos francés y británico.

Sin embargo, ayer tarde se dudaba aquí de que esta vuelta a Europa en seis horas terminase con un resultado positivo para el ministro. Para la fecha de ayer estaba prevista la puesta en marcha del plan Davignon, basado en el temido artículo 58 del tratado de las Comunidades Europeas, conocido como el martillo, y en el que se prevé la situación de crisis manifiesta en el sector del carbón y el acero.

Los alemanes han anticipado ya que no harán uso del derecho de veto que les garantiza una resolución ministerial de 1966, adoptada en función de la defensa de intereses nacionales especialmente sensibles. Pero también han hecho constar que los otros ocho países de la CEE deberían apreciar el esfuerzo que supuso la semana pasada el conseguir que las empresas siderúrgicas alemanas se aviniesen a aceptar un sistema de control de carácter voluntario.

Contexto político de la crisis

La difícil posición alemana en este conflicto, en el que la RFA juega el papel del solitario, se mantiene, pues, en los términos de una opción con un evidente contexto político: Bonn debe elegir entre mostrar solidaridad con los demás países comunitarios y, al menos, no torpedear en bloque la solución de Etienne Davignon, o proteger a la propia industria siderúrgica ante la competencia de las demás.

Pero aquí radica un nuevo problema: los alemanes no quieren reincidir ni en la solución de las nacionalizaciones del sector acerero (y en los sectores del carbón y el acero cunden ahora rumores de nacionalización parcial) ni en un aumento masivo de las subvenciones. Bonn atribuye a los demás países, sobre todo a Italia, el mantener artificialmente la competitividad entre las empresas mediante generosas dotaciones económicas oficiales, lo que, unido al criterio Davignon podría producir, por ejemplo, que Bélgica se encontrase ahora en condiciones de elevar su nivel de producción actual, mientras que la RFA debería reducirla en un 13%.

La dificultad de una solución se acentúa si se tiene en cuenta que los grandes consorcios alemanes aceptan el criterio de reducción voluntaria de la producción, pero se niegan a reincorporarse, por ahora, al Eurofer, cartel de crisis que desde 1976 engloba a las doce empresas europeas más importantes que han aceptado coordinar sus planes de producción. Desde mitad del año actual, tal gremio es considerado por los alemanes como inoperante: «Ahora lo que domina es la lucha sin piedad por el volumen de producción, por los clientes y los precios», según el presidente de Hoesch, Detlev Karsten Rohwedder.

Frente a la posición de las empresas y ante la resistencia lógica del Gobierno a recurrir a las subvenciones y nacionalizaciones en el sector, Bonn ha preferido intentar una vez más convencer a sus competidores de la propia CEE. Las empresas, anticipan que la falta de una solución significará el despido de unos 40.000 trabajadores. Por añadidura, a nivel empresarial se acentúa una cierta decepción respecto de la comunidad: «Queremos», ha dicho el representante de la asociación de empresarios del sector, Koehler, «que sean los propios empresarios, y no los burócratas de Bruselas, quienes adopten las decisiones».

Esta sería también la solución ideal para el ministro Lambsdorff, liberal conservador; pero, en cambio, éste teme algo muy distinto. El ministro se ha irritado, al parecer, con el supuesto de que Bruselas pudiese enviar controladores a las distintas empresas acereras con el fin de controlar el cumplimiento del plan de crisis.

La situación precipita una crisis de conciencia liberal en el conde Lambsdorff, y otra de conciencia social en el sector socialdemócrata del Gobierno, y ello tres días antes de que comiencen las conversaciones formales para la formación del nuevo Gobierno alemán.